LA BANALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Varios llamados a licitación para realizar planes de ordenamiento urbano, publicados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, proponen plazos muy exiguos dada la complejidad que se requiere.

Hace unos días llegó a mi teléfono un mensaje que decía: “Licitación para elaborar, en un sólo contrato de consultoría, 26 planes de ordenamiento urbano para municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires. Plazo de ejecución: ¡4 (cuatro) meses!” (www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitacion.php?i=5472)

Mi primera reacción fue de incredulidad. A nadie se le puede ocurrir que en cuatro meses se puede realizar un plan urbano, hecho con seriedad y respetando los momentos necesarios que implica el proceso de construcción del plan. Menos aún pueden realizarse en ese exiguo plazo 26 planes, incluyendo el desarrollo del proyecto de ordenanza de usos de suelo y los demás instrumentos que requiere un plan.

Sin embargo, al acceder al contenido del link que venía junto al mensaje, la incredulidad se transformó en preocupación, ya que se trata de un proceso liderado por la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública Federal, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Dicha Secretaría es la máxima autoridad ejecutiva de planificación territorial a nivel del país y está liderando un proceso que degrada y banaliza la práctica de la planificación territorial a un nivel nunca antes visto.

¿Alguien puede pensar seriamente que es posible realizar 26 planes de ordenamiento urbano en 4 meses? ¿Y que además ello puede ser realizado por una sola empresa? La respuesta es no. Nadie que sepa cabalmente de qué se trata realizar un plan puede pensar que ese plazo es suficiente. Me tomé la tarea de consultar a tres intendentes de los municipios que componen la lista de planes a desarrollar y su respuesta fue preocupante: los tres se estaban enterando con mi llamada de la realización de estos trabajos, por lo que es evidente que la Secretaría de Planificación Territorial no los involucró en el proceso. Es por ello que los resultados de los planes van a quedar en la nada y habrá más libros para engrosar las bibliotecas con los fracasos de la planificación. Aún asombrado por esta sinrazón, recorriendo la página donde se publican las licitaciones, las “sinrazones” siguieron apareciendo con otros tres llamados de características similares: un llamado para contratar servicios de consultoría para que una empresa realice 19 planes (3 microrregionales y 16 planes locales) en municipios de la provincia de Tucumán, todo en un plazo de 8 meses (www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitacion.php?i=5458); un llamado para contratar servicios de consultoría para que una empresa realice planes microrregionales y 29 planes locales en municipios de la provincia de Catamarca, todo en un plazo de 6 meses (www.mininterior.gov.ar/licitaciones/licitacion.php?i=5410) ; y un llamado para contratar servicios de consultoría para que una empresa realice 22 planes (4 microrregionales y 18 planes locales) en municipios de la provincia de Jujuy, todo en un plazo de 6 meses (www.mininterior.gov.ar/licitaciones/descargar.php?i=39288). La elaboración de un plan urbano consiste en la definición de un conjunto organizado y coherente de políticas, programas y proyectos para el territorio regional y/o municipal. Ello debe ir acompañado de los instrumentos de gestión y financiamiento, así como de la normativa urbanística y tributaria, entre otras. También debe incluir el involucramiento de los funcionarios y técnicos locales, para garantizar la posterior gestión y materialización de las propuestas. Para llegar a ello, se parte del análisis de la situación local y su problematización, teniendo en cuenta de manera central la mirada de los diferentes actores locales. Una vez analizada la situación local, se construyen las propuestas para cambiar la situación identificada como problemática. Se trata de un proceso que lleva no menos de 8 meses y que usualmente puede llevar 1 año de plazo, para hacerlo con tiempos razonables que permitan a la población local informarse, involucrarse y participar de las diferentes instancias del Plan. A esto debe sumarse que la elaboración de la normativa urbana (ordenanzas en este caso) es el fruto de la construcción política de consensos en el HCD, que tiene sus tiempos y que claramente exceden el plazo de cuatro meses. Así lo testimonian diferentes planes que pueden ser considerados como ejemplos de buena planificación, como los casos del Plan de Desarrollo Territorial de Tandil 2006, el Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Juan 2013 (foto) y el Plan Director Estratégico del Municipio de San Pablo - Brasil en 2014, por citar algunos. Por ello, en los procesos de elaboración masiva de planes en los tiempos mencionados, cabe realizarse algunas preguntas: ¿Cómo se garantizará la participación comunitaria? ¿Será sólo testimonial? ¿Cómo se capacitará a los funcionarios locales para que sean parte y se formen durante el proceso de construcción del plan, que es lo que garantiza la aplicación posterior del mismo? ¿Cómo se abordarán las particularidades locales al realizar 26 planes al mismo tiempo? ¿Puede construirse en cuatro meses una visión compartida acerca del futuro de cada ciudad? Para graficar la falta de lógica de estos llamados, sólo basta navegar en la información pública de la página de la cartera a cargo del ministro Rogelio Frigerio. Al mismo tiempo que la Secretaría de Planificación Territorial plantea hacer en un plazo de cuatro meses 26 planes y pagar por el trabajo de elaboración de la totalidad de los mismos 180 mil dólares, a un costo promedio de 7 mil dólares por plan; llama a licitación para realizar el Plan del municipio de Monte en un plazo de cinco meses con un precio total de dólares 50 mil dólares (www.mininterior.gov.ar/licitaciones/descargar.php?i=39284). Ante ello, cabe preguntarse ¿Está pagando mucho por la realización del Plan de Monte o muy poco por los otros 26?

Luego de muchos años en los que la planificación territorial había desaparecido de las políticas públicas y del organigrama de gobierno a nivel nacional, a partir del año 2004 comenzó un proceso de reconstrucción de esta importante tarea pública. Ello se evidenció en la creación de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, la generación del Plan Estratégico Territorial (PET) con participación de las 24 jurisdicciones provinciales del país, múltiples actualizaciones del PET; la creación del Programa de Fortalecimiento de la Planificación Territorial que posibilitó la realización de una importante cantidad de planes territoriales a nivel provincial, regional y municipal; un amplio proceso de capacitación en planificación territorial a nivel nacional y finalmente, la creación del Consejo Federal de Planificación (COFEPLAN). Inclusive durante el actual gobierno, se elevó el rango de la Subsecretaría a Secretaría de Estado. Todas esas acciones contribuyeron a que la planificación territorial volviera a ser parte importante en el diseño de políticas públicas y un organismo de referencia a la hora de definir prioridades para los proyectos de obras públicas. Es por ello que resulta muy preocupante que luego de esos avances, permitamos que se banalice la planificación territorial como se lo está haciendo.

Convalidar estos llamados a licitación, participando de los mismos o no señalando su sinsentido -sobre todo por parte de los colegios profesionales, asociaciones vinculadas a la planificación territorial, universidades que forman profesionales relacionados a la temática o profesionales de la ciudad en general-, implica ser cómplice de la degradación a la que la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública está sometiendo a la actividad de planificación.«