“Los del área de Transporte privilegiaron los intereses de TBA.”
La investigación por el choque ferroviario que dejó 51 muertos Federico Delgado pidió la elevación a juicio oral del caso y acusó a Jaime, Schiavi y otros por “no controlar”.
Federico Delgado EL FISCAL QUE INVESTIGA LA TRAGEDIA DE ONCE ACUSA A LOS EX FUNCIONARIOS K .
El fiscal federal Federico Delgado acusó a los ex funcionarios kirchneristas del área de Transporte de ser “cómplices” de los dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires ( TBA) porque no controlaron el modo en que se llevó adelante la concesión del ferrocarril Sarmiento donde sucedió la tragedia de Once.
El fiscal Delgado, quien está a cargo del expediente junto al juez Claudio Bonadio, cumplió ayer con el trámite de elevación a juicio del caso y realizó la acusación para los ex funcionarios, los empresarios de TBA y Marcos Córdoba el maquinista que manejaba el tren el 22 de febrero pasado. Delgado mantuvo la imputación que hizo la Sala II de la Cámara Federal que procesó a los ex funcionarios y a los empresarios por los delitos de administración fraudulenta y estrago (descarrilamiento) culposo. A Córdoba sólo lo acusa por el descarrilamiento.
Los ex funcionarios procesados son los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y los ex interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sícaro. Sobre las autoridades de Transporte el fiscal dijo: “Es evidente, entonces, la complicidad de los funcionarios. Es que el Estado para inyectar fondos tenía que cumplir algunos pasos previstos en el contrato. Los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos, ¿ el tren?, el tren siguió siempre abrazado a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección…”. Ese día hubo 51 muertos y más de 700 heridos. Los hombres de negocios acusados por Delgado son Claudio y Mario Cirigliano y otros que ocuparon cargos en TBA. Para el fiscal los empresarios “subordinaron el contrato de concesión a la obtención de ganancias. Y esa decisión trajo aparejadas consecuencias penales, porque generó las condiciones que hicieron posible el estrago. No queremos decir que buscaron que el tren choque, sino que al apropiarse de los fondos que el Estado destinó para mejorar el servicio, dejaron a un lado el contrato. Al dejar de lado el contrato se olvidaron del servicio. Al olvidarse del servicio no invirtieron. Como no invirtieron se asemejaba a una bomba que podía explotar en cualquier momento. Ello ocurrió el 22 de febrero de 2012”. Delgado afirmó que “Jaime, Schiavi y Luna también son cómplices necesarios. Para resu- mir utilicemos las palabras de la Cámara: los nombrados se encontraban en cabal conocimiento de los términos contractuales y de las graves deficiencias que rodeaban la prestación del servicio por parte de TBA, pese a lo cual permitieron su continuidad sin adoptar medida alguna tendiente a modificar la vergonzosa realidad”.
Delgado describió la relación entre TBA y el área de Transporte durante las gestiones kirchneristas: “el concesionario hizo cuanto quiso, no cumplió con las pautas del contrato; en particular con las inversiones y mantenimiento. Pese a ello, el Estado inyectó fondos pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar refugiándose en la sacralidad del “expediente” que se convirtió en un simple recurso para ocultar la realidad y, eventualmente, proporcionar una explicación a los organismos de control y/o a la opinión pública. Esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal en la producción de un hecho...”