JxCat quiere que el Parlament decida sobre la suspensión, pero ERC duda
Independentistas y comunes rechazan la decisión de Llarena y buscan alternativas
La decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de suspender los derechos políticos de Carles Puigdemont y otros cinco diputados ha sacudido al Parlament. La Cámara catalana afronta una vez más un escenario incierto por lo insólito de la situación –no existen precedentes– y porque pone a los grupos independentistas en una difícil tesitura. O acatan las condiciones del Supremo o desobedecen, con lo que se arriesgan a posibles consecuencias penales. El auto también pone en peligro la débil mayoría parlamentaria del bloque soberanista.
Ante esta circunstancia, JxCat y ERC estudian fórmulas que les permitan reivindicar los derechos políticos de los diputados suspendidos sin que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ni los otros miembros soberanistas de la Mesa afronten problemas con la justicia. Las posiciones de partida difieren, y los grupos de Govern intentan pactar una estrategia conjunta.
JxCat sostiene que el Parlament es soberano y que un juez no le puede decir qué pueden hacer los diputados escogidos en las urnas, como defendió ayer la portavoz adjunta del grupo, Gemma Geis. La formación mantiene que es el pleno el que ha de votar y decidir si Puigdemont, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras y Raül Romeva deben mantener su acta y sus funciones o no. La idea inicial es llevar esta petición a la Mesa y la Junta de Portavoces de mañana para que la tramiten y la incluyan en el orden del día de un futuro pleno. Antes, la comisión del Estatuto del Diputado debería emitir un dictamen que se elevaría al pleno y que se sometería a votación, con el previsible resultado de rechazar la suspensión de los diputados ordenada por el Supremo, explican desde JxCat.
“Para nosotros prevalece la soberanía del Parlament y la suspensión la tiene que decidir el pleno, porque el pleno del Parlament es soberano”, insistió Geis. “No pediremos a los diputados que renuncien al acta”, añadió.
ERC se mostró algo más prudente y pidió “tiempo” para analizar en profundidad el auto emitido por el juez Llarena. “Defenderemos los derechos políticos de nuestros diputados; nadie debería poder suspender a un representante democrático de la ciudadanía que ha sido elegido en las urnas”, señaló la portavoz del grupo republicano, Anna Caula. Desde el partido insistían ayer en que la decisión de dar la última palabra al pleno previo acuerdo de la Mesa aún no era “definitiva” y que se estaban estudiando distintas alternativas para proteger a los diputados a los que el juez ha suspendido.
La estrategia planteada en un principio por JxCat coincide con la de la CUP. Si bien este subgrupo no forma parte de la Mesa, sí exige que el órgano rector de la Cámara “defienda los derechos” de estos seis diputados y que sea el pleno el que se pronuncie sobre su futuro, explicó la diputada anticapitalista Maria Sirvent. Como ya ocurrió con la po- lémica moción aprobada la semana pasada por los grupos independentistas, en la que se volvía a reivindicar la declaración de ruptura del 2015 anulada por el Constitucional, los discursos de JxCat y la CUP, más contundentes, se alinean, mientras que los republicanos marcan perfil propio, si bien intentan mantener la unidad de acción.
Por su parte, Catalunya en Comú censuró también la decisión del juez, pero esperará a que los grupos de Govern aclaren su estrategia para decidir si la apoyan o no.
El reglamento del Parlament prevé que un diputado pueda ser suspendido indefinidamente de sus funciones si hay un acto de procesamiento firme o de apertura de juicio oral y el pleno lo acuerda por mayoría absoluta. Pero la ley de Enjuiciamiento recoge que el procesado por delito de rebelión, como es el caso, debe quedar suspendido como cargo público mientras esté sujeto a una orden de encarcelamiento. A ello se añade el hecho de que el auto del juez Llarena ha buscado una vía intermedia inédita: propone que la suspensión sea temporal, hasta la sentencia o hasta un cambio en la calificación. Entre tanto y para que la mayoría no se altere, propone que la lista corra y los diputados suspendidos sean sustituidos.
Los grupos de Govern interpretan este mecanismo, que no está previsto en la ley electoral, como un invento de Llarena para cubrirse las espaldas y que no le acusen de modificar los resultados de las elecciones
Torrent acusa al juez del Supremo de querer “adulterar” las mayorías parlamentarias
Los soberanistas califican de despropósito la idea de sustituir a los diputados temporalmente
por vía judicial. “Nosotros no entraremos en este despropósito”, zanjó la portavoz de JxCat.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, de viaje en Canadá para participar en la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía celebrada en Quebec, se opuso a la decisión del juez y aseguró que la Mesa analizará el contenido del auto “a través de los mecanismos que tiene el propio Parlament para actuar en casos como este”. Torrent también acusó al juez de querer “adulterar” las mayorías parlamentarias.
Si los seis diputados pierden su derecho a voto, JxCat y ERC se quedarán con 59 diputados –Toni Comín tampoco vota–, lo que sumado a los cuatro de la CUP queda por debajo de la mayoría –68 parlamentarios–.