Objetan cambios en el banco genético
uOrganizaciones de derechos humanos advirtieron sobre los riesgos que implicaría el traslado de las muestras.
En una charla debate en el Senado de la Nación organizada por la senadora Norma Morandini, referentes de organismos de derechos humanos, la abuela Chicha Mariani y la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Belén Rodríguez Cardozo, advirtieron sobre los riