Críticas por el olvido de los toxicómanos de Drassanes
La oposición asegura que la situación del descampado manifiesta el fracaso de las políticas sociales de Colau
La mayoría de las fuerzas de la oposición denunció ayer el abandono de la veintena de toxicómanos que desde hace meses malviven en el descampado de las Drassanes donde estaba prevista la construcción del hotel Praktik. Según PDECat, Ciudadanos, ERC, PSC y PP, la situación de este solar cuestiona las políticas sociales del gobierno de la alcaldesa Ada Colau destinadas a frenar la proliferación de asentamientos en Barcelona. Y es que la cifra de inquilinos de estos campamentos no cesa de crecer. Si bien en el anterior mandato llegaron a sumar 384, a finales del año pasado alcanzaron los 481. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, repuso que estas observaciones responden a intereses electorales, que muchos de los partidos que critican su gestión no muestran tanta preocupación por los más vulnerables cuando ostentan responsabilidades de gobierno, que las soluciones pasan por reformas como la de la ley de Extranjería.
En esta ocasión, en el marco de la comisión municipal de Derechos Sociales, ayer, los concejales no quisieron subrayar que el empecinamiento del gobierno de Colau a fin de impedir la construcción del hotel Praktik puede costarle a la ciudad una indemnización de más de 70 millones de euros, ni que la principal medida del Consistorio para impedir la degradación del solar de las Drassanes consistió en instalar hace años varias mesas de ping pong. Esta vez la oposición puso el acento en que el gobierno municipal no está ofreciendo ayuda efectiva a los inquilinos del descampado. Según los ediles, enviarles guardias urbanos, brigadas de limpieza y algún trabajador social para decirles que se tienen que marchar de ahí, tirar sus colchones al camión de la basura y recordarles que muy cerca tienen un centro de atención a drogodependencias manifesta la falta de reacción del Ayuntamiento ante las emergencias sociales.
“En nuestras calles hay cada día más pobreza –lamentó la demócrata Maite Fandos–. La realidad les supera. Lo demuestra la aparición de este narcocampamento. Nosotros terminamos el mandato con 384 personas en asentamientos, y su último dato habla de 481”. “El mandato termina y ustedes siguen en la fase de diagnosis –terció Marilen Barceló, de Cs–; ¿no se imaginaban que si cerraban narcopisos aparecerían narcocampamentos? ¿Creían que las personas que vivían allí desaparecerían? ¿Piensan hacer algo en este solar?”. “Esa gente vive bajo un inmueble que el propietario quiere derruir por ruinoso –añadió la republicana Montse Benedí–. Su trabajo es insuficiente”. “Ahora hay más gente en asentamientos que en los noventa–dijo Carmen Andrés, del PSC–. Este gobierno ni siquiera se gasta todo el dinero presupuestado”. “Ustedes llegaron como salvapatrias –lanzó Alberto Villagrasa, del PP–, pero la ciudad empeora. Ya no tienen tiempo de reacción”.
La teniente de alcalde Ortiz dijo que las últimas cifras de personas que viven en asentamientos son inferiores a las de hace un año y que los reproches de la oposición son electoralistas. Ortiz atacó sobre todo
El gobierno municipal responde que las críticas esconden intereses electoralistas
a Cs y PSC. “¿La solución es echar a los gitanos, como hizo Manuel Valls en París?”. Además, la teniente de alcalde señaló que las políticas socialistas para acabar con las barracas de los noventa fueron urbanísticas y no atendieron a las necesidades de los más necesitados.
La aspereza del debate no se rebajó en el siguiente punto del orden del día. Entonces parte de la oposición acusó al gobierno municipal de favorecer con su actitud el crecimiento de la ocupación ilegal de inmuebles. El edil de Vivienda, Josep Maria Montaner, quien apenas ofreció datos sobre el fenómeno, respondió a los grupos que le parecía injusto que metieran en el mismo saco a las mafias de la ocupación, los grupos antisistema y las familias en apuros, y luego les espetó que si tanto les preocupa esta cuestión, que apoyen leyes que faciliten el acceso a la vivienda.