El pacto del gas es para un solo cliente: los mercados

Cómo cerró el acuerdo el ministro Frigerio en el Senado para cambiar los efectos de la factura Iguacel. Además, la votación de una ley sensible: la expropiación de lotes en villas para dárselos a sus ocupantes.

Frigerio fue el encargado de negociar con el “peronismo racional”.

Negociaciones. Frigerio cerró un acuerdo para que el Senado dejase sin efecto la resolución de Iguacel. Y se votó la ley que ordena la expropiación de lotes en villas, para dárselos a los ocupantes, impulsada por el Papa.

La anulación del impuestazo al gas en el Congreso es otra prueba de la nueva conformación del gabinete de Mauricio Macri. Rogelio Frigerio cerró un acuerdo con el peronismo racional de Miguel Pichetto para que el Senado, por unanimidad, dejase sin efecto la resbaladiza resolución de Javier Iguacel, que trasladaba el costo de la devaluación a las facturas del gas. Un regalo de fin de año por adelantado —regiría en enero— ¿para qué agregar malas noticias? El ministro del Interior llegó al mediodía del miércoles a la oficina de Emilio Monzó y le adelantó la decisión del Gobierno: reponer el subsidio con cargo al Tesoro, en 30 cuotas, y retirarlo de la factura del consumidor. De ahí se fue a la oficina de Pichetto e inició una negociación para comprometer el apoyo de la oposición peronista. Para la sesión de aquella tarde había ya 5 proyectos para rechazar la medida. El más virulento era el de Cristina de Kirchner. Pichetto preguntó cuál era el negocio para ellos salir a desbaratar lo que parecía una torpeza supina del Ejecutivo, mal comunicada hacia adentro y hacia afuera del Gobierno. Frigerio le expuso el peor escenario: que el kichnerismo se atribuyese como un triunfo el rechazo de la medida. A esa hora flotaba, encima, la señal de algunos radicales que se querían sumar a esa idea, heridos también por no haber sido consultados. ¿No es mejor que el Senado se ponga por encima de la disputa y “deje sin efecto” la resolución? Si la Cámara puede derogar leyes, puede derogar resoluciones de un secretario. Lo que se vio por TV en la tarde del miércoles, los 60 senadores votando por unanimidad “dejar sin efecto” el paso de ese sobreprecio, es el resultado de uno de los acuerdos más firmes que hayan cerrado oficialismo y oposición desde que asumió el actual gobierno. Frigerio pidió que ayudasen a su gobierno a sacar la pata del pozo. Pichetto entendió que era una forma de retomar la iniciativa que perdió cuando quedó enredado en el debate, a pura pérdida, de los fueros de Cristina y de Menem. Gozó la situación y pidió varias veces que los escribas de Frigerio redactasen bien lo que él quería, que quedase claro que el Senado, por excepción, dejaba sin efecto la medida, “no sólo la rechazaba, la anulaba”. Han quedado registradas escenas mudas, en medio de la sesión del miércoles, de Juan Pablo Tunessi, secretario parlamentario de la Cámara, llevando y trayendo papelitos con las redacciones sucesivas que Pichetto perfeccionaba en cada viaje.

La pelea privada de Pichetto para retener poder en el peronismo ante Cristina

Para el peronismo la salida es una manera de reforzar el ala federal del bloque. A eso ayudó la docilidad de Frigerio para aceptar todo lo que Pichetto quería, que era mostrarse con un poder que no tiene ningún otro peronista. Ni Cristina, a la que enfureció como pocas veces se la vio. Se entiende. Ella había primereado en la crítica a la medida, y había escrito el libreto de la oposición para ir a la sesión el miércoles, que había sido convocada para temas acordados, y convertirla en un incendio en vivo. Pichetto sobreactuó su rol cuando hizo leer dos veces la comunicación al Gobierno, al que le ordenaba dejar sin efecto el pago para los usuarios. Además, le ordenaba al Ejecutivo que buscase una solución. La suma del poder público mediante un instrumento legal de tercera categoría como es una Comunicación, que suele usarse en el Congreso apenas para algunas cortesías. Relanzaba más aún su rol en el Senado como autor de la solución. Logró que hasta Cristina votase a favor. La votación salió 60 a cero. Todo tuvo un costo: en esa sesión se votó a libro cerrado una de las leyes más importantes en años: la que ordena la expropiación de lotes en villas, para dársela a los ocupantes.

