Consecuencias del fin del TPS para salvadoreños
DE REGRESO: miles serían enviados a un país que no está preparado para absorber a una oleada de migrantes.
Hugo Castro creía que era un joven con suerte: cuando tenía 17 años dejó El Salvador para estudiar en Estados Unidos, pero tres décadas después fue deportado y obligado a rehacer su vida en un país que ya no reconocía.
Tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de suspender el beneficio migratorio que permite a 195.000 salvadoreños residir en ese país de manera temporal, miles podrían enfrentar el mismo destino que Castro y ser enviados de vuelta a un país no sólo es casi desconocido para muchos de ellos, sino que, para algunos, no está preparado para absorber a una oleada de migrantes.
“El principal problema que pasan los deportados es que nos invisibilizan, nos rechazan; no hay trabajo, no nos ayudan”, dice Castro, quien fue deportado en 2015.
La Secretaría de Seguridad Nacional informó el lunes que los salvadoreños protegidos bajo el estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, tendrán hasta septiembre de 2019 para dejar el país o ajustar su estatus legal. El número de personas protegidas es apenas una parte de los dos millones de salvadoreños que se estima residen actualmente en Estados Unidos.
El TPS, que se aplica a otros países también, fue creado por Estados Unidos para ayudar a extranjeros afectados por desastres naturales u otros problemas. Algunos salvadoreños lo recibieron después del terremoto de 2001 que mató a más de 1.000 personas. Miles más huyeron de la violencia de las pandillas, aunque no fueron considerados para beneficiarse de ese estatus.
El anuncio del gobierno del presidente Donald Trump también trajo temores de que El Salvador podría perder una importante fuente de ingresos, a través de las remesas que envían desde Estados Unidos, además de que muchas familias podrían quedar separadas. Algunos, sin embargo, creen que los salvadoreños que tienen años de vivir en el exterior podrían traer su experiencia al país y apuntalar inversiones.
Castro es uno de quienes temen que la llegada de esos salvadoreños protegidos hasta ahora por el TPS podría ser complicada, tanto en términos personales como para el país. Y usa su propio caso como ejemplo.
Castro se fue a estudiar a una universidad de Atlanta, Georgia, donde vivía con todas las comodidades, pero su padre, un próspero dueño de fincas de café, perdió todo en un embargo y no pudo seguir ayudándole. “Trabajé en un club de campo, en una librería, en una empresa de publicidad y fui manager de un restaurante de comida mexicana”, recordó.
Al llegar a Estados Unidos inició trámites para poder vivir legalmente. Su tarjeta de seguro social y licencia de conducir le sirvieron para vivir sin problemas por 31 años.
Sin embargo, todo cambio en 2004, cuando vivía en Houston y durante una reunión con compañeros de trabajo, la policía llegó alegando que había recibido denuncias de vecinos y descubrió que tenían cocaína. Nadie aceptó ser dueño de la droga y la policía responsabilizó a Castro y lo llevó a la cárcel, por lo que su expediente quedó con antecedentes delictivos. Castro tenía que presentarse ante un juez de inmigración, pero nunca lo hizo y trató de seguir su vida de manera normal. Incluso ahora, él niega que la droga fuera suya.
El incidente parecía haber quedado en el olvido, pero la policía lo detuvo en 2015 y fue a parar a un Centro de Detención de Houston, donde luchó para no ser deportado. No obstante, el 28 de agosto de ese año volvió a El Salvador.
“El regreso fue traumático. Tenía 31 años de no venir a mi país”, dice el hombre, que después de enfrentar el rechazo de sus conocidos ahora ve la vida con más optimismo. “Fue un shock cultural bien fuerte”, agrega.
Los tres primeros meses después de su regreso fueron terribles, dice. “Yo estaba destrozado, y sufro de depresión”, agregó.
“No me encontraba en este país. Me dijeron que tenía que buscar trabajo. ‘Vos hablas inglés. Anda a los ‘call center’, me dijeron. Fui, pero me rechazaron por ser deportado y tener récord criminal”, cuenta.
Muchas faltas leves como infracciones de tránsito son señaladas como delitos y así aparecen en sus fichas de repatriados.
Por ocho meses, Castro buscó alguien que le diera una mano. Su situación mejoró cuando recibió ayuda en el Instituto Salvadoreño del Migrante, donde ahora asesora a repatriados con información sobre servicios de salud y otros programas para tratar de reinsertarlos en la vida del país centroamericano.
Sin embargo, César Ríos, quien dirige ese instituto, cree que el regreso de miles de personas desde Estados Unidos pondría desencadenar en una crisis humanitaria en el país centroamericano.