El Congreso, donde la sequía también le pega al agro
Hace ya tres años, la llegada de la coalición Cambiemos al Gobierno nacional contó con un marcado apoyo por parte del sector agroindustrial.
Si bien la elección presidencial se definió por el voto de las grandes urbes, el protagonismo que tuvieron las economías regionales fue determinante para la victoria de Mauricio Macri.
Ese apoyo fue interpretado, en forma inicial, como el puntapié que le permitiría al agro tener más influencia en el Congreso. Una expectativa que se renueva desde 2008, cuando se frenó la sanción de la resolución 125, pero que en la práctica no termina de concretarse.
En los últimos tres años, quedó al descubierto, una vez más, el escaso peso del sector en la labor legislativa.
De acuerdo con los datos del Directorio Legislativo y de la Fundación Barbechando, que desde 2008 realiza un seguimiento pormenorizado de los temas del agro en el Congreso, en ese lapso sólo fueron sancionadas seis leyes relacionadas con el campo. Sobre un total de 207 proyectos aprobados, sólo el tres por ciento tuvo incidencia directa en el sector.
En 2016, primer año de la actual gestión, el Poder Legislativo aprobó dos leyes con perfil agropecuario: la disposición final de los envases de fitosanitarios y la prohibición del uso de fosfina en el transporte de granos.
El año pasado, sobre un total de 75 leyes sancionadas por ambas Cámaras, sólo dos tuvieron competencia directa con la actividad primaria: las emergencias para los productores de peras y manzanas y para 11 provincias afectadas por las lluvias.
Este año, diputados y senadores sancionaron 36 proyectos de ley, la menor actividad legislativa desde el regreso de la democracia en 1983. Apenas dos fueron de incumbencia para el sector.
La corta lista comenzó con la aprobación del monotributo especial para pequeños productores de caña de azúcar y tabaco, y terminó con la prórroga a la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados, un proyecto que fue incluido en sesiones extraordinarias.
Más allá de la poca producción vinculada al agro, es para destacar la receptividad que encontraron este año en el Congreso algunos reclamos puntuales llevados a cabo por la dirigencia rural.
A partir de reuniones con legisladores, los productores lograron revertir posturas iniciales gestadas en el propio Poder Ejecutivo.
Así, lograron modificar la decisión de aprobar con la Ley de Presupuesto 2019 el establecimiento de una alícuota de hasta 33 por ciento de retenciones para cualquier producto exportable.
A partir de la resistencia planteada por los productores, el Congreso también mantuvo la exención del pago del Impuesto sobre los Bienes Personales a los inmuebles rurales cuyos propietarios fueran personas humanas o sucesiones indivisas.
Para 2019, el calendario electoral podría aquietar aún más la actividad en el Congreso, lo que representa un peligro para algunos proyectos relacionados con el sector. Uno de ellos es el vinculado a la actualización de la Ley de Warrants, cuyo contenido pierde estado parlamentario en febrero. El otro es el relacionado con la nueva ley de semillas, cuyo contenido obtuvo dictamen en comisión este año, durante las sesiones ordinarias. Los más optimistas auguran que su tratamiento podría ser en el primer semestre del año próximo.
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, DE LAS 207 LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO, SÓLO SEIS TUVIERON RELACIÓN DIRECTA CON EL AGRO.