Siete centrales de carbón dejan hoy de funcionar por criterios ambientales
Las compañías eléctricas esperan las autorizaciones definitivas del Gobierno
Los criterios medioambientales y económicos se van imponiendo en la política energética. Siete centrales de carbón de las 15 que siguen funcionando dejan hoy de estar operativas. Se trata de Compostilla II en León y Andorra en Teruel, ambas propiedad de Endesa; Velilla en Palencia de Iberdrola; Narcea en Asturias, La Robla en Léon y Meirama en A Coruña de Naturgy; y Puente Nuevo en Córdoba de Viesgo. Iberdrola tiene además solicitado el cierre de la central de Lada en Asturias, que también dejará de estar operativa, pero podrá seguir disponible hasta contar con la autorización de cierre del Gobierno, dado que cuenta con las técnicas necesarias para poder operar cumpliendo con los límites de emisión de la normativa europea.
Esas siete que se cierran, cuyas autorizaciones están solicitadas al Gobierno aunque este no ha remitido los informes definitivos, suman 5,1 gigavatios.
El resto se cerrarán entre los años 2021 y 2025, salvo las de EDP, compañía que ha fijado el calendario tope para echar el cerrojo a sus centrales de carbón en el año 2030. Las plantas que quedarían por cerrar a partir del próximo año son As Ponte en A Coruña, los grupos 3 y 4 de Alcudia en Mallorca y Litoral en Almería, las tres de Endesa, Los Barrios en Cádiz de Viesgo, así como Aboño y Soto de Ribera, ambas en Asturias y pertenecientes a EDP. También se contabiliza la Pereda en Asturias, perteneciente a EDP, pero apenas usa carbón, sino que opera con biomasa. Esas siete que siguen funcionando con carbón suman 4,7 gigavatios.
“Estos cierres responden a que concluye el periodo de vigencia del Plan Nacional Transitorio (PNT), un mecanismo de excepción recogido en la Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea”, explica Carlota Ruiz Bautista, abogada ambiental del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (Iidma).
Esta experta dice que “es muy difícil calcular cuánta gente trabaja en las siete que pasan a estar indisponibles hasta que llegue la autorización definitiva del Ejecutivo de Pedro Sánchez porque muchas cuentan con personal externalizado”. Otras fuentes hablan de que podrían sumar unos 1.100 puestos de trabajo.
La mayor parte de ellas empezaron a operar con carbón autóctono y poco a poco han ido dependiendo de las importaciones.
La normativa europea recogía que para que siguiesen operando tenían que hacerse ciertas inversiones para que contaminasen menos y al final las empresas han optado por el desmantelamiento. Además de esos criterios económicos, las grandes empresas están apostando por las energías limpias y el carbón es de la materia prima que más contamina. A ello hay que sumar los precios del mercado energético (el CO2 está muy alto y los precios de gas muy bajos); así como las propias decisiones empresariales que tienen que mandar señales de que ya no les interesa invertir en plantas que contaminan. Y, por último, el reclamo social en la lucha contra el cambio climático es otro factor que cada vez está tomando más fuerza.
Fuentes oficiales del Ministerio de Transición Ecológica, que capitanea Teresa Ribera, explican que “las resoluciones de cierre definitivo están a punto de caer, pero se trata de expedientes amplios cuyos procesos de validar son largos”. Estas resoluciones no tienen que recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, sino que al ser informes muy técnicos irán directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los desmantelamientos pueden llevar entre 3,5 y 6 años. Poco a poco, se irán firmando los convenios de transición justa para ver qué se hace en las zonas afectadas y reactivar el empleo.