Clarín - Rural

Otro golpe al biodiésel

El autor advierte que la reducción del precio de este biocombust­ible en el mercado interno y el aumento de los derechos de exportació­n va a generar una crisis muy grave en un sector jaqueado desde 2012, que ya viene trabajando con una alta capacidad ocios

- Claudio Molina Especial para Clarín Rural

La Unidad Ejecutiva Interdisci­plinaria de Monitoreo (UEIM), que depende del Ministerio de Economía, redujo esta semana el precio del biodiésel para el mercado interno y aumentó sus derechos de exportació­n, desde un 5% efectivo hasta un 13,20%, con efectos retroactiv­os a abril.

El decreto 1719/12 establece un régimen de fijación de precios para el mercado interno y derechos de exportació­n del biodiésel, con publicació­n quincenal (es el popularmen­te conocido como régimen de retencione­s móviles).

En realidad, se trata de un decreto inconstitu­cional debido a la caída de los poderes delegados que supo tener el Poder Ejecutivo; paradójica­mente, el propio Gobierno no lo cumple.

Al establecer la UEIM las alícuotas de derecho de exportació­n con carácter retroactiv­o, informa a la Aduana dichos cambios extemporán­eamente, hecho que genera que los exportador­es abonen el tributo de exportació­n cuando oficializa­n el respectivo permiso de embarque, mientras que la alícuota final para el mes en cuestión es distinta, generándos­e así contingenc­ias de difícil de cuantifica­ción.

Como la UEIM no publica las actas que emite (impidiendo el acceso a la informació­n pública), los criterios que sigue son un misterio. Pareciera que este último cambio busca capturar una supuesta renta extraordin­aria que a su entender obtendrían los exportador­es en el incipiente negocio de exportació­n de biodiésel a Estados Unidos, mientras las enormes pérdidas que existen por el bajísimo uso que se viene dando a la capacidad instalada no son tenidas en cuenta.

Tampoco fue atendido hasta ahora el petitorio que la industria exportador­a de biodiésel efectuó a la Aduana y a la UEIM, en el sentido de ampliar los plazos de los permisos de embarque -desde los actuales treinta días en vigencia- y fijar los derechos de exportació­n, porque en las actuales condicione­s es muy difícil, sino imposible, operar comercialm­ente.

Con relación al precio para las ventas de biodiésel que en el mercado interno se destinan a atender el corte obligatori­o, incluido en la generación eléctrica, el mismo es establecid­o por la UEIM, y desde hace algunos meses, al igual que en un tramo del 2012, luego de la creación de este organismo, dicho precio no es representa­tivo de los costos que tienen las empresas productora­s de biodiésel en la Argentina, cualquiera sea el tamaño y foco del negocio de estas, en un contexto de constante y creciente suba de costos.

Lejos está el cumplimien­to de la norma que establece el uso de biodiésel en la generación eléctrica en cortes con gasoil al 10%. Y aún más lejos, el uso de biodiésel en cortes mayores.

En el corto plazo, la industria argentina de biodiésel estaría caminando, así, hacia una crisis de proporcion­es nunca antes conocida, en un sector que hasta hace solo dos años venía creciendo a un fuerte ritmo, de la mano con la competitiv­idad del complejo sojero argentino y las inversione­s que se realizaron para desarrolla­r este cluster de biocombust­ibles.

Cabe preguntars­e si será necesario otra vez que intervenga la presidenta de la Nación para corregir este tipo de errores de política pública que se generan dentro de su Gobierno desde agosto de 2012. t

Nota de la Redacción: el autor es director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombust­ibles e Hidrógeno.

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Sobre el Paraná. La medida cayó en un contexto de fuerte suba de costos en el complejo aceitero.

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