Ganancias: mayor carga tributaria para las empresas
Mal rumbo. El Gobierno pidió aumentar la presión fiscal para compensar el beneficio a los empleados. La reciente ley llega a niveles casi confiscatorios.
Finalmente, el Congreso Nacional sancionó una nueva ley de reforma parcial del impuesto a las ganancias que tiene impacto en todo el universo de empresas, sean o no pymes. La misma fue publicitada como una reducción del impuesto a las ganancias para el grueso de las empresas.
En el presente articulo demostraremos que esto no es tan así.
Esta nueva reforma implica desandar la última etapa de la anterior reforma, que implicaba establecer a partir del ejercicio fiscal 2021 una tasa del 25% de impuesto a las ganancias que aplicaría para todo el universo de empresas.
Ahora sólo tendrán el beneficio de esa tasa del 25%, las utilidades empresarias que asciendan a $5.000.000. El resto de las modificaciones introducidas por esta reforma aumenta la carga tributaria empresaria. En este sentido, esta reforma a la ley de ganancias se estima que generará un incremento adicional de la presión fiscal sobre el sector privado, de $320.000 millones de pesos.
En adición, estos constantes cambios normativos, sin una visión integral y profesional del sistema tributario, alejan cualquier escenario posible de inversión y, por ende, de crecimiento económico y progreso social.
La estabilidad y armonía del sistema tributario es fundamental para que la dinámica que la propia actividad económica genera pueda administrarse de modo tal que se reduzca la incertidumbre y la complejidad a la hora de tomar decisiones empresarias; decisiones que impactan en la inversión y consecuentemente en el empleo y el desarrollo social.
Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, la Argentina merece tener un proyecto de reforma fiscal integral y de largo plazo, en el cual participen todas las partes que contribuyen al desarrollo económico y social del país, es decir, empresas, trabajadores y Estado (nacional y provinciales).
Esa reforma debe hacer hincapié en simplificar el sistema tributario y eliminar distorsiones creadas por impuestos anacrónicos, como el impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos, como también el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, entre muchas otras cuestiones a replantear.
También debe reducirse el tiempo que las empresas dedican a cumplimentar múltiples regímenes de información y recaudación que distraen recursos de su negocio principal y atentan contra su productividad y la posibilidad de competir en igualdad de condiciones en mercados del exterior.
Dicho esto, vemos que la flamante ley retrotrae la alícuota general de impuesto a las ganancias para empresas a la tasa del 35%.
Esto implica, en la práctica, un aumento de 10 puntos porcentuales respecto a la tasa que hubiese correspondido aplicar a partir del ejercicio fiscal 2021 (25%), según surge de la última reforma tributaria sancionada bajo la anterior administración.
Adicionalmente debe agregarse que, erróneamente, se pretende mantener el 7% de imposición sobre los dividendos, lo que termina generando una tasa máxima total de impuesto a las ganancias del 39,55%, lo que resulta a todas luces excesiva.
Además de lo que implica en términos de cambio de reglas de juego, tal como lo expresamos en párrafos anteriores, este incremento excesivo de la tasa del impuesto debe ponerse adecuadamente en contexto.
La vuelta del 35% de impuesto a las ganancias y el mantenimiento del 7% de imposición sobre los dividendos se producen en un momento de alta inflación, con inadecuados mecanismos fiscales de reconocimiento de sus efectos en las declaraciones impositivas del impuesto a las ganancias, generando, en muchas empresas, el pago de este impuesto sobre rentas nominales ficticias.
El impacto de la nueva tasa se sumaría a otros incrementos de la ya asfixiante presión fiscal, particularmente a los anunciados aumentos de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos.
Por otro lado, en la ley se establecen alícuotas progresivas de impuesto a las ganancias para el mundo pyme, que van desde el 25% al 35%.
La tasa del 25% aplicará para empresas pymes con ganancias netas anuales de hasta $5.000.000, la tasa del 30% aplicará a partir de las ganancias que superen el monto anterior y hasta $50.000.000. Y a partir de este último monto, la tasa aplicable sería la general del 35%.
Como único elemento positivo se puede rescatar que, al ser alícuotas progresivas, por más que una pyme supere los $50.000.000 de utilidad neta anual, recién pagaría el 35% sobre el excedente de dicho monto y no sobre el total de su renta.
Esto evitaría, en principio, la subdeclaración de ingresos por parte de los contribuyentes pyme.
También debemos destacar que, luego de las críticas al proyecto original, realizada en este mismo medio, los montos para aplicar las escalas progresivas han sido aumentados significativamente respecto a aquel (los topes originales eran de $1.300.000 y $2.600.000, respectivamente).
Sin embargo, si a la tasa del 30% —
aplicable a ganancias anuales de entre $5.000.000 a $50.000.000— le aplicamos la retención al dividendo del 7%, la tasa efectiva resulta 34,9%, la misma que aplicaba para todas sociedades previo a las ultimas dos reformas. En definitiva, el beneficio es tal, en la medida en que no exista distribución de utilidades.
Por otra parte, dado el actual contexto inflacionario, debe destacarse que el proyecto recientemente sancionado contempla actualizar por inflación las escalas de aplicación de la alícuota progresiva.
Sin embargo, pese al incremento de estas escalas, si hiciéramos el ejercicio teórico de determinar, por ejemplo, un margen neto del 10% de rentabilidad sobre los límites de ventas que establece la normativa pyme vigente para las diferentes categorías (micro, pequeñas y medianas) y diferentes actividades económicas, veríamos que el beneficio —asumiendo que no se distribuyen utilidades— se diluye para los tramos de empresas medianas (tramo 1 y tramo 2).
En resumidas cuentas, el proyecto sancionado goza de buenas intenciones para el mundo pyme, pero para que tenga un efecto sustancial que compense el peso del resto de impuestos distorsivos que recaen sobre la actividad económica, debería incrementar aún más los límites para que las empresas medianas tramo 1 y 2, también obtengan un beneficio relativo equivalente a las micro y pequeñas.
Respecto al incremento de 10 puntos porcentuales de la tasa de impuesto a las ganancias para sociedades en general y el mantenimiento de la retención sobre las utilidades del 7%, en nuestra opinión resulta excesivo, ya que eleva la tasa máxima efectiva de impuestos al 39,5%; esto es exagerado a todas luces, y más aún si se tiene en cuenta el contexto de altísima
La ley establece escalas progresivas según el nivel de facturación, pero parte de un piso muy bajo.
presión fiscal de las empresas, la inestabilidad económica y la falta actual de incentivos a la inversión.
En nuestro entendimiento, no puede plantearse este incremento sin evaluar la reducción a niveles razonables del resto de impuestos distorsivos aún vigentes.
En la medida en que cada dos años se sigan sucediendo aumentos y parches tributarios, sin una mirada integral y definitiva del sistema fiscal que queremos y necesitamos para nuestro despegue económico, la posibilidad de que los grandes y pequeños inversores apuesten por la Argentina continuará siendo cada vez menor.
Al final de cuentas, los inversores, para invertir y generar crecimiento y progreso social, necesitan una presión tributaria razonable y reglas de juego estables en el tiempo.