Análisis La reforma laboral, en suspenso
La dinámica del año electoral limita el objetivo de Macri de avanzar con una modificación integral por la vía legislativa. Por eso, el Gobierno impulsa la revisión sectorial de los convenios para bajar el costo de las indemnizaciones, habilitar nuevas for
Desde que Mauricio Macri desembarcó en la Casa Rosada, la apuesta por avanzar en una ambiciosa reforma laboral se convirtió en uno de los principales desaf íos de su administración. Esa decisión se vio fortalecida en plena campaña electoral de 2017 al calor de los profundos cambios de la legislación laboral que sancionó el gobierno de Michel Temer en Brasil que, en la interpretación de la gestión Cambiemos, colocaban a la Argentina frente a la urgencia por ace- lerar propuestas de reformulación en materia de trabajo para no quedar rezagados en la carrera regional. Se configuró entonces un espacio de diálogo social tripartito que alumbró en tiempo record un proyecto de reforma bastante más limitado que el caso testigo impuesto por la reforma brasileña, pero que lograba por primera vez poner en discusión algunos aspectos clave del modelo normativo consagrado por la ley de Contrato de Trabajo. Pero la reacción inmediata del sindicalismo combativo encarnado en la figura de Hugo Moyano sacudió el consenso en torno a la iniciativa: en medio de incidentes y violencia el Congreso aprobó la polémica reforma previsional, pero los cambios laborales ni siquiera lograron hacer pie en el Senado. La crisis económica del año pasado fue el golpe de gracia para las pretensiones macristas de apurar un cambio en las reglas de juego del mundo del trabajo. El inicio del nuevo año parece ahora haber renovado el interés del Gobierno por insistir con la reforma laboral, a pesar de que el contexto político estructurado en torno al desaf ío electoral no parece el más permeable para ese objetivo. El propio Macri había anticipado ese propósito con el telón de fondo de la cumbre del G20 en Buenos Aires a principios de diciembre pasado. Apenas dos semanas después, al aprobar un nuevo desembolso de dólares para la Argentina, el staff del FMI fue contundente en su advertencia al Gobierno sobre la urgencia de avanzar en
los cambios laborales. El país necesita leyes “más equilibradas” en el mercado de trabajo para impulsar “la inversión y la productividad”, remarcó con claridad el organismo en su informe. Y apremió: “Dada la complejidad de estas reformas y la necesidad de establecer un amplio consenso social en torno a ellas, será importante comenzar pronto el trabajo técnico y preparatorio, con miras a enviar la legislación al Congreso”. Acto seguido, el Presidente ordenó a su ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, concentrar todos sus esfuerzos en la redacción de los proyectos al tiempo que él mismo asumió la tarea de preparar el terreno para la reforma desde el discurso público, enfrentando la resistencia de los sectores políticos y gremiales más críticos de los cambios. Pero ¿qué posibilidades concretas tiene el Gobierno de acelerar las modificaciones laborales que demanda el FMI cuando la dinámica política parece consagrada a la puja electoral? Pocas, muy pocas. En buena medida, sus chances dependen de la profundidad de los cambios que aspira a promover la Casa Rosada y, más aún, de la estrategia que configure para intentar ponerlos en marcha. Con el telón de fondo de la creciente presión empresaria que exige medidas que reduzcan los costos laborales de manera de garantizar el empleo en medio de la recesión y la escalada en el malestar sindical que, empapada del tufillo electoral, se declara decidida a bloquear cualquier cambio sobre el statu quo laboral, el Ejecutivo parece tener las manos bastante atadas.
Minirreformas por sector
Sica es consciente de esas limitaciones. Por eso en las últimas semanas su mayor esfuerzo se encaminó a la definición de la ingeniería política para avanzar en el objetivo que le ordenó Macri. “Nosotros queremos trabajar sobre bajar los costos extrasalariales y sobre las mejoras de competitividad. El trabajador tiene que entender que lo que estamos haciendo no es contra él sino a favor de él”, expuso públicamente al encarar la defensa de los planes de la Casa Rosada. Y no tuvo reparos en aceptar que el oficialismo equivocó el camino en los últimos tres años para intentar hacer realidad una reforma en el mundo del trabajo. Desde esa convicción, el funcionario que, tras la salida de Jorge Triaca hegemoniza la toma de decisiones en la cartera laboral, diseñó un plan de acción que tiene como definición central la decisión de sortear la intervención del Congreso en los aspectos más controvertidos de la reforma. En esa línea y, a diferencia de lo que ocurrió dos años atrás, el Ejecutivo solo someterá al debate parlamentario el proyecto de blanqueo laboral, una iniciativa que establece la exención en el pago de multas al empresario que regularice la situación de sus empleados y cuya letra chica ya cuenta con el consenso de la conducción gremial y las principales cámaras empresarias. Otro cantar ocurre con las propuestas oficiales que promueven cambios sobre puntos clave de la ley de Contrato de Trabajo, como la modalidad y forma de cálculo de las indemnizaciones por despido, la creación de nuevas categorías de trabajo, la flexibilización de la jornada laboral o la implementación de las siempre polémicas prácticas laborales o pasantías. El propósito de Sica es impulsar la discusión e implementación de esas modificaciones en el marco de los convenios colectivos de actividad, tomando como experiencia el caso testigo del acuerdo con los gremios petroleros para incrementar la productividad del yacimiento de Vaca Muerta. Ese pacto avanzó con cambios sustanciales sobre algunas regulaciones laborales de la actividad, como la eliminación de ciertos adicionales de convenio y el establecimiento de restricciones sobre el derecho a huelga. “La Argentina tiene un costo laboral alto porque tiene una productividad baja. Y la productividad es baja porque el sistema no dejó invertir más”, insiste el ministro en su visión. Y advierte que ese escenario es producto de que en el país “hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que termi-
Las chances de impulsar una reforma dependen de la profundidad de los cambios a los que aspira la Casa Rosada y de la estrategia que aplique.
Desde el sector empresario creen que el contexto económico abre la puerta para implementar cambios en los convenios de trabajo de los sectores más afectados.
nan impidiendo las nuevas formas de contratación y afectan la competitividad”. Si bien no lo reconocen públicamente, en el Ejecutivo admiten que el escenario económico actual, marcado por la recesión que golpea con fuerza al mercado laboral, le ofrece condiciones más favorables para avanzar en su estrategia de ‘minirreformas sectoriales’ que el contexto de un año atrás. Suponen que la creciente preocupación por el deterioro del empleo en algunas actividades terminará forzando a la dirigencia sindical a sentarse a negociar cambios. Los primeros resultados de las conversaciones que funcionarios de Producción y Trabajo llevan adelante con gremios y empresas de los sectores más perjudicados parecen dar motivos para la confianza de la Casa Rosada. Ya se acordaron cambios en los convenios de trabajo vinculados a actividades como la producción textil y del calzado, la industria metalúrgica y automotriz y el sector lácteo, entre otras. En su mayoría suponen modificaciones sobre la jornada de trabajo habitual, la creación de nuevas categorías de convenio y el régimen indemnizatorio. “Se va a avanzar en la misma lógica porque la realidad del mercado de trabajo y los cambios que impone el desarrollo de nuevas tecnologías nos obligan a modernizar normas y regulaciones para no seguir corriendo desde atrás”, dicen desde el entorno presidencial.
Presión de los empresarios
Desde el sector empresario comparten los fundamentos que esgrime el Ejecutivo y avalan sus movimientos para apurar los cambios laborales. Incluso plantean la necesidad de acelerar algunas decisiones. Basados en la nueva realidad que impone el cambio tecnológico al mundo del trabajo, la Cámara de Comercio reclamó personalmente a Macri a fines de diciembre que avance con medidas que, en línea con las exigencias formuladas por el FMI, promuevan la mejora de la productividad, fomenten el blanqueo de trabajadores y atiendan las nuevas modalidades de empleo. Pero más allá de la aspiración por una reforma integral, en el sector se inclinan por ahora por la alternativa de apurar cambios dentro de su propia actividad, por lo que ya iniciaron negociaciones con el gremio que lidera Armando Cavalieri. Similar ingeniería vislumbran entre los diferentes sectores que componen la Unión Industrial, donde advierten que, mientras el escenario político-electoral complica las chances de la reforma, el contexto económico recesivo supone mayor permeabilidad para discutir la multiplicación de experiencias como el caso de Vaca Muerta. “La recesión es muy profunda y hay sectores que ya tocaron fondo. Las empresas tienen miedo de contratar por los convenios laborales y la industria del juicio, entonces tenemos que empezar a repensar esos convenios”, expuso el vicepresidente de la UIA y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, en su último encuentro con Sica. Y, en esa línea, pidió al funcionario que el Gobierno facilite la discusión a nivel de cada actividad.
