Se presentó el proyecto de Ley de Movilidad Sustentable
Propone que a partir de 2041 sólo se vendan vehículos eléctricos, con beneficios para promover su adopción.
Mientras hay países como Noruega, que ya proponen prohibir la venta de autos nafteros y diesel a partir de 2025, la Argentina lo hará a partir de 2041. Eso es parte de lo que propone el proyecto de Ley de Movilidad Sustentable que patrocina el Gobierno y que será enviado al Congreso.
El proyecto fue presentado por el presidente Alberto Fernández durante su visita a la planta de Toyota, en Zárate, y está impulsada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
La propuesta incluye la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, que será la responsable de reglamentar las normas que regirán para los vehículos que se venderán en el país, tanto para los de producción nacional como para los importados.
El corazón del proyecto busca impulsar mediante un régimen de promoción industrial la evolución de la electromovilidad con vehículos 100% eléctricos, ya sean livianos, pesados, de pasajeros, de carga, la micromovilidad, los experimentales y los designados por la Autoridad de Aplicación.
La ley, de ser aprobada, establecerá en consecuencia un régimen de beneficios para promover la adopción de vehículos eléctricos, que incluirá al público comprador con descuentos sobre el precio del modelo o la “remoción de la base imponible de bienes personales”.
Además, propone incentivos a las fábricas terminales, autopartistas, productores de baterías y de cargadores, con beneficios fiscales “estáticos”, cuando se instalen proyectos productivos de movilidad sustentable, y “dinámicos”, en función del cumplimiento de metas acordadas (exportaciones, creación de fuentes de trabajo y desarrollo de proveedores, entre otros.
El proyecto busca “sostener las capacidades de la industria actual” y generar beneficios e inversiones adicionales, con objetivos fijados para 2030.
Para esa época se estima crear 12.500 puestos de trabajo en las terminales automotrices, con inversiones que ronden los 5.000 millones de dólares.
También se prevé otros 8.500 empleos que deberían llegar de la mano de los autopartistas y de los fabricantes de baterías, que aparecen en el proyecto como nuevos actores en la cadena de valor de la producción automotriz.
Está previsto que el transporte público y las flotas de las dependencias del estado comiencen a incorporar unidades 100% eléctricas.
La intención es llegar a 2041 con la prohibición de la venta de modelos 0km con motores nafteros o diesel. Se trata de una meta un tanto lejana si se lo compara con algunos países europeos, en donde 2030 o 2035 figuran como fechas límites.
Kulfas, por su parte, destacó que el proyecto apunta a “un crecimiento que genere equilibrio macroeconómico y en las cuentas públicas, con sustentabilidad ambiental y social, mediante la creación de empleos”.w