¿Final para la industria del juicio laboral?
Desde que llegó al poder, Cambiemos se planteó como desafío terminar con la catarata de juicios laborales para descomprimir los costos empresarios.
"Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales y terminarla, porque les caga la vida a todos". La frase de un enojado Mauricio Macri resumía el profundo malestar que esa realidad generaba puertas adentro del Gobierno a la vez que le daba forma a una especie de declaración de guerra de cara al enorme desafío que se había impuesto el Presidente en el afán de reducir los costos laborales del sector empresario. Corría mayo de 2016 y la foto que observaba Macri a menos de seis meses de asumir su mandato parecía justificar el exabrupto: más de 115.000 juicios iniciados por año, $ 10.000 millones en gastos anuales por honorarios de abogados, el costo de los seguros de riesgos del trabajo por las nubes que hasta llegaba a representar 15 puntos de la masa salarial de cualquier compañía, y un pasivo contingente estimado en US$ 5000 millones por el stock de más de 300.000 demandas acumuladas en los tribunales desde 2010. La escena era dantesca y amenazaba hacer volar por los aires todo el sistema.
La “guerra” se puso en marcha con una estrategia a tres bandas. Por un lado, la Casa Rosada lanzó una furiosa ofensiva contra la justicia laboral, que se concentró especialmente sobre los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, responsables –en la interpretación oficial– de una serie de fallos que multiplicaron las demandas judiciales con efectos directos sobre los costos empresarios y el desaliento del empleo y la inversión. En paralelo, el Gobierno también se lanzó a una cruzada contra la dirigencia sindical que, enfocada en la figura de Hugo Moyano, se proponía domesticar su actitud combativa y limitar su capacidad de acción mediante una campaña de desgaste ante la opinión pública, luz verde a las investigaciones judiciales contra importantes dirigentes y la poda de recursos estatales a las entidades administradas por los gremios.
La tercera pata de la estrategia de la administración Cambiemos apuntó a la reforma legislativa del sistema de riesgos del trabajo, principal motor de la industria de juicio en la última década. Allí la apuesta estuvo destinada a articular, con el consenso empresario y sindical, una herramienta normativa que desalentara la vía judicial a partir de la inclusión de una instancia administrativa única y obligatoria previa al inicio de cualquier demanda contra el sistema.