EL APAGÓN CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA ARGENTINA
Sin rumbo. Ahora se busca un régimen de excepción para el sector.
La política energética está hoy, en cualquier lugar del mundo, en el centro de la escena, porque vincula aspectos macroeconómicos con sectoriales para enfrentar desafíos que han cobrado un giro inusitado en virtud de tres vértices que no estaban presentes hace tres décadas. Ellos son el cambio climático, la cuestión distributiva y el cambio tecnológico hacia la descentralización y la digitalización.
La Argentina viene de transitar tres décadas que fueron sacudidas por un gran big bang organizativo y regulatorio después de las privatizaciones, que fue seguido en los 2000 por un gran intervencionismo que estuvo, y todavía está, montado sobre las bases nominales de un esquema legal que en parte responde a aquellos cambios de los años 90. La inestabilidad macroeconómica es el cuarto vértice que en la Argentina hace todavía más compleja a la política energética.
Controles de precios que llevan a un festival de subsidios cruzados a través de múltiples dimensiones (entre y dentro de segmentos de demanda, entre regiones), descuartizamiento de mercados mayoristas, subsidios fiscales con la demanda que no puede pagar costos demasiado altos, insostenibilidad financiera en la cadena de pagos, estructuras impositivas a la energía descoordinadas, grupos de presión operando en varias dimensiones para defender sus intereses, sectoriales y regionales, que arman “ventanillas” de transferencias fiscales a cada paso.
La Argentina tiene todas las comorbilidades energéticas que uno se pueda imaginar en medio del problema global que ataca a la política energética y la organización del sector y lo sacude e interpela aun en los países con macroeconomía estable e instituciones regulatorias en relativo buen funcionamiento. Para colmo, tiene un exceso de hidrocarburos en su matriz de consumo en un mundo que va para otro lado y que nos va a exigir mostrar alguna convergencia.
Pero este no es el problema principal. El problema principal es que la Argentina es un barco a la deriva en materia energética porque cayó en una grieta conceptual y no sabe para dónde ir y cómo organizarse frente a los desafíos. No se trata de recursos o de capital humano en el sector, la Argentina tiene ambos. Lo que hay es un terrible apagón conceptual sobre cuál tiene que ser el modelo organizativo y regulatorio. Esto es una grieta conceptual que afecta a gobierno y oposición. En el oficialismo hay una secuencia observada de acciones y declaraciones que apuntan a mandar a la eutanasia al esquema organizativo que legalmente todavía tiene el país. Uno no sabe si esto es a la espera de cambiar leyes o dejar que regresemos, por default, al archipiélago de los monopolios estatales.
Del lado de la oposición hay una gran confusión, producto de que no se ha hecho un balance adecuado de los errores que se cometieron en la gestión anterior. A pesar de que se acomodaron precios, se redujeron subsidios, se introdujo un impuesto a las emisiones de carbono y se crearon algunos mecanismos útiles de subastas, nunca se pensó en un verdadero esquema de organización sectorial ni se visualizó que el cierre de subsidios necesitaba un manejo y una interfase macro-energía que evitara lo que fatalmente ocurrió con las tarifas.
Esta falta de autocrítica estratégica no sería tan grave si no fuera porque en realidad se cree que no se cometió ningún error. El problema ya no es que el kirchnerismo se haya ahora repetido a sí mismo con los subsidios a la energía. El problema es que la oposición también se perfila para repetirse a sí misma. La Argentina no tiene esquema a largo plazo en energía y está atrapada entre dos equilibrios inestables. Es la alternancia de dos esquemas que no pueden hacer pie.
La macro es la madrina de este entuerto, pero no explica la totalidad del problema ni tampoco su solución es una condición suficiente para afrontar los desafíos de los tres vértices (cambio climático, desigualdad y cambio tecnológico) que sacuden al sector y al compacto legal-regulatorio. La macro es la madrina del desatino que por ahí vamos a ver hecho realidad si la nueva ley petrolera se arma como un rompecabezas hecho a medida de un festival de distorsiones.
La producción de hidrocarburos tuvo un cambio en 2014 para acomodar recursos no convencionales a los derechos de propiedad concesional, que varios economistas criticamos porque pensamos que había una alternativa más pro competencia e inversión y entrada de nuevos actores, pero que uno podía aceptarla como una solución de segundo o tercer mejor orden. Ahora el escenario se prepara para otra reforma que permita dar alguna insularidad como compensación de una macroeconomía desequilibrada. Esta es la respuesta de un conjunto innecesario de reglas compensatorias aplicadas a un sector que para atraer inversiones necesita tener precios de frontera, disponibilidad de hidrocarburos y un régimen cambiario idóneos.
Este es el trilema de la muerte para la interfase macro y energía en la Argentina. El país está mal en estas tres dimensiones y no hay compensaciones o riqueza hidrocarburífera que haga funcionar bien al sector. Funcionar va a funcionar, pero de un modo oneroso para el ingreso nacional. Nos va a llevar a poco desarrollo, a un costo muy alto.
Como si esto fuera poco, otro vértice central del problema, el cambio climático, se nos viene encima y necesitamos mucho ingenio y capacidad de diseño de mecanismos para enfrentar los desafíos que este año ya están apareciendo en distintos foros. No lo tenemos.
El mes pasado la Agencia Internacional de Energía de la OECD sacó proyecciones del rebalanceo de las matrices energéticas al 2050 que muestra una velocidad de cambios esperados que no tiene precedentes y deja en ridículo a los escépticos o seminegacionistas que dicen que eso no va a ocurrir en base a la dinámica de los últimos 200 años. Y la semana pasada dos altos miembros del staff del FMI salieron con una propuesta de una coordinación internacional empezando por el G20 (similar a la adoptada en el impuesto a las ganancias de las empresas) de un impuesto al carbono en 75 dólares la tonelada que va a tener consecuencias notables sobre la fijación de precios a la energía a nivel internacional.
Esto a nosotros nos deja terriblemente en off side ya que a los precios locales del gas (que en la Argentina fue excluido del impuesto al carbono) y la electricidad, más que duplica los subsidios que otorga la Argentina. Son estos cambios en ciernes los que requieren, de modo urgente, que la Argentina tenga una política energética acorde a los tiempos.
El cambio climático se nos viene encima y hay que diseñar mecanismos para enfrentarlo.