EL DÓLAR SOJA: BENDICIÓN PARA ALGUNOS, PESADILLA PARA OTROS
Todos los indicios apuntan a un dólar soja 3 en marzo/abril cuando salga de los campos una cosecha de muy bajos volúmenes. Y si bien los dólares soja 1 y 2 permitieron fortalecer las reservas y despejar un posible horizonte de salto devaluatorio abrupto, resultó un inconveniente para numerosos sectores productivos. La mejora del precio en la soja arrastra a otros granos como el maíz, llevando a situaciones insostenibles a tambos, feedlots y la industria avícola. Otra industria afectada es la del biodiésel ya que al subir el precio de la soja, sube el del aceite de soja, insumo a partir del cual se elabora el biodiésel que luego será mezclado con el diésel de hidrocarburos para llegar a los surtidores. Con el dólar soja, el aceite de soja pasó de 850 a US$1.100 la tonelada, un incremento en los costos que no puede ser trasladado al precio del biodiésel, ya que el mismo es regulado por la Secretaría de Energía. ¿El resultado? Disminución en la producción y paralización de plantas. A eso se agrega la falta de disponibilidad de aceite para el primer trimestre, ya que las productoras y exportadoras están retaceando el producto a la espera del dólar soja 3.
Aunque se sostiene desde el Centro de la Industria Lechera que no va a faltar materia prima, la sequía ha castigado a los tambos. Más aún, de acuerdo a la Mesa de Enlace, cerraron unos 400 establecimientos el último año. En ese contexto y con una producción que en un 75% se destina al mercado interno, se desató una guerra entre las industrias por obtener mayores volúmenes. La canadiense Saputo arrancó pagando $2 más por litro a los productores. La compañía con su corazón en Quebec y dirigida por Lino Saputo Jr. ha señalado a EE.UU. y Australia, y, en menor medida, a Canadá y el Reino Unido, como posibles objetivos para el cierre de plantas y asegura que con lo obtenido mejorarán la eficiencia en otras regiones como Argentina.
El mecanismo para sumar dólares significó aumentos de costos para otras cadenas de valor.
La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), una de las principales exportadoras y, a la sazón, el motor de Coninagro, una de las entidades de la Mesa de Enlace del campo, creó Agrocanje, una especie de Mercado Libre para la compra y venta de maquinaria agrícola usada. Se unieron a MaquinAR para que en las operaciones también se pueda pagar con granos, lo que permite un ahorro en la retención de IVA, Ganancias y gastos bancarios.
A la Argentina le falta mucho para lograr la confianza que tiene Uruguay en los mercados internacionales, pero hay algunas firmas que siguen el camino en la búsqueda de financiamiento en energías verdes. Genneia, la líder en generación de energías renovables de las familias Brito, Carballo y el fondo de Darío Lizzano, entre otros, colocó Obligaciones Negociables por US$73 millones, superando su objetivo inicial de US$60 millones. Ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de ByMA, la bolsa de valores local. Genneia es el principal emisor de estos instrumentos financieros. Aún queda un largo camino para alcanzar los bonos verdes uruguayos cuyos rindes que están atados al cumplimiento de metas en términos de crecimiento de bosques nativos y descenso de emisiones. Lo obtenido será utilizado para el financiamiento de la construcción de la primera etapa del proyecto eólico La Elbita (103.5MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en San Juan. Ambos proyectos producirán energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales y contribuyen a reducir la huella de carbono.
Argentina ha vuelto al radar en algunos sectores. Un ejemplo es el hidrógeno verde, el obtenido a partir de las energías renovables. Es el caso de la australiana Fortescue Future, que tiene avanzado su proyecto para producirlo en Río Negro. Pero como también sucede en el caso de las plantas para la licuefacción del gas, requiere un marco legal. Así, le hicieron llegar a la Casa Rosada lo que debería contener esa ley: un esquema de estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal, estabilidad cambiaria y arancelaria, ingreso al mercado libre de cambio y disponer de lo producido por sus exportaciones libremente. También solicitan un plazo de vigencia del régimen promocional no inferior a 30 años como sucede en la minería. Todo indica que la definición de esta ley queda para el próximo gobierno.