Ley de medios: Clarín apeló el fallo por “arbitrario e irrazonable”
Destacó que el juez Alfonso omitió todas las pruebas, no tuvo en cuenta las pericias oficiales, no realizó el control de constitucionalidad de la ley y desconoció la jurisprudencia y doctrina de la Corte Suprema y de la CIDH.
El Grupo Clarín presentó ayer ante la Cámara en lo Civil y Comercial la apelación al fallo del juez Horacio Alfonso, que había declarado la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley de medios audiovisuales. En la apelación, se pidió que la Cámara “revoque la sentencia”, ya que el juez Alfonso “ignoró la totalidad de la prueba producida”, no realizó el “control de constitucionalidad” de la ley de medios y desconoció la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH). Además, “distorsionó” los precedentes y la doctrina aplicables al caso.
En 178 páginas, la apelación explica cómo las limitaciones arbitrarias de la ley de medios configuran un avance contra la libertad de expresión y el derecho a la información, al restringir medios audiovisuales que no usan espectro, quitarle sustentabilidad a los medios privados para obligarlos a depender de recursos oficiales y generar desigualdad entre distintos actores de la comunicación, lo que generará una reducción de opciones informativas, silenciará voces críticas y restringirá la competencia en el acceso a Internet, además de afectar a los contenidos audiovisuales.
La Cámara habilitó la feria para tratar durante enero las apelaciones. Ayer también se presentó el Gobierno, que cuestionó la “legitimidad” de Clarín para ser parte en la causa, debido a que no sería titular de sus propias licencias. No se entiende entonces por qué el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sa- bbatella, se presentó en diciembre a la sede del Grupo para notificar el inicio de la transferencia de esas mismas licencias que ahora dice que no son de Clarín.
En su apelación, el Grupo Clarín se apoyó en dictámenes de constitucionalistas como María Angélica Gelli y Daniel Sabsay, que cuestionaron la sentencia de Alfonso. Estos señalaron que el magistrado no hizo el “control de constitucionalidad” de la ley, ni tomó en cuenta “el objetivo real de la norma y su impacto sobre la libertad de prensa. Tampoco efectuó un examen de razonabilidad de la misma”, es decir, si “además de afectar dere- chos constitucionales, el contenido de la ley es razonable para la consecución de los fines pregonados y también para los fines reales”.
Entre los aspectos salientes de la apelación, se destacó la mención a la arbitrariedad de la sentencia, ya que el juez evitó considerar las pruebas producidas en más de 3.000 fojas del expediente. ( Ver La apelación alertó...).
El Grupo Clarín sostuvo que el juez pretendió relativizar la estabilidad y titularidad de las licencias de medios audiovisuales, sosteniendo una precariedad y revocabilidad de las mismas, que contradice toda la jurisprudencia y doctrina aplicable, más aun por tratarse de vehículos para el ejercicio de la libertad de expresión. “El juez consideró que la libertad de prensa se aplica sólo a los medios gráficos”, aseguró Clarín.
Alfonso citó la sentencia del caso “Ivcher Bronstein vs. Perú” (2001), para justificar su decisión de dividir en patrimoniales y expresivos los derechos violentados por la ley de medios.
Pero la CIDH los consideró inescindibles, ya que el medio en cuestión (un canal de TV del que se despojó al denunciante) era esencial para el ejercicio de la libertad de expresión.
El fallo de la CIDH planteó que “al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática”.
El Grupo Clarín planteó que la sentencia de Alfonso “no es razonable”, ya que el juez omitió considerar el contexto de hostigamiento y aplicación selectiva de la ley de medios, “como palmaria demostración de la real intención de la norma, diferente de la pregonada”. En ese sentido, la Corte sostuvo la necesidad de considerar no sólo el contexto de sanción de la norma “sino el de aplicación, de modo que pueda ser sometida a una prueba de verificación de la permanencia de su adaptación constitucional”.
Si la sentencia no es revocada por la Cámara, se beneficiarán “los más autoritarios e intolerantes funcionarios”, afirmó en su apelación el Grupo Clarín. Y agregó que, de mantenerse el fallo del juez Alfonso, además de afectar a Clarín, “se perjudicará toda la sociedad, el Estado de Derecho y el sistema democrático y republicano de Gobierno”.
La Cámara va a girar las apelaciones que se presentaron ayer para que las partes en el juicio puedan responder, en un plazo de diez días hábiles. Una vez transcurrido ese período, el tribunal estaría en condiciones de analizar el caso para dictar sentencia.