Ya estuvimos ahí…
Como el fantasma de Santos Vega, la sombra doliente de las retenciones sigue corriendo sobre la pampa argentina. La semana pasada el propio presidente Mauricio Macri había vuelto a desmentir los rumores de que estaba en estudio modificar el cronograma de reducción de los de la soja. Sucedió después que se revelara que la medida había sido sugerida por el FMI, lo que –de ser cierto- resaltó la convicción de Macri al respecto.
Pero apareció el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, y dijo sin ambages que, “mientras dure la crisis”, había que dejar los derechos de exportación donde estaban. Se generó un alboroto importante, porque ahora el debate abría una grieta en el seno de la coalición de gobierno. Cuando los dichos de Morales tomaron estado público, algunos economistas históricos del radicalismo sumaron rápidamente argumentos en favor de la gabela.
Y nuevamente Macri les salió al cruce. El miércoles, en una conferencia de prensa después de una difícil jornada, fue contundente: lo que necesita el país es exportar. Convocó a multiplicar los esfuerzos, en todos los ámbitos, para aumentar el flujo exportador. Cualquier cosa que afecte a las exportaciones debe ser erradicada, mencionando explícitamente a las retenciones. El ambiente quedó despejado, al menos para la próxima campaña agrícola.
La soja, el único producto afectado, paga actualmente el 26,5%, que se reducirá al 24% a fin de año, y al 18% a fines del 2019. Después, no se sabe. El maíz, el trigo, el girasol y los demás productos no pagan derechos de exportación desde que asumiera el nuevo gobierno, en diciembre de 2015.
La gran pregunta es cómo impactaría la eliminación de este impuesto en el proceso productivo. Ya hemos explicado que el mayor problema es que atenta contra la inversión en tecnología, al afectar la relación insumo/producto. Un dólar más barato por lo que se vende que por lo que se compra. Esto lleva a una menor intensificación, es decir, menores rindes.
Hace 35 años, los expertos Enrique Gobbée y Eduardo Serantes coordinaron un estudio denominado “El complejo agro-industrial argentino como factor de crecimiento económico”. Sus autores fueron Marcelo Castro Corbat, Abdón Lizaso Bilbao, Esteban Takacs y el propio Gobbée, y se denominó “Informe 84”. Surgió como una propuesta al flamante gobierno radical de Raúl Alfonsin, quien asumió con una enorme expectativa política y económica. Pero a poco andar cayó en la tentación de echar mano a los recursos del agro, a través de retenciones y tipos de cambio múltiples. La producción venía creciendo, llegando a 40 millones de toneladas y con exportaciones que habían pasado de 1.500 a 7.000 millones de dólares.
El documento mostraba que si se eliminaban los derechos de exportación y se apostaba a la agroindustria, en cinco años subiría un 50% la producción y el ingreso de divisas. Es decir, se llegaría a 60 millones de toneladas. No había mucha soja, “apenas” 7 millones de toneladas, pero se percibía un horizonte espectacular para la proteoleaginosa.
Pero predominaron las urgencias, disfrazadas de concepciones ideológicas. Las retenciones fueron subiendo y el dólar agro bajando. El resultado fue que cinco años después, la producción caía a 30 millones de toneladas. Sobrevino una profunda y peligrosa crisis económica y el doctor Alfonsín no alcanzó a completar su mandato. El Banco Central se había desangrado.
Cuando desaparecieron las retenciones, en los 90, en cinco años la producción se duplicó. Fue más de lo que pronosticaba el Informe 84. Después vino el experimento K, un pie en la puerta giratoria. Por eso, cuando el coro agorero machaca nuevamente con la idea de los derechos de exportación, conviene recordarles: “ya estuvimos ahí”.