Es una pelea por el mango de la sartén (caja y poder)
La agroindustria pide reglas claras. Pero el oficialismo necesita dinero, y culpables de la creciente inflación.
“Es un Gobierno intervencionista y arbitrario”. La frase no es de un opositor. La dijo ayer Carlos Iannizzotto, el presidente de Coninagro que en enero rechazó el paro del campo contra el Gobierno.
El cambio de opinión de este dirigente marca un punto de inflexión. Y refleja la tensión que copó la escena entre los diversos protagonistas de la amplia cadena agroindustrial.
Luego de “una semana de furia”, en especial por la exigencia de declaraciones juradas para exportaciones cárnicas (DJEC), que trajo el recuerdo de los nefastos ROE (Registro de Operaciones de Exportación), la secretaria de Comercio, Paula Español, advirtió que “está en análisis” un aumento de las retenciones, como mecanismo para contener la inflación.
Fue como una gota que rebasó el vaso, a pesar de que los derechos de exportación no podrían incrementarse demasiado, según lo establecido hasta fin de año por ley del Congreso. La soja está en el límite de 33% y los demás productos agroindustriales no podría superar el 15%. El maíz y el trigo están en 12% y la carne en 9%.
“Estas declaraciones atentan contra la confianza que el Gobierno debe generar para que produzcamos más”, explicó Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que también bregó para mantener puentes con el Gobierno, particularmente en el marco del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde se ha pretendido pasar de la protesta a la propuesta. Esa idea no está acabada, pero sufre el desgaste de los halcones como Español.
Hay ruralistas que ayer empezaron a recordar el inicio de las protesta de 2008, por la Resolución 125. En los grupos de Autoconvocados se hizo catarsis con un hartazgo similar al de los tiempos en que gobernaba Cristina Kirchner.
La Mesa de Enlace se había declarado en alerta desde el lunes y el jueves aceptaron la invitación a una reunión virtual con el ministro Luis Basterra, que los dejó con gusto a poco.
“En vez de responder nuestras dudas por las medidas que tomaron, nos explicaron un plan ganadero. No entienden que el mejor plan es dar estabilidad y previsibilidad a los productores”, dijo tras ese encuentro Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El telón de fondo de estos desencuentros son dos visiones de la realidad en contradicción. La agroindustria pide reglas claras y sustentables. Y el Gobierno busca manejar los números de la economía, especialmente la inflación, y apunta al campo tanta para recaudar como para acusarlo de los problemas de poder adquisitivo en la mesa de los argentinos.
Al respecto, David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), aseguró que “la inflación no tiene relación con los precios internacionales, ni con los de la carne, ni con lo de los granos, sino que es un problema estrictamente monetario. Lo que generó la inflación es la ampliación de la base monetaria, los pesos que se imprimieron y distribuyeron para financiar el déficit fiscal del año pasado y el actual”.
Miazzo indicó que “no sube el precio de la carne o del trigo, baja el precio de la moneda”. Este tipo de criterios técnicos son los que, durante meses, la agroindustria ha tratado de consensuar con el ala más dialoguista del Gobierno. Pero ahora están ganando convencimiento quienes creen que el poder K sólo ve al campo como proveedor de aportes fiscales, que transfiere a sectores afines de la ecomomía.
Nadie discute que es el mayor aportante de dinero. El mango que se tironea es el de una imaginaria sartén en la que se define tanto el manejo de la caja como el poder. En ese contexto, se inscriben desde las “medidas anti-inflacionarias” hasta las retenciones. Se pelea por el control.
Como si la previsibilidad, necesaria para aprovechar las oportunidades que el mundo ofrece a lo que mejor produce la Argentina, fuera una bandera de guerra. La agroindustria quiere trabajar en libertad y con certezas, en una actividad de plazos largos. Pero el Gobierno actúa sobre la coyuntura y, para despejar sus incertidumbres, condiciona a quienes menos dependen del Estado.
En una sociedad democrática, este tipo de discusiones se resuelven en las elecciones. Y cada vez son más los referentes del campo que ya piensan en la competencia en las urnas para saldar la grieta sobre visiones que, en tiempos de crisis, se vuelven más antagónicas.