También fue por unanimidad, merced a un acuerdo que va del papa Francisco a Macri, pasando por todo el oficialismo y la oposición. Fue sin discursos, cuando hubiera motivado campanarios de oratoria. Pero ni Cambiemos ni el peronismo quería darle espacio a que festejasen los movimientos sociales, promotores de esa iniciativa, como lunga manu del Papa. ¿Motivos? El principal dirigente de ese sector, Juan Grabois, ha decidido orbitar dentro del peronismo cristinista, que fue el derrotado en la misma sesión. Nadie le iba a regalar un minuto de festejo. También en política, los reyes magos son los padres, y el que rompe, paga.

El primer efecto doloroso de la caída de las leyes de emergencia

Es difícil reconocerle genialidades al Gobierno cuando toma decisiones. Pero es un error leer este final como una capitulación. El Gobierno reconoce a un solo cliente de todos sus movimientos: los mercados. Lee encuestas y ve que por ahora la aguja de las adhesiones no se mueve de manera decisiva en su contra. Eso le da aire para concentrarse en saciar a los insaciables mercados. El marco regulatorio del gas data de 1992 pero había estado suspendido hasta diciembre del año pasado, por las eternas leyes de emergencia, en este caso desde 2002, la era Duhalde. La actualización del precio entre productor y distribuidora era una ficción bajo la convertibilidad, y también bajo el imperio del subsidio de la era Kirchner. El escenario de finales de 2017 preveía un gran cambio, porque cesaban las emergencias que el país había arrastrado durante la época de la economía autárquica del peronismo. Entre ellas estaba la que congelaba el marco del gas, un negocio cuyos precios están dolarizados por la globalidad de esa industria. Lo que nadie preveía era que se iba a producir la brutal devaluación que llevó al dólar a $40. ¿Qué era mejor para el Gobierno? ¿Adelantarse peronísticamente y anunciar que cambiaba el marco regulatorio del gas, algo que hubiera requerido una ley, imposible hoy siquiera de plantear en medio de una campaña electoral? ¿Era la mejor señal para un gobierno que trata de reanimar la Vaca Muerta como la panacea milagrosa que reactivará al país? ¿No era mejor mostrarles a los mercados las limitaciones de un gobierno de minoría, mantener el subsidio como mal menor y, de paso, mostrar que controla los extremos de la oposición política? Si alguien lo pensó, no está mal como resultado final. Muchachos, le dice el Gobierno a los mercados, lo intentamos, pero no tocamos el régimen regulatorio y tampoco nos ponemos en contra de la dolarización de esos valores, que son una necesidad de un negocio que tiene que cobrarse en dólares, porque sus insumos e inversiones los hace también en dólares. ¿Que mantener el subsidio es otra pérdida de la virginidad, diría Dujovne? Se mantienen tantos subsidios... Y la virginidad ya la perdimos cuando toqueteamos el pacto fiscal.

Los radicales no sueltan la bandera de la energía

Esta faena en el Senado en la tarde del miércoles fue el final de una jornada de altísima rispidez dentro del Gobierno y sus aliados. El final puede verse como un triunfo del acuerdista del ala política, Frigerio-Pichetto-Monzó-Massot, pero también como el fruto de la rebeldía de los radicales, que tienen la sangre en el ojo con el tema de la energía desde enero pasado, cuando Juan José Aranguren lanzó, contra su opinión, la venta de las acciones del Estado en la transportadora monopólica Transener. Fue el debut de Alfredo Cornejo como presidente de la UCR, cargo que alcanzó con la venia de Macri. Duró poco el amor, porque la UCR se paró de manos y rechazó esa venta. Siguió el tarifazo de abril que le terminaría costando el cargo a aquel ministro, y que mostró al radicalismo de nuevo enfrente del Gobierno. Se desató el debate de la tarifa plana y actuaron los mismos protagonistas que en esta crisis. El equipo que hizo el plan que le acercó Cornejo al Gobierno, propone que la mitad del costo del aumento del gas lo asumiese el Gobierno, y que la otra mitad la asumiesen las empresas productoras. Lo lidera el experto Alejandro Einstoss, un economista radical que es asesor del bloque de Mario Negri en Diputados. Este legislador asistió en la mañana del martes a la reunión de Gabinete, donde volaron los reproches a la imprudencia de haber lanzado esa medida sin preguntarle a nadie. Al volver a su despacho, le pidió un informe a su asesor Einstoss. El mismo experto que le había advertido en enero al Gobierno que este año se acumularían aumentos insoportables de tarifas. Negri lo envió a Mendoza, adonde lo esperaba Cornejo, que tiene su propio equipo de expertos en energía. Entre ellos elaboraron la propuesta, que escuchó Nicolás Dujovne desde Bali. Fue en la noche de ese martes, cuando llamó a Negri, mientras cenaba con uno de los ayatolas del radicalismo, cuyo nombre omitimos mencionar aquí, para no distraer la atención del lector. Negri escuchó las prevenciones del ministro (que estaba en esa isla legendaria de Indonesia, por una re--

unión de ministros del G-20), para que la salida no afectase el déficit cero. Todos temblaban por el efecto que esta crisis tendría en el trámite del presupuesto.

Estudian un nuevo sistema de precio fijo en pesos

El Gobierno aceptó la propuesta, aunque, en otros términos. La plata la pone el Estado como un subsidio más, y se la pagará a las empresas productoras en un plan de hasta 30 cuotas. ¿Y éstas no ponen nada? Explican ahora en el Gobierno que se trata de una deuda licuada, porque las empresas cobrarán deudas de abril a octubre de 2018, en 30 cuotas desde octubre del año que viene, con una tasa de mercado. Nunca será lo que eso representaba en los queridos dólares. Es una manera de expresar lo que el documento radical pide cuando habla del esfuerzo compartido. ¿Quién paga más? YPF, que algunos calculan que es el acreedor hasta un 61% de esa deuda. Los detalles los explicó Frigerio a los jefes de bloque del Senado en la tarde del miércoles y, más tarde, a los senadores del interbloque oficial. Ahí advirtió la dureza de algunos radicales que, como Ángel Rozas, parecían más cerca de apoyar los proyectos más ácidos de la oposición. “Sabemos que tenemos que apoyar al Gobierno, pero no puede ser que acá todos estén pagando el costo de la devaluación y que los únicos que se salvan de eso son las empresas de servicios que tienen dolarizado todo”, dijo. Para los radicales esto parece una cuestión teológica. Francisco Mezzadri fue durante años uno de los analistas más finos del sector energético y fue un hombre de consulta de los radicales. Falleció la semana pasada, pero muchos recuerdan que en los últimos meses repetía que el problema de las tarifas en la Argentina no tiene salida porque los valores están dolarizados. Imaginaba en esa explicación —que le escuché en julio pasado y lo reflejé en esta columna— que la única salida que le quedaba al Gobierno era sentarse con las empresas y pedirles que pusieran la de ellos, ya que tampoco era posible desdolarizar los precios. Lo que termina haciendo el Gobierno es algo en ese sentido. Como no hay manera de plantear una desdolarización del precio, el Gobierno trabaja ahora en una fórmula que no pasará por el Congreso. Será una resolución de Iguacel que modifica los regímenes de los años 90 y anula la actualización retroactiva. Si se pacta un precio en dólares, se pasa a pesos y eso no se mueve más. En eso los dejé trabajando el fin de semana.