DE ECUADOR
años han corrido ríos de dinero a los bolsillos de delincuentes de oficina”, expresó a cientos de asistentes. Durante un tiempo Villavicencio había estado en la mitad del pelotón, pero un sondeo reciente lo daba ya en el segundo lugar.
Cuando se retiraba de la escuela, un equipo de custodios robustos revisaba con la vista al gentío de periodistas y simpatizantes, lo mismo que un grupo de policías. Sus partidarios gritaban y se apretujaban sobre Villavicencio mientras caminaba hacia su SUV plateada. Sin embargo, justo cuando la puerta del vehículo se estaba cerrando, 12 disparos acallaron el estruendo. Al desperdigarse la multitud el equipo de seguridad y los policías descubrieron que Villavicencio había recibido varios disparos, incluso en la cabeza. (El auto no era blindado). Lo llevaron a una clínica cercana, donde se anunció su muerte.
El presidente Guillermo Lasso, el atribulado mandatario en ejercicio en Ecuador, anunció tres días de duelo. También declaró el estado de emergencia por 60 días y desplegó a las Fuerzas Armadas por todo el país. A las pocas horas del asesinato las autoridades detuvieron a seis sospechosos, e hicieron más arrestos en semanas posteriores. Aunque se dieron pocas pruebas, la policía aseguró que los sospechosos eran matones colombianos vinculados a bandas delictivas.
Para muchos ecuatorianos todo eso fue la prueba suficiente de que el Estado se había vuelto impotente contra la delincuencia organizada. De 2016 a 2022 las bandas rivales más que cuadruplicaron la tasa de homicidios nacional, y transformaron al país de 18 millones de habitantes, que era uno de los lugares más seguros de la región, en uno de los lugares más mortíferos de la Tierra. En los primeros siete meses de este año, las muertes violentas de Ecuador llegaron a 3568, un aumento del 72 por ciento frente al mismo período de 2022. Mientras tanto, el tráfico de cocaína ha ocupado un lugar central. Las incautaciones de la droga en Ecuador se duplicaron en pocos años. Poco después del asesinato de Villavicencio las autoridades españoles anunciaron la captura de unas 10 toneladas de cocaína en un embarque de bananas ecuatorianas, una cosecha récord. Guayaquil, el principal puerto del país, ya pasó a ocupar la primera línea en la guerra mundial contra las drogas.
Ahora se cree que mafias con base en Colombia, México y hasta Albania dominan buena parte del territorio de Ecuador. El cambio complica las cosas para los que se ganan la vida de manera honrada. La tasa oficial de desempleo se mantiene baja pero el producto bruto per cápita de Ecuador se contrajo un 5 por ciento en los cuatro últimos años. “Antes podíamos andar en auto por el país sin problema”, recuerda Angel Quintana, taxista de Quito. “Ahora hay que planificarlo y avisar cuándo salimos y por cuánto tiempo”. Otro conductor en Guayaquil que habló a condición del anonimato por temor, contó que cada vez que visita a su madre tiene que pedir permiso a la banda que ahora manda en el barrio donde pasó su infancia.
Esa gradual pérdida de libertad es la que Villavicencio se proponía revertir. Decía que Ecuador era un “narco estado” y prometía hacer lo que fuera para expulsar de las calles a los delincuentes violentos. En entrevistas antes del asesinato el postulante le había restado importancia a las amenazas de muerte que recibía. “Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes”, dijo en un discurso en julio. “Que vengan los barones de la droga. Que vengan los matones. Esta vez se terminaron las amenazas”. Decía haber sido amenazado por Los Choneros, un poderoso grupo de narcotraficantes con vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa, cuyo jefe está detenido en Guayaquil.
En redes sociales su muerte fue atribuida a diferentes bandas, pero el Comandante de la Policía de Quito, Victor Herrera, declaró en una entrevista de fines de septiembre con Bloomberg Businessweek, que era pronto para decir de manera definitiva quién había ordenado el ataque. “Estamos tratando de determinar la logística del crimen antes de avanzar sobre quién lo llevó a cabo”, dijo Herrera.
Para el resto de los ecuatorianos las conclusiones de la pesquisa formal carecen de importancia. La estabilidad y la suerte del país se derrumbaron tanto, y con tanta rapidez, que cuesta entender cómo sucedió, y mucho menos qué hacer a partir de ahora.
aunque ecuador ha experimentado períodos de volatilidad en un pasado no muy remoto —derrocó a tres presidentes a fines de los años ‘90 y principios de los ‘2000—, esos cambios en el poder fueron pacíficos. No había poderosos grupos guerrilleros, como los de Colombia o Perú, y poca delincuencia organizada transnacional. Mientras otros países de la región pugnaban con las secuelas del desplome financiero mundial de 2008, Ecuador, un importante productor de petróleo, disfrutó de un bienestar relativo mientras se disparaban los precios de la energía. Los ingresos petroleros estatales permitieron que el entonces presidente Rafael Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, mejorara drásticamente la infraestructura del país y gastara en salud y educación. (También pidió dinero prestado a China). De 2007 a 2016, el gasto público de Ecuador como parte de su PBI se duplicó hasta llegar al 8,6 por ciento. En ese tiempo, el porcentaje de la población que vivía bajo el nivel de la pobreza se derrumbó en un 42 por ciento.
Pero el gobierno de Correa dio por asegurada la paz. El país se ubica entre los primeros y segundos productores mundiales de cocaína, Colombia y Perú. Debía su seguridad en parte a la voluntad del gobierno de actuar como base regional de los intereses de la política exterior norteamericana, lo que incluía ser un centro de reunión del Departamento Estadounidense Antinarcóticos (DEA). Durante años la base en la ciudad de Manta fue la única instalación militar oficial de EE.UU en Sudamérica. Los norteamericanos ayudaban a vigilar la vasta línea costera de Ecuador, capacitaban a sus fuerzas de seguridad y disuadían de interferir a otras potencias extranjeras.
El gobierno de Correa cortó los lazos con EE.UU y su aparato de vigilancia. Hacia el final de sus mandatos, un acuerdo de paz histórico en Colombia desbandó a las FARC, el potente ejército guerrillero que por decenios había vivido del dinero de la coca. Pronto los cárteles mexicanos ocuparon el lugar de las FARC en el mercado, alineándose con facciones colombianas menores que decidieron no deponer las armas. Con ese fin los cárteles empezaron a trasladar más armas y hombres a la frontera con Ecuador.
También el precio del crudo se redujo a la mitad por ese tiempo, lo que agravó más las cosas. Pronto el sucesor de Correa, el presidente Lenín Moreno, empezó a hacer reducciones significativas en el gasto público, incluyendo a policías, tribunales y atención médica, y la pandemia exacerbó la austeridad del país. (Hoy apenas uno de cada tres ecuatorianos tiene un trabajo estable). A eso se sumaron las bandas locales respaldadas por cárteles de la droga foráneos, señala Pablo Ramírez, director nacional de Investigaciones Antidrogas de Ecuador.
Las autoridades sostienen que los cárteles mexicanos y la mafia albanesa compran cocaína colombiana, la mandan a Ecuador y luego confían en los grupos locales para hacerla salir a través de los puertos ecuatorianos camino a EE.UU y Europa, donde el kilo cuesta entre US$ 40.000 y 60.000. Esto dio más motivación y tornó más violentas a las bandas ecuatorianas, especialmente a lo largo de la frontera con Colombia y en ciudades portuarias como Guayaquil.
Hasta cierto punto la logística se vio facilitada por los años de fuertes inversiones nacionales en caminos y otras infraestructuras, así como por la decisión, tomada décadas antes, de adoptar el dólar como divisa nacional. El uso del dólar hace relativamente fácil ocultar dinero foráneo en Ecuador, y vuelve a la economía del país más dependiente del ingreso de billetes verdes. Pero también está la abundancia de dinero, apunta Ramírez: “En un día la delincuencia organizada puede pagarle a un policía lo que tardaría 30 años en ganar”.
Hace apenas dos años, recuerda Ramírez, todo Ecuador registraba menos de 1000 homicidios por año, y él no veía mucha necesidad de contar con seguridad personal. En septiembre pasado, durante una entrevista en un centro de capacitación de perros policía en Quito, guardias fuertemente armados con gruesos chalecos de Kevlar circulaban alrededor de la sala de conferencias. Meses antes Ramírez había recibido una amenaza de muerte.
Por la fecha en que Ramírez descartaba esa amenaza, el presidente Lasso, quien afrontaba un proceso de destitución por acusaciones de desfalco, disolvió el Parlamento y llamó a nuevas elecciones presidenciales. No faltó mucho para que Villavicencio estuviera a fondo en campaña.
en durán, ciudad de unos . habitantes
al este de Guayaquil, los que ahora mandan son la droga y las bandas. En la primera mitad del año hubo 177 homicidios. En mayo, el alcalde Luis Chonillo estuvo a punto de ser asesinado el día de su asunción cuando le acribillaron el auto. “Corrí unos 400 metros hasta la casa de unas mujeres que se habían asomado a ver qué pasaba —relató—. Ellas me escondieron”.
Chonillo se declara frustrado por la falta de planificación urbana que ubica fábricas al lado de casas, y por las fallas en la protección social que hizo que para muchos jóvenes las bandas fueran la mejor opción disponible. Recorriendo la ciudad en un patrullero policial es fácil ver a qué se refiere. La abundancia de la era Correa pasó de largo en Durán. En las afueras de la ciudad hay un desierto de calles polvorientas repletas de basura, el aire es una mezcla brumosa de polvo, humo de los caños de escape y hedor del agua estancada. Los caminos están llenos de baches, y la casa típica está hecha de ladrillos reciclados o varas de caña de azúcar atadas. En las esquinas se apiñan niños que ofrecen bolsitas con droga.
Más cerca del centro de la ciudad, en una pequeña plaza tranquila rodeada de casas de uno o dos pisos, un grupo de moradores ofrece servicios de taxi en motos. Los conductores han tenido dificultades en el último tiempo porque sus walkie-talkies y chalecos se parecen a los que usan algunas bandas locales. Dicen que los amenazaron y que tienen que extremar los cuidados. Según la policía, la mayoría de los comerciantes de Durán le
pagan a una u otra banda a cambio de protección, lo que llaman “vacunas”. Si no lo hacen les podrían quemar las casas o los negocios.
“La realidad es horrible”, protesta Jorge Hadathy, jefe distrital de policía. “En Durán perdimos una generación de muchachos de entre 14 y 24 años”, y agrega que las bandas les dieron a muchos el orden y la estabilidad que no conseguían en otro lado.
Tampoco ayudaron los intentos de Ecuador por imponer su propio orden a las bandas, apunta Fernando Bastida, abogado del Comité Permanente de Derechos Humanos del país. Los grupos también mandan en el sistema penitenciario, por lo que tener más presos equivale a fomentar la “universidad del crimen”, agrega. Entrevistas con funcionarios del sistema penitenciario —que hablaron a condición del anonimato para proteger sus empleos— avalan esa opinión. Hay denuncias de que se ocultan armas dentro de las prisiones, que abunda el consumo de drogas y hasta la entrega de explosivos a los reclusos mediante drones. En septiembre un jefe encarcelado de Los Choneros grabó, produjo y difundió una balada en la que se presentaba como una suerte de Robin Hood.
Una mujer cuyo hijo fue recluido en una de las principales prisiones de Guayaquil por robo agravado —y que habló a condición del anonimato por miedo a las represalias— afirma que las bandas manejan detrás de los barrotes una forma totalmente brutal de capitalismo. Por ejemplo, los reclusos pueden alquilar teléfonos a los bandidos al precio de US$ 25 por dos horas semanales, más US$ 45 de impuestos no precisados. Si los reclusos no pagan reciben golpizas o amenazan a sus familias. La mujer contó que hace dos años su hijo, que se negó a sumarse a una banda, murió durante un motín carcelario. Cuando ella se acercó esa noche a la prisión, “había hordas de mujeres que gritaban afuera” pidiendo ayuda a autoridades indiferentes, mientras adentro se escuchaban disparos. Una le dijo: “Que se maten entre ellos”.
Pasada más de una hora consiguió conectarse con otro recluso a través de un celular. Este hombre aceptó revisar la celda de su hijo. Poco después le mandó una foto horrible. “Entonces pude ver a mi hijo en un charco de sangre”, relató. Le habían disparado en la cabeza. A su alrededor había muchos cuerpos cortados, mutilados y destripados.
en octubre el gobierno
ecuatoriano divulgó información sobre otra matanza carcelaria. Siete de los 12 hombres implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio aparecieron ahorcados en la cárcel, seis de ellos en Guayaquil. La noticia se conoció menos de una semana antes de las elecciones y dos semanas después de que Estados Unidos ofreciera US$ 9 millones por información que llevara a la captura de los “cerebros del asesinato”. (Revirtiendo la era de Correa, Ecuador acudió al FBI en busca de ayuda). En la estela de esas muertes, el 52 por ciento de los votantes eligieron a Daniel Noboa, legislador y heredero de una fortuna bananera, cuyo padre había sido varias veces candidato presidencial. Noboa se comprometió a usar la fuerza para devolver las calles de Ecuador a la gente.
En las primeras etapas de la campaña, la plataforma de Noboa realzaba la importancia del trabajo y la educación como soluciones para el delito organizado, y ponía el acento en el desarrollo socioeconómico para reducir la violencia. Proponía reformas judiciales centradas en la rehabilitación y los valores. Sin embargo, más adelante su mensaje se orientó hacia medidas de seguridad más estrictas, la adopción de un plan para centralizar la inteligencia en un nuevo organismo que trabaje con Estados Unidos y otros países. Dijo que iba a aumentar la presencia militar en puertos y fronteras. “La esperanza va a empezar a funcionar”, declaró en el discurso de la victoria. También apoyó alternativas más extrañas para el statu quo, como el uso de balsas blindadas a modo de prisión en las que se alojarían cientos de presos.
A los 35 años, Noboa es el presidente más joven de Ecuador. Debe concluir lo que resta del mandato de Lasso, que finalizaba en mayo de 2025. “No hay mucha claridad acerca de cómo va a aplicar sus planes”, opina Renato Rivera, coordinador de una entidad sin fines de lucro de Quito que investiga la delincuencia organizada en Ecuador. Un enfoque de mano dura bien podría volverse en contra de la gente, advierte, al señalar el agravamiento de la violencia de los cárteles mexicanos en las últimas dos décadas. La oficina de Noboa no respondió pedidos de comentarios a tiempo para la publicación.
Rivera agrega que mientras tanto las bandas ecuatorianas empiezan a involucrarse en la producción además de la distribución. Afirma que hay pruebas de que están apareciendo plantaciones en el lado ecuatoriano de la frontera con Colombia. Avisa que se precisarán más incursiones policiales y patrullajes fronterizos para cambiar las cosas en el terreno: en tanto la delincuencia organizada tenga más para ofrecer, seguirá ganando.