En línea con la tendencia global
Hace catorce años, tuve la oportunidad de asistir a la firma del decreto reglamentario de la ley 26093, que inauguraba la era de los biocombustibles en la Argentina. Quien lo firmó fue el entonces presidente Néstor Kirchner, acompañado por su ministro de Infraestructura Julio De Vido, y el Secretario General Carlos Zannini.
El objetivo fue alinearse con la demanda ambiental, consolidada en los acuerdos para combatir el calentamiento global.
Pero en lo concreto, se convirtió en una de las pocas (si no la única) medidas de política agropecuaria que claramente favorecieron al sector, al implantar el corte obligatorio del gasoil con un mínimo de 5% de biodiesel, y la nafta con 5% de bioetanol. La ley había sido sancionada después de un memorable paso por el senado, donde su titular Daniel Scioli logró el voto unánime de todo el cuerpo, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner.
La promulgación de la ley desencadenó un fuerte proceso de inversiones en el interior del país. Según informa Claudio Molina, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e
Hidrógeno, desde ese momento se levantaron 54 plantas de biocombustibles e instalaciones anexas, con una inversión de 3 mil millones de dólares. Ello permitió entregar al mercado interno 11 millones de metros cúbicos de biodiesel en sustitución de gasoil, y otros 7 de bioetanol (mezclado en la nafta), por una cifra superior a los 9 mil millones de dólares. Significó además crear nuevos mercados para las materias primas agrícolas, que en su mayor parte se exportan sin valor agregado adicional. Convertir el aceite en biodiesel y el maíz en etanol significa quitar producto del mercado internacional. Son dos productos (en particular el aceite de soja) donde la Argentina es formadora de precios. A mayor oferta, cotizaciones más bajas.
Pero la ecuación económica no es lo más impactante, aunque conviene agregar que esto fue también ahorro de divisas, ya que se han sustituido importaciones por ese monto. Hay varias cuestiones cualitativas: la política de biocombustibles fue el único aporte significativo del país en materia de emisiones. Y además iniciaba la cuenta regresiva en la era de los combustibles basados en petróleo, que no solo generan daño ambiental sino también afectación de la salud. A su vez diversificó la matriz energética, dando lugar a nuevos actores en un negocio hasta entonces de pocos players.
Bueno, la ley 26093 llega a su término dentro de un mes. Hay un fuerte debate con final incierto. Las provincias de base agropecuaria, lideradas por Córdoba, están dando una batalla para profundizar en el camino. Pero el área de Energía está en manos de las provincias petroleras. Vaca Muerta pone una impronta muy fuerte.
Los cruces son fenomenales. El diputado rosarino Marcos Cleri, del riñón kirchnerista, impulsa un proyecto de ley que implica una marcha atrás absoluta en el camino emprendido. Esto le valió una fuerte pelea con el gobernador santafesino Omar Perotti. La provincia de Santa Fe alberga al 90% de la capacidad de producción de aceite, materia prima del biodiesel, y es la número uno del mundo en glicerina refinada, subproducto de la elaboración del biocombustible. La glicerina es el insumo crítico del alcohol en gel, junto al etanol.
Mientras tanto, el mundo avanza con los biocombustibles en todas las versiones. Estados Unidos y Brasil redoblan la apuesta en movilidad con etanol y biodiesel. Más biogás con productos agrícolas y efluentes. Lo mismo en Europa. La Argentina está exportando semilla de Carinata a Francia, donde elaboran combustible para aviones. La transición hacia la movilidad eléctrica no será tan rápida, y los biocombustibles siguen siendo considerados como la alternativa indispensable. Con este panorama, el mejor escenario sería una prórroga de la actual ley por un plazo razonable, que permita un debate serio y profundo. Para seguir alineados con la tendencia global.