Demandan por multas con cámaras de autobuses escolares
D– En una demanda se asegura que los gobiernos de dos ciudades texanas están utilizando ilegalmente cámaras a efecto de multar a los automovilistas acusados de ignorar los altos que se extienden desde los autobuses escolares cuando los estudiantes suben y bajan de los vehículos, argumentado que, entre otras cosas, la Legislatura estatal no ha autorizado a los gobiernos locales a tomar dicha medida.
“No puedo creer que los ayuntamiento elijan esta vía y gasten el dinero de los contribuyentes en estos sistemas, y estos sistemas son muy caros y tienen muchos focos rojos”, dijo LeDouglas Johnson, el abogado que interpuso el mes pasado la demanda en el condado Dallas.
Señalando que las leyes estatales ya estipulan que ignorar la señal de alto de un autobús escolar es un delito penal, en la demanda se alega que Dallas y Carrollton “tomaron una conducta que es un delito” y “diseñaron una sanción civil en su intento por transformarlo en asunto civil”.
En la demanda se indica que las autoridades locales no pueden establecer sin autorización un estatuto que entre en conflicto con las leyes estatales, añadiendo que el estatuto viola los derechos que garantiza la Constitución de Texas. Sin embargo, algunos abogados consideran que dichos estatutos no entran en conflicto con la ley estatal y que las garantías de dichos derechos constitucionales no se aplican a las sanciones civiles.
La demanda se presentó a nombre de cinco automovilistas, pidiéndose que sea considerada colectiva a nombre de todos los que han sido multados desde que Dallas y Carollton instituyeron los estatutos en el 2012 y el 2014, respectivamente. La demanda se fincó contra los dos gobiernos municipales y Escuelas del Condado Dallas, la instancia gubernamental a cargo de los programas de multas en esas ciudades y 13 más alrededor de Texas.
En Dallas y Carrollton se han entregado aproximadamente 110 mil multas, con valor de alrededor de 29 millones de dólares, de acuerdo con Escuelas del Condado Dallas.
Johnson señaló que un fallo a favor de sus clientes podría causar que otras ciudades texanas abando- nen dichos programas por temor a las demandas.
En la demanda se manifiesta que, desde el 2007, no se han aprobado cuatro iniciativas propuestas en la Legislatura en busca de otorgar a las autoridades locales autorización para dar multas civiles por dichas infracciones. La ley estatal contempla que rebasar a un autobús escolar que tenga la señal del alto extendido constituye un delito menor sancionable con multa de entre 500 y mil 250 dólares.
Mick McKamie, representante legal de Amarillo y Alpine, ninguna de las cuales cuentan con dichas estipulaciones, señaló que las leyes estatales no prohíben a los gobiernos locales emitir tales multas civiles. Considera que los demandantes tienen “un alta cuesta qué subir” al presentar su argumento sobre la presencia de un conflicto.
En la demanda se sostiene asimismo que las estipulaciones violan varios derechos constitucionales, incluyendo el derecho a un proceso justo y el derecho contra la autoincriminación al suponer que iba al volante el propietario registrado. Pero McKamie dijo no haber garantía de un juicio con jurado por diligencias civiles y que el derecho de autoincriminación sólo se aplica a asuntos penales donde sea posible la cárcel.
Melissa Hamilton, académica visitante en derecho penal en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston, opinó que el propósito de la demanda es argumentar que las violaciones “solamente son civiles de nombre”.
“Tendrán que convencer al juez de que una falta civil es similar a una penal, pero no lo es en realidad”, dijo.
Pero el abogado Russell Bowman cree que la demanda es meritoria. Este verano un juez falló a favor de Bowman en una querella sobre una multa por pasarse un semáforo en rojo que la habían dado en Richardson, un suburbio de Dallas. Y Bowman apunta que en la demanda de Johnson se alegan las mismas violaciones constitucionales que él hizo.
“Esos estatutos acerca de las multas con las cámaras de los autobuses escolares presentan los mismos problemas constitucionales que surgieron en mi caso y luego existe el problema aun mayor de la falta de ley estatal que siquiera permita hacer eso al gobierno de la ciudad”, dijo Bowman.
El juez determinó que Bowman no estaba sujeto a la multa y ordenó a Richardson pagarle 27 mil 500 dólares por honorarios legales. El gobierno municipal está apelando.
El presidente de la mesa directiva de Escuelas del Condado Dallas, Larry Duncan, dijo no poder hacer comentarios mientras continúe el litigio. Pero añadió que los programas de multas por el camión escolar incrementan la seguridad, señalando que desde el primero hasta el tercer año del programa en Dallas, las infracciones descendieron 37 por ciento.
Funcionarios de Carrollton rehusaron hacer comentarios, diciendo no merecer la demanda. Los funcionarios de Dallas no respondieron a la solicitud de comentarios.
Charlie Hood, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores Estatales de Servicios de Transporte de Alumnos, consideró que las multas se cuentan entre las herramientas que contribuyen a prevenir las violaciones al alto de los autobuses escolares. Hood agregó que otra es capacitar a los choferes de camión de manera que haya menos posibilidades de que los rebasen ilegalmente.
Pero se trata de un tema complejo, dijo Hood. El “mensaje principal” es que dichas multas “tienen valor pero implican mucho más que eso”, dijo.
los automovilistas son infraccionados por ignorar los señalamientos de 'alto' en los camiones