Las inundaciones y el rol del Estado
El autor analiza la jurisprudencia que existe en Buenos Aires por las causas judiciales que siguieron a los anegamientos que se agravaron por obras hídricas.
Las inundaciones originadas por la mano del hombre son ilícitas y las administraciones públicas nacional y provincial tienen el deber de impedirlas . Ello se revela en la Constitución Nacional: “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho [ambiente sano], a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica…”.
La jurisprudencia refleja el hecho de que la provincia de Buenos Aires, por obras hidráulicas, posee responsabilidad por daños causados a particulares, quienes reciben masas de agua reorientadas hacia zonas del territorio provincial que, a juicio oficial, tienen menor capacidad productiva.
La Corte Suprema ha condenado a la provincia, “...ya que, si bien las obras fueron encaradas con el propósito de impedir que los efectos negativos de la inundación afectaran centros poblados o zonas rurales de alta productividad, la provincia demandada no pudo probar de forma que excluyera su responsabilidad que las obras mantuvieron el natural escurrimiento de las aguas o que éstas inevitablemente hubieran irrumpido en el campo del actor” (caso “Prada”, 1993).
La condena se decidió también por “... la derivación de una importante masa de agua con el fin de evitar su llegada a la laguna Alsina por el arroyo Sauce Corto [que] fue llevada a cabo imperfectamente por sus autoridades [que] incrementó considerablemente el caudal del Arroyo El Huáscar” (caso “Posse de Daireaux”, 1988); y “Si la destrucción del edificio, la pérdida del terreno y mejoras y enseres existentes en un lote de terreno con vivienda ubicado en la localidad de Epecuén, donde el propietario accionante tenía su hogar, que debió abandonar ante la inundación que arrasó la ciudad tuvo su causa en la actividad desarrollada por las dependencias de la Provincia de Buenos Aires” (caso “Bernardo Ciddio”, 1993).
La continuidad del daño también ha sido tomada en cuenta: “Mientras subsistan las condiciones de afectación, lo que implica reconocer y se reconoció el derecho de sus propietarios inundados a efectuar nuevos reclamos si la inundación perdura o se repite” (caso “Terrero”, 1995).
En fallo posterior (“Serenar”, 24/02/04) el Alto Tribunal ha seguido la tesis inicial, decidiendo: “Que las conclusiones del ingeniero Barrionuevo justifican la opinión del Tribunal expresada en la causa S.143.XX. ya citada, en la cual quedó asentada la gravitación de las obras antrópicas y en particular del canal de desagüe pluvial y cloacal que proviene de la localidad de Carlos Casares —cuyo destino final, como se dijo entonces, era la laguna La Dorita— en un proceso que el perito interviniente en esa causa, ingeniero Bornancini, consideró ‘inevitable porque no existen en las inmediaciones cuerpos receptores de uso público a los cuales conducir el afluente cloacal tratado’“.
El repertorio de sentencias es innumerable e incluye las dictadas por la Suprema Corte provincial, debiéndose advertirse también que hay fallos que desligan toda responsabilidad a la Provincia.
Deberían plantearse otros temas que hacen al núcleo del perjuicio por inundaciones: ¿hay daño moral?; ¿puede reclamarse el lucro cesante “pretérito”?; ¿es indemnizable el “valor tierra”?; ¿cómo se han rechazado demandas por el transcurso del tiempo para demandar (prescripción)?
Las respuestas podrán ser dadas con la interpretación de jueces y abogados, pero seguirá faltando la visión integral, multidisciplinaria, no sólo jurídica, de un problema que deberá entenderse junto con las sequías; que reconozca la preexistencia y prioridad jurídica del ciclo hidrológico.