El Congreso posterga el desarrollo agroindustrial
Por la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición para sesionar el proyecto perdería estado parlamentario.
El proyecto de Ley Agroindustrial, que impulsaría el desarrollo del sector, se encuentra en peligro por la inminente pérdida de su estado parlamentario. ¿Cuál podría ser su contribución y cómo se puede rescatar este importante proyecto?.
Más que nunca, nuestro país necesita de los dólares del sector agropecuario y paradójicamente la ley que podría desarrollar la cadena agroindustrial, reemplazando la exportación de materias primas por productos industrializados, se encuentra bloqueada por la disputa política entre oficialismo y oposición, en el Congreso Nacional.
El proyecto de fomento de la agroindustria fue ideado por el Ejecutivo Nacional y presentado en 2021, por lo cual a fines del período de sesiones extraordinarias perdería su estado parlamentario y sería retirado del debate legislativo.
Mientras el Frente de Todos dio pasos en comisiones y busca acelerar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la oposición no daría el quórum necesario para sesionar, sacrificando este importante proyecto económico por la parálisis del órgano legislativo.
De no contar con dictamen favorable y media sanción de una de las cámaras antes del 28 de febrero, el proyecto perdería la oportunidad de ser ley, y de impulsar la cadena de valor de productos agropecuarios.
En este contexto no solo está en peligro el fomento de la inversión en la agroindustria, si no con ello el otorgamiento de importantes beneficios impositivos que bien podrían revertir rápidamente los efectos del desastre agropecuario por sequía, que afecta la producción ganadera y agrícola en el centro del país.
Argentina cuenta con la capacidad de alimentar más de 300 millones de personas, cinco veces más que su población, y a todo ello sumarle al valor agregado de una cadena agroindustrial, a fin de reducir sus exportaciones de commodities, y reemplazarla por la producción y exportación de alimentos.
En el marco de este potencial, es que se justifica el proyecto de fomento de las inversiones en agroindustria; sector con capacidad de generar numerosas y tan necesarias fuentes de empleo genuinas y estables, en la misma medida en que, se ingresarán mayor cantidad de divisas por aumento de las exportaciones y el equilibrio de la balanza comercial.
El proyecto mejorado y aceptado por todos los actores cuenta con 4 principales ejes temáticos:
• Beneficios para las inversiones en bienes durables, maquinaria y equipo agrícola.
• Promoción de la actividad ganadera y producción cárnica.
• Incentivo a la aplicación de la tecnología en el sector.
• Desburocratización estatal y adopción del fideicomiso, como estructura segura de agrupamiento y desarrollo de proyectos.
Si bien el proyecto es breve en cuanto a la cantidad de artículos, todos ellos fueron durante dos años trabajados y contarían con el consenso entre oficialismo y sectores agroindustriales, siendo una nueva oportunidad para desarrollar una cadena de valor agregado de los productores del sector agropecuario, y pasar a una nueva etapa de agroindustria.
De ser sancionada la ley, la agricultura obtendría beneficios fiscales e impositivos por amortización temprana de bienes durables, recupero del IVA por compra de maquinaria y equipos agrícolas, junto con el tratamiento impositivo especial para la compra de semillas y fertilizantes.
Por su parte, la ganadería, volvería a tomar impulso y protagonismo luego de años de estar relegada. Dentro de este sector se verían ampliamente impulsadas las actividades de invernada y engorde vacuno, por los beneficios impositivos previstos, pero también por buenas señales que se vienen recibiendo en cuanto al aumento de la demanda de carne y la aplicación de buenas prácticas de manejo reproductivo y sanitario.
Lamentablemente, no se visualiza un camino favorable que permita reflotar el proyecto, debido a que oficialismo y oposición se encuentran entrelazados en la disputa por el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, que paraliza al Congreso y que es una muestra más de la bajeza institucional en la que ha caído nuestra política.
El 2022 se cerró con uno de los peores balances en materia de producción de normas, con cada vez más leyes de menor relieve y sobre temas estériles y extraños para la agenda de la sociedad y de los sectores productivos, porque nada nos hace suponer que esta importante iniciativa pueda convertirse en ley. ■
Nota de la Redacción: el autor es miembro del Departamento de Derecho Corporativo de Grispo Abogados.