La salud de los presidentes es interés público
En los últimos años hemos visto a muchos presidentes afrontar enfermedades. Por el lugar central que ocupan en el sistema político, esas enfermedades tienden a padecerse de una manera pública: quienes las sufren informan a la ciudadanía sobre ellas, se dejan ver luego de hacer tratamientos y explican a la sociedad cómo evolucionan. Esto, por supuesto, no siempre deja conforme a todo el mundo: en los casos de las enfermedades de los presidentes de Colombia y Paraguay y de la presidenta argentina, sectores de la oposición y medios de comunicación pedían más información. ¿ Cuánta información es suficiente?
Estos casos no se tratan, como se pudiera suponer, de acceder a información pública: la historia clínica de un presidente es claramente información privada. Sin embargo, se justifica acceder a ella por dos motivos fundamentales y si se dan ciertas circunstancias. El primer motivo que ofrece razones públicas para acceder a la información se vincula con la capacidad del presidente para ejercer adecuadamente su cargo: los ciudadanos tienen derecho a saber si a quien confiaron la dirección de la república está en condiciones de afrontar esa pesada tarea.
El segundo motivo se vincula con una cuestión constitucional: ¿ es necesario aplicar la cláusula de
La transparencia es el mejor remedio contra rumores y especulaciones. Los ciudadanos tienen derecho a saber
la Constitución que prevé qué hacer cuando el presidente sufre una enfermedad incapacitante?
Estos reclamos y exigencias se sostienen, únicamente, ante enfermedades que sean en efecto graves y puedan tener consecuencias serias que afecten la capacidad de la persona a cargo de la presidencia de desempeñarse en su cargo. A nadie le importa si el o la Presidente sufre dolores de cabeza, tiene psoriasis o le cuesta dormir por las noches. Esa información, claramente, está vedada al conocimiento de cualquiera y forma parte del secreto médico que ampara la relación entre los pacientes y los profesionales que los atienden.
Un informe reciente de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, que integra la ADC, relata cómo fue el acceso a información sobre la salud de los jefes de Estado de Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela. En los tres primeros casos la evolución fue favorable: la información servía para reasegurar a la ciudadanía de que todo estaba bien. Lo que diferencia el caso del presidente venezolano de sus pares argentinos es que su evolución es negativa. Esto parece ser el elemento clave que explica el secretismo en las últimas semanas.
La transparencia en estas cuestiones es el mejor remedio contra rumores y especulaciones. Los ciudadanos tienen derecho a saber sobre la salud de su presidente y las instituciones deben poder activar los controles de su salud, para determinar si corresponde aplicar o no los mecanismos constitucionales vigentes ante la ausencia -temporal o permanentede quien está a cargo de la República.