Protección para los archivos
Marcha atrás. Finalmente, fueron derogados los artículos 8° y 9° de la polémica resolución 44/16, que permitía que cualquier funcionario con rango de Director Nacional decidiera el descarte de archivos públicos, tras su digitalización. Como antes, el Archivo General de la Nación -con protocolos estrictosserá el responsable, en última instancia, de decidir qué se descarta y qué no.
La polémica se disparó a partir de dos disposiciones recientes que, en nombre del proceso de “despapelización” de los organismos públicos, apuntaban a la reducción de los archivos..
En esa línea, la resolución 44/16 de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización de la Nación, publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 2016- y un edicto del Archivo General del Poder Judicial de la Nación –N° 5795/17-, de febrero de este año, dejaban en manos de funcionarios del Poder Ejecutivo, en el primer caso, y del Poder Judicial, en el segundo, la posibilidad de“depurar”( o sea, destruir) documentos públicos del período 1942-1982.
Para descartar el material era suficiente la autorización de un funcionario “con rango no inferior a Director general o nacional perteneciente al organismo o jurisdicción en que estuviera archivado el expediente”. En la práctica, un mando medio.
Historiadores, investigadores y archivistas salieron a repudiar estas medidas. Denunciaron que ponían en riesgo valiosos documentos históricos, acaso perdidos entre toneladas de papeles.
El señalamiento de los historiadores se materializó en el “Petitorio de Resguardo del Patrimonio Histórico Nacional”, que reunió más de 10 mil adhesiones. Los firmantes pedían que se resguardaran, al menos, los expedientes del período 1974-1983, correspondientes a la última dictadura militar y a los dos años previos
“La derogación de los artículos más problemáticos es una noticia muy positiva, vuelve a ser competencia del Archivo General de la Nación el destino de los documentos públicos” explica a Clarín Marcela Ternavasio, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.
El AGN tiene como función resguardar la documentación que la ley le confía “para la eternidad”.
“Ahora habrá qué evaluar qué definen el Ministerio de Modernización y el AGN sobre de quién depende el ‘descarte’, pero se abrió una instancia de diálogo. Esperamos que el debate se profundice ”, dijo la historiadora.