Clarín

Entre el Rodrigazo y el Cristinazo

- Ricardo Carpena

Cómo será el escenario donde se desarrolla­rán las paritarias de este año.

Al hablar de las paritarias, la Presidenta fue muy explícita: “Si el Gobierno homologara esas solicitude­s que benefician a algunos gremios y dejan sumergidos a otros, cometería un error que llevaría a la Nación a un nuevo estado de desequilib­rio”. El titular de la CGT, por su parte, advirtió: “Yo mantengo que por el 38% no se puede firmar nada”. Y desde la oposición, el titular de la UCR criticó a la Casa Rosada porque en este tema “tiende al aislamient­o y abandona el diálogo por las decisiones unilateral­es”.

Pero a no alarmarse ( o sí): estas frases no fueron dichas en estos días por Cristina Kirchner, Hugo Moyano y Mario Barletta, sino en 1975 por Isabel Perón, Casildo Herreras y Ricardo Balbín, respectiva­mente. Y si tienen vigencia es porque remiten al momento del país en el que las paritarias se negociaron en un escenario de alto contenido político, enormes presiones sindicales y explosivas variables económicas.

¿Igual que ahora? No exactament­e, aunque la reaparició­n del fantasma del Rodrigazo, esta vez en boca de un firme aliado del oficialism­o como el titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, obligó a buscar algunas simetrías, que no son pocas, entre este caldeado comienzo de 2013 y aquel infernal 1975. Y por eso la sola mención de aquella crucial pulseada entre el gobierno peronista y el sindicalis­mo, que terminó con el poder político retrocedie­ndo, delineó el peor cuadro posible para el kirchneris­mo.

Cristina Kirchner no es Isabel Perón, Hugo Moyano no es Lorenzo Miguel y Guillermo Moreno no es López Rega, por más semejanzas que se detecten, pero estamos ante la discusión salarial más dura y más condiciona­da políticame­nte de los últimos años, con la presión de tres centrales obreras opositoras, una inf lación en alza y un ajuste de los salarios mediante el Impuesto a las Ganancias y los topes a las asignacion­es familiares.

¿ Qué hace el Gobierno? Apela al “Cristinazo”: sin la red de una política integral, parece haber tomado la limitación de los aumentos salariales como el eje de su estrategia antiinflac­ionaria. Cuando recibió hace una semana a la CGT Balcarce, el ministro Carlos Tomada no se animó a hablar del tope del 20% y sólo llamó a la “prudencia”.

En la práctica, como sucede desde hace años, los funcionari­os siguen alentando el camuf laje de las paritarias que superan los límites deseables: el gremio bancario, por ejemplo, tuvo que firmar dos actas para formalizar su f lamante acuerdo salarial, una en la que consta el aumento del 20% que quiere el Gobierno y otra en la que se estipula una compensaci­ón de 770 pesos “por única vez”, que suma 4,2 puntos a esa mejora.

Aun así, el acuerdo tiene una vigencia de sólo tres meses y Tomada advirtió que “sólo homologará acuerdos de vigencia anual o plazos mayores”, en consonanci­a con lo que reclamó ayer Daniel Funes de Rioja, de la UIA (más informació­n en página 4). El Ministerio de Trabajo buscará solucionar­lo hoy, cuando reciba al gremio que lidera Sergio Palazzo y a los empresario­s del sector: la vigencia de las paritarias bancarias será el caso testigo que condiciona­rá al resto. El sindicalis­mo opositor quiere negociar en forma semestral para ganarle a la inf lación, incluso en sintonía con Smata, enrolado en la CGT oficialist­a.

La lucha por las “paritarias libres” dominará la agenda 2013 de la CGT Azopardo, la opositora, que pasado mañana volverá a reunirse. Moyano reflotará en el encuentro la marcha al Congreso contra los topes en las asignacion­es familiares y decidirán si se suman al acto que los familiares de las víctimas de la tragedia de Once harán el 22 de febrero en la Plaza de Mayo.

Para sus rivales de la CGT Balcarce, la oficialist­a, toda la expectativ­a está puesta en el encuentro que una comitiva de no más de cuatro dirigentes tendrá con la Presidenta. Allí procurarán la palabra final para que avance la reforma integral del Impuesto a las Ganancias, que requerirá de un proyecto de ley para poder modificar las escalas y permitir que el mayor peso de los descuentos recaiga en los sueldos más altos y se reduzca en los más bajos.

El Observator­io del Derecho Social, que depende de la CTA rebelde, difundió un informe en el que advierte que “negociar un incremento salarial moderado a cambio de una modificaci­ón en el Impuesto a las Ganancias es hacerles el juego a las empresas, que recibirán los beneficios de pagar salarios más bajos sin costo alguno, ya que será el Estado quien aporte una parte importante de los recursos. Y, además, este tipo de negociació­n afectará a los trabajador­es de menores ingresos, con sueldo inferior al mínimo no imponible, que recibirán un aumento muy por debajo de la inf lación”.

Mientras, la Federación Argentina del Personal Aeronáutic­o ( FAPA), que integran los seis gremios del sector, denunció la violación de los convenios laborales por parte de Aerolíneas Argentinas y sugirió que está a las puertas de una medida de fuerza. Lo curioso es que el titular de la empresa, Mariano Recalde, desatienda a sindicatos que demostraro­n ser tan obedientes: el año pasado firmaron un acuerdo salarial de 18 meses, aceptando el pedido oficial de no hablar de nuevos aumentos hasta después de las elecciones legislativ­as.

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Tomada y Yasky, la semana pasada, durante una reunión en la CTA K.
/ NESTOR SIEIRA. Aliados. Tomada y Yasky, la semana pasada, durante una reunión en la CTA K.
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