Veintidós años de gobierno peronista
En el actual turno del justicialismo se evidencia un facilismo económico cuya consecuencia es el debilitamiento del capital social de los argentinos. Esto tiene un notorio impacto negativo en tres áreas clave: los recursos energéticos, la infraestructura
En el actual turno justicialista hay un facilismo económico que debilita el capital social.
Este año, al completarse tres décadas ininterrumpidas de vida democrática, el peronismo habrá cumplido veintidós años de ejercicio en el gobierno nacional - diez años continuados desde el 2002- y veinticinco años seguidos a cargo de la Provincia de Buenos Aires. En este contexto, un dato político sustantivo es que el peronismo, por primera vez en su historia, deberá afrontar las derivaciones directas de sus propias políticas. En efecto, en 1955 y en 1976 por los golpes de Estado y en 1999, por el resultado electoral, el justicialismo no tuvo que hacerse cargo de las consecuencias de su gestión de gobierno.
En el actual turno peronista, el fracaso de las políticas oficiales se evidencia en la desacumulación del capital social de los argentinos en tres áreas clave: los recursos energéticos, la infraestructura de transporte y la educación.
Con posterioridad al colapso del régimen de convertibilidad, la combinación de demanda creciente (exacerbada la mejora relativa de la actividad económica por precios subsidiados de los productos energéticos y las mermas en la producción doméstica de gas y petróleo, en el período 1998-2011 la producción de petróleo decayó un 32% y la de gas, por su parte, se redujo el 11% desde el 2004) condujo a requerir crecientes volúmenes de importación de combustibles. En el último año, ese costo trepó a alrededor de 10 mil millones de dólares, llevando la balanza comercial energética a registros negativos.
Así, en materia energética, la ausencia de políticas consistentes de ampliación de oferta y la intensidad y extensión de subsidios irracionales al consumo dieron lugar a una insólita promoción de importaciones por una cifra equivalente al total de exportaciones del sector automotor.
En relación al transporte, y específicamente en el rubro ferroviario, la degradación de la infraestructura del sistema -expuesta dramáticamente en la tragedia de Once- se evidencia en que los subsidios otorgados en el 2011 a los concesionarios privados superan en veinte veces la inversión anual que, a su vez, es apenas una décima parte del monto necesario para atender los requerimientos de la amortización de los activos de la red.
En el transporte automotor de pasajeros, por su parte, a pesar de que el subsidio por pasajero en el Área Metropolitana de Buenos Aires se multiplicó por treinta en los últimos 8 años, se redujo la oferta ( cantidad total de asientos), empeoró la calidad ( antigüedad promedio del parque automotor) y aumentó la incomodidad (pasajeros promedio por vehículo). La mala praxis en estas dos áreas claves impactó en las cuentas públicas que, si se detraen los recursos extraordinarios de las rentas de la ANSeS y las utilidades del Banco Central, muestran una posición fiscal deficitaria, lejos de los tres puntos del PIB de superávit fiscal primario que hubo hasta 2008.
En relación a la educación, y a pesar del aumento de casi el 50% en el presupuesto del sector, los resultados no pueden ser más desalentadores: caída en los indicadores que estiman la calidad de la educación recibida por los alumnos; reducción de la matrícula –tanto en el nivel primario como el secundario- de las escuelas de gestión pública y aumento de la desigualdad entre provincias. Por caso, de acuerdo a datos oficiales en Santa Cruz sólo 9 ( sí, sólo nueve) alumnos pueden acceder a escuelas con Jornada Escolar Extendida.
De este modo, no obstante el crecimiento económico, la multiplicación del gasto público y el incremento del presupuesto educativo, las deficitarias políticas oficiales no han evitado el aumento del contingente de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. Hoy son, de acuerdo a cifras oficiales, cerca de un millón cuatrocientos mil, casi un tercio más que en el año 2001. En los tres casos queda claramente expuesta una mala asignación de los recursos públicos que ha erosionado la solvencia de las cuentas públicas.
Esta descapitalización social de la Argentina, producto del facilismo económico que distingue a las políticas públicas del justicialismo, se genera en el momento histórico en el que el mundo ofrece una oportunidad internacional inédita en el último siglo.
Esta exigente realidad es un llamado a la responsabilidad de todos los actores políticos y sociales que harían bien en reflexionar sobre los señalamientos de un reciente trabajo de la OEA y el PNUD, titulado “La democracia de ciudadanía”, cuando afirma que “sobrepasar lo sostenible y sucumbir ante el facilismo económico es igualmente riesgoso para la estabilidad de la democracia. Lo políticamente popular puede ser social y económicamente insostenible, generar expectativas irrealizables y materializarse en mayores retrocesos y frustraciones para la ciudadanía”.
Es necesario, antes que sea tarde, que el Gobierno reconozca los riesgos de insistir en políticas públicas equivocadas y, de este modo, evitar que la sociedad argentina sufra las consecuencias, otra vez, de la milenaria maldición que los chinos deseaban para sus enemigos: ojalá vivas tiempos interesantes.