EDIFICIOS PORTEÑOS CON VALOR PATRIMONIAL, EN UN LIMBO LEGAL
La autora sostiene que ante la consulta de Basta de Demoler, tanto el Gobierno como la Legislatura de la Ciudad no han dado explicaciones acerca de las diferencias en la cantidad de edificios bajo amparo.
Una inquietante cantidad de dictámenes de la Dirección de Interpretación Urbanística del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo intervenir en los volúmenes y las formas de edificios que tienen protección patrimonial por ley, sumada a el rechazo y la ausencia de nuevas protecciones, nos conducen a indagar sobre lo que está sucediendo con el patrimonio arquitectónico porteño.
Basta de Demoler pidió precisiones acerca del destino de los inmuebles patrimoniales todavía no protegidos por ley firme, tanto a la Legislatura como al Gobierno de la Ciudad.
En un momento eran 18.195 inmuebles con valor patrimonial, según surgía de la página del Gobierno de la Ciudad y de la respuesta que este diera en el marco de la Ley de información Pública (104): “Respecto al registro de 18.195 inmuebles con diferentes niveles de protección mencionados en la página web oficial del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP, www.buenosaires.gob.ar/planificacion/registrosinterpretacionycatastro/consejo -asesor-de-asuntos-patrimoniales), es dable destacar que de la consulta efectuada a la base de datos, la misma arroja una cifra total de 16.831 (APH y Singulares)”. No han dado explicación por esa diferencia. Algo ha sucedido desde entonces: la página citada ya no puede ser consultada. El Gobierno contestó el 31 de marzo; detalló los inmuebles que
envió a la Legislatura desde el año 2008 al 2014: fueron 3.131 inmuebles, de estos la Legislatura catalogó 2016 y aún no trató 780. Además, están los inmuebles tratados en el marco del convenio FADU/MDU, estudios por comunas elevados por la DGIUR a la Legislatura entre diciembre de 2014 y abril de 2015: son 3.240 edificios de las 15 comunas, de los que solo fueron catalogados por ley parte de los situados en las Comunas 1 y 2. Ese convenio entre la FADU y el Gobierno se realizó para cumplir con un fallo judicial y sus resultados en detalle no están disponibles. ¿Por qué interviene la Justicia es una larga historia? El 23 de diciembre de 2011, la jueza Dra. Andrea Danas hizo lugar a la petición de amparo presentada por Basta de Demoler, Fundación Ciudad y SOS Caballito con la adhesión de ONG de Barracas, Boedo, San Telmo, La Boca, y ordenó “al Gobierno de la Ciudad la suspensión de los permisos de demolición y reformas, respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada que hayan sido construidos antes de 1941. La medida estará en vigencia hasta que la Legislatura de la Ciudad informe acerca del estado parlamentario de todos los proyectos de ley presentados con relación a estos inmuebles”.
Esto aún no ha sucedido, razón por la cual el fallo de la Dra. Danas esta aún vigente.
Vayamos un poco más atrás, hasta noviembre de 2007, cuando se promulgó la ley de procedimientos que dio origen a esta danza de números. La Ley 2548 estableció que el interesado en demoler o modificar un inmueble construido antes de 1941 debe someter a un consejo de expertos -el CAAP- la decisión de si el bien tiene valor patrimonial, histórico o forma parte del patrimonio intangible, para así preservarlo o permitir su demolición.
Se estiman en aproximadmente 140.000 casos en esas condiciones para ser considerados eventualmente.
Cuando se promulgó la Ley, se vaticinó una avalancha de juicios contra el Gobierno. Después de cinco prórrogas, nada de eso sucedió, lo que equivale a reconocer lo justo de la norma. Curiosa norma esta Ley 2548 y sus modificatorias, que tenía duración anual y fue modificada hasta ese diciembre de 2011, cuando la Legislatura no iba a prorrogarla y la campana de largada para las demoliciones estaba lista. La Justicia impidió hasta hoy esa pérdida patrimonial.
La intervención del CAAP merece una aclaración; ese organismo que depende del Ministerio de Planeamiento Urbano y Obras Públicas de la CABA fue instituido en 1997 como un cuerpo colegiado presidido por el Director General de Interpretación Urbanística Ciudad de Buenos Aires, quien tiene la última palabra en las decisiones del organismo. El CAAP esta integrado por representantes de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires; y de las instituciones invitadas a participar: la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos; la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, la Sociedad Central de Arquitectos, ICOMOS Argentina, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Argentino, el Instituto Argentino de Investigación de Historia de la Arquitectura y Urbanismo y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.
Las reuniones de evaluación eran semanales, y la suerte del patrimonio era decidida por fotos y mayoría de arquitectos, necesarios pero no precisamente más autorizados en cuestión del patrimonio, que “desestimaron” hasta cientos de edificios en una sola reunión. Solo por ello, debió ser auditado. El CAAP continúa activo hasta el presente y no es posible asistir a las reuniones como oyente. Las resoluciones se conocen cuando se publican en el Boletín Oficial.
Algunos legisladores consultados por Basta de Demoler solamente conocían los pedidos de protección patrimonial de las Comunas 1 y 2 que ya fueron tratados y creían que no habían recibido el resto. Pero finalmente la Legislatura respondió, siempre en el marco de la Ley de información Pública (104) admitiendo que recibieron los proyectos de catalogación enviados por el Ejecutivo, pero que solo trataron una mínima parte, dejando que los demás perdieran el estado parlamentario y devolviéndolos a terra incognita. Las comisiones de Planeamiento, Cultura y Patrimonio tienen mayoría de diputados que pertenecen a la coalición de Gobierno y ninguna impulsó el tratamiento de los proyectos de catalogación.
Un número impreciso de edificios que presta identidad a la ciudad está en juego entre los intereses inmobiliarios y los dos poderes, sin saber aún qué hay después del limbo. «
No es posible asistir como oyente a las reuniones del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, donde se “desestiman cientos de edificios” en un día.