El frente sindical en pie de guerra
Sin embargo, el entusiasmo oficial y empresario choca de lleno con las posiciones que esgrime el discurso institucional de la CGT, aun entre los dirigentes que mantienen una postura moderada en su vínculo con Cambiemos, donde desestiman cualquier posibilidad de avanzar en cambios profundos. “No hay margen, ninguno, ninguno, ninguno para discutir una reforma laboral durante este año. Sica vuelve a la carga con esto ahora porque son gestos hacia los acreedores y el Fondo Monetario”, enfatiza ante APERTURA el dirigente Héctor Daer, uno de los miembros de la dupla de conducción de la principal central sindical. Incluso, Daer plantea que hoy la relación institucional de la entidad con el Gobierno “no existe”, lo que supone que los cortocircuitos en cualquier negociación se agudizan ya que “pasás de tener un interlocutor local a tener que discutir los condicionamientos que vienen de afuera”. Si el sindicalismo dialoguista promete ir con los tapones de punta contra cualquier cambio sobre el statu quo laboral, los gremios más combativos directamente prometen la guerra. El caso de Hugo Moyano es un fiel ejemplo: más allá de sus amenazas públicas de poner en marcha un duro plan de lucha
contra cualquier intento de reforma por vía legislativa, el jefe camionero también mostró los dientes ante la pretensión del Ministerio de Producción de negociar modificaciones en el convenio colectivo del personal del transporte de cargas para reducir los costos de la logística. “Si avanzan por ahí, me van a encontrar”, fue la advertencia velada del líder gremial. Desde la oposición política coinciden con el cuadro de situación que exponen los gremios sobre la imposibilidad de apuntar una reforma laboral en los términos de lo que pretende la Casa Rosada. “Es otro intento para legalizar la flexibilidad de hecho que se impuso desde que empezó esta gestión. No va a traer nada nuevo ni nada bueno para el trabajo y los trabajadores”, alerta ante APERTURA el exministro de Trabajo Carlos Tomada. Sostiene, en ese sentido, que con el actual marco de condiciones económicas (alta inflación, caída del salario real, aumento del desempleo y cierre de empresas), la reforma “solo implicaría intensificar las consecuencias más nocivas de este modelo” económico. Y asegura: “El planteo extorsivo ya no corre más. El Gobierno eligió la dirección de la pauperización de una economía que no resiste más experimentos como la reforma o la flexibilización de los convenios”. Otros especialistas del mundo del trabajo también advierten sobre las limitaciones del macrismo para acelerar la reforma en el contexto del año electoral y justifican en esa situación la presión oficial por renegociar convenios colectivos en diálogos por sector. “La supuesta necesidad de modernización de los convenios es absolutamente falaz”, afirma Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas, para quien el acuerdo de Vaca Muerta solo implicó la eliminación de beneficios salariales de los trabajadores petroleros. “Esto demuestra que el aumento de la productividad no lo consiguen con inversión en tecnología sino reduciendo los salarios o aumentando la jornada de trabajo sin contraprestación alguna”, subraya.
Cambios bajo la lupa
Ahora, ¿cuáles son los cambios laborales que el Gobierno aspira a instrumentar mediante el esquema de revisión de convenios colectivos mediante acuerdos sectoriales? Básicamente se concentran sobre tres aspectos regulados por la LCT: el costo de las indemnizaciones, la duración de las jornadas de trabajo y la creación de nuevas categorías de convenio. Sobre el primer punto la aspiración oficial consiste en implementar mecanismos para reducir los montos indemnizatorios. Una de sus propuestas contempla la implementación del denominado “fondo de cese laboral”, similar a la “libreta de desempleo” vigente en la industria de la construcción, que consiste en un aporte obligatorio mensual por parte del empleador desde el inicio de la relación laboral y que garantizará al trabajador un ingreso mientras se extienda su inactividad. La intención del Gobierno es que ese esquema, que había sido originalmente incluido en el proyecto de reforma enviado el año pasado al Senado, se incorpore en los convenios de actividades que incluyan trabajos temporales, como el de taxistas, trabajadores rurales o personal de seguridad privada, entre otros. Otro de los objetivos supone la reducción de la jornada tradicional de trabajo (de 8 a 6 o 4 horas), que cerca de Sica promueven como medida para evitar la profundización de la destrucción de puestos de trabajo en aquellos sectores industriales más golpeados por la recesión. Esa alternativa, que hasta contempla mecanismos de suspensiones rotativas, ya está en plena discusión entre empresas y gremios de la industria metalúrgica y textil, y en los próximos meses podría replicarse también en el sector automotor. Solo en el caso metalúrgico la reducción de la jornada laboral se instrumentó en más de una veintena de empresas, según los datos relevados por el sindicato de la UOM de Antonio Caló. Más demorada es la negociación respecto a la creación de nuevas categorías de convenio, ya que supone un amplio debate que va desde la incorporación a los convenios de nuevas formas de empleo producto del cambio tecnológico hasta la polémica que implican los formatos de contratación relacionados con servicios tercerizados o provistos por trabajadores independientes sin relación de dependencia. Como parte de esa discusión se imponen también los planteos para que la revisión de los convenios bajo el supuesto de mejorar la productividad incluya, además, la eliminación de algunos rubros o beneficios salariales, el fin de los aportes empresarios a sindicatos y obras sociales y la posibilidad de implementar esquemas de pasantías con una reducción de las contribuciones patronales habituales.