DHS continuará separación de familias
El gobierno de Trump reconoció que eso ocurrirá cuando los padres sean sometidos a juicio migratorio
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) admitió que continuará una nueva práctica policial, iniciada informalmente la semana pasada, de iniciar juicio contra toda persona indocumentada detenida en la frontera, lo que resultará en la separación de niños de sus padres.
En declaraciones a este medio, un funcionario de alto rango del DHS, que pidió el anonimato, dijo que la Administración Trump inició la semana pasada el enjuiciamiento de personas que cruzan ilegalmente la frontera hacia EEUU, como forma de disuadir la inmigración ilegal.
“Esto comenzó la semana pasada… no hay política de separar a los niños en la frontera, pero estamos refiriendo a todos los que cruzan ilegalmente al Departamento de Justicia para su enjuiciamiento, lo que podría resultar en algunas separaciones de familias”, reconoció el funcionario.
Por órdenes del fiscal general, Jeff Sessions, el Departamento de Justicia presentó cargos criminales la semana pasada contra once inmigrantes que participaron en la caravana de inmigrantes que inició una caminata a lo largo de México el pasado 25 de marzo.
En el marco de una política de “cero tolerancia” contra la inmigración ilegal, Sessions ya había instruido a los fiscales en la frontera sur a que iniciara cargos criminales contra toda persona detenida en la zona, y ordenó el despliegue de más fiscales a la zona.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, se hico eco de las advertencias de Sessions, y señaló que las autoridades, siguiendo sus instrucciones incrementarán el traslado de casos a un procesamiento judicial contra los inmigrantes indocumentados bajo el artículo 8 del “Acta de Inmigración y Naturalización” (INA).
Criminalización de indocumentados
Con la nueva política, los padres que crucen ilegalmente con sus hijos menores entre los puertos de entrada al país correrán el riesgo de ser separados, y de inmediato afrontarán cargos criminales por ingreso o reingreso ilegal, dependiendo de su situación particular.
Hasta ahora, los agentes fronterizos podían mantener a las familias unidas enviándolas a un mismo centro de detenciones, o las devolvían al lado mexicano de la frontera.
Sin embargo, según explicó el funcionario del DHS, ahora los padres serán sometidos a un proceso judicial en un tribunal federal, y una vez completado ese proceso y el juez dé la orden de deportación, “los individuos serán devueltos a su país de origen”.
En cambio, sus niños menores serían transferidos a albergues a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), precisó.
Con el apego al debido proceso, las personas que presenten casos de asilo válidos podrán continuar sus casos ante el gobierno, agregó.
Si las personas expresan miedo de ser regresadas a su país natal, los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) los procesan para su entrevista con un oficial de asilo en la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
El funcionario trató de justificar la nueva práctica al destacar que en abril pasado, los agentes CBP arrestaron a más de 50,000 personas indocumentadas en la frontera, que marcó una triplicación desde abril de 2017.
La primera condena por un cruce ilegal es un delito menor que acarrea una sentencia máxima de 180 días en prisión y cualquier condena subsiguiente podría procesarse como un delito grave.
Una vez deportados, los inmigrantes indocumentados tienen prohibido entrar al país durante cinco años tras su primera deportación, 20 años por cualquier condena subsiguiente, y de forma indefinida si se trata de un delito con agravantes, dijo DHS.
Grupos cívicos y pro-inmigrantes en todo el país han condenado la práctica de separar a niños de sus padres en la frontera, y algunos, como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), han entablado demandas contra la Administración Trump.
Algunos activistas adelantaron a este diario que padres y niños inmigrantes realizarán una protesta hoy contra la nueva política durante una audiencia del Senado.