Dictamen: Trump debe entregar fondos que retenía a ciudades santuario
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito federal otorgó este lunes una victoria para California y la protección de los inmigrantes.
En efecto, el tribunal declaró ilegal que la Administración retenga fondos que le corresponden a condados e instituciones estatales, que se niegan a hacer tareas de inmigración que le corresponden a los federales.
Se trata de programas en todo el estado que avanzaban iniciativas de justicia penal que favorecen a la comunidad y en los que el gobierno federal participa con una partida de 28.2 millones de dólares.
La administración Trump ha estado tratando de diversas maneras de obligar a las jurisdicciones estatales que colaboren en su política contra los inmigrantes.
Específicamente a partir de 2017, cuando intentó retener los fondos de la ciudad de San Francisco, después de que esta se declaró Ciudad Santuario en ese mismo año.
Las demandas de la secretaría de Justicia de Trump fueron tres: tener acceso a las cárceles para entrevistar a los reos acerca de su derecho a permanecer en Estados Unidos; que se les notifique por adelantado cuándo pondrían en libertad a los indocumentados encarcelados —para así interceptarlos a su salida y deportarlos— y certificar que acatan la ley federal que asegura que el gobierno federal reciba información migratoria de los gobiernos locales.
Específicamente, la Corte dictaminó que los programas de asistencia llamados Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, o Byrne JAG, deben ser financiados parcialmente por el gobierno y entregados a las jurisdicciones porque así lo determinó el Congreso, que es quien decide cuestiones de presupuestos.
Estos fondos, así llamados en honor a un policía de Nueva York que perdió la vida a manos de delincuentes, fue establecido en 2006 a nivel nacional.
“Nuestros tribunales han rechazado las tácticas ilegales y de mano dura del Presidente Trump para obligar a las comunidades a que hagan lo que él quiera. Por eso demandamos a la Administración para mantener nuestras comunidades seguras y protegidas”, dijo en un comunicado Xavier Becerra, el Fiscal General de California. “No íbamos a conceder los $28.3 millones que ganamos para hacer ese trabajo”, agregó.
Los fondos estaban congelados esperando la decisión judicial desde el año pasado, cuando el mismo Becerra la pidió de los tribunales.