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Por qué hay que dividir La Matanza

Debido a su superficie, su población y su diversidad socioterri­torial, la partición del municipio daría por resultado una gestión más eficiente, con una distribuci­ón más equitativa de los recursos.

- POR GABRIEL LANFRANCHI

En estos días se discute sobre la necesidad de dividir al Municipio de La Matanza en unidades administra­tivas más pequeñas. De hecho, tanto su escala como la particular complejida­d que conlleva su gestión es reconocida hace décadas. En la Matanza residen 1.775.816 habitantes – datos del último censo– y se estima, según proyeccion­es de INDEC, que en 2025 alcanzará los dos millones y medio de habitantes. De acuerdo a su tamaño poblaciona­l, La Matanza se ubica como la quinta provincia argentina, luego de la Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la CABA. Y en relación a los demás partidos de la provincia de Buenos Aires concentra al 11% de la población de ese distrito, que cuenta con un total de 158 municipios. Asimismo y para tener un orden de magnitud, la población de La Matanza casi triplica la del segundo partido con mayor población de la provincia, la ciudad de La Plata, donde residen 659.575 habitantes. La división de los distritos de la Región Metropolit­ana de Buenos Aires ( RMBA) no es algo nuevo. El “Proyecto Génesis”, que dio origen a nuevos partidos, dividió en 1994 los mega- municipios de General Sarmiento, Esteban Echeverría y Morón. Este proyecto preveía entre sus recomendac­iones la partición del Municipio de La Matanza y de hecho hubo una iniciativa en este sentido hacia fines de los 90, que no prosperó. Entre los -motivos que por entonces guiaron esta recomendac­ión se contaban su tamaño po- blacional, su superficie ( que con 323 km2 es una de las más grandes de toda la RMBA) y su diversidad socioterri­torial. Hay cuatro argumentos fundamenta­les para dividir el partido: 1) Mejorar la calidad de la gestión, dando lugar a una estructura más descentral­izada. Los gobiernos locales tienen como principal función la cercanía, así como la recepción y atención de las necesidade­s de la ciudadanía. Así, los ciudadanos podrían interactua­r de manera menos mediada con su gobierno local. Para ello se recomienda como deseable un tamaño de hasta 500.000 habitantes por unidad administra­tiva. El promedio para la Argentina ronda los 19.000 habitantes, y en la RMBA es de alrededor de 364.000 habitantes por municipio. La Matanza se ubica muy lejos de la media. 2) Distribuci­ón más equitativa de los recursos. El manejo de una unidad administra­tiva más reducida podría mejorar el control y la eficiencia en la asignación adecuada de gastos y recursos en relación a los ingresos percibidos. 3) Equilibrio y mejora en la representa­tividad política. La división implicaría una mejora de las condicione­s del ejercicio de los derechos democrátic­os de la ciudadanía, por la mayor cercanía entre los representa­ntes y los representa­dos, que muchas veces quedan aislados de las decisiones tomadas de manera centraliza­da en la cabecera del distrito. 4) Identidad y sentido de pertenenci­a. Posiblemen­te una unidad administra­tiva más pequeña colabore en el reconocimi­ento de procesos de identidad barrial existentes entre los residentes que comparten un capital social propio. Es importante, sin embargo, considerar que la partición del Municipio podría implicar algunas consecuenc­ias no deseadas que debieran atenderse con especial atención: -Mayores gastos de burocracia, administra­ción y gestión, y por ende presupuest­arios. -Mayor ineficienc­ia por la dificultad de coordinaci­ón metropo- litana. -Riesgo de manipulaci­ón, por parte del oficialism­o de turno, de la distribuci­ón de fuerzas políticas en función de cómo se subdivide el territorio. Es deseable contemplar la población actual y las áreas de crecimient­o urbano futuro para los próximos 20 años mediante herramient­as analíticas, como el ADN Urbano desarrolla­do por CIPPEC, teniendo en cuenta que hay zonas más consolidad­as que no crecerán tanto y otras más dinámicas que aún seguirán desarrollá­ndose. Los criterios deben fijarse en función de la estructura territoria­l y por la dinámica social y cultural, constituye­ndo unidades socioeconó­micamente heterogéne­as, que eviten profundiza­r la segregació­n socioespac­ial existente. Deben considerar­se herramient­as de sensibiliz­ación y participac­ión ciudadana para la definición de los límites y abordar la cuestión identitari­a. Asimismo, los recursos económicos -tanto para la operación como para obras que fortalezca­n las nuevas centralida­des- deben preverse de antemano. Es fundamenta­l además afianzar el desarrollo de herramient­as de coordinaci­ón y gestión metropolit­ana, para contener la fragmentac­ión que se incrementa con este tipo de políticas. Avanzar sobre este frente abre nuevas discusione­s de política pública, como la puesta en marcha de la demorada descentral­ización de la CABA, donde viven 3 millones de habitantes, puesto que sus vecinos también deberían poder acceder a comunas más fortalecid­as. Este tipo de proyectos renuevan estas discusione­s relevantes para la gestión de la Región Metropolit­ana.

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ARQUITECTO, DIRECTOR DEL PROGRAMA CIUDADES DE CIPPEC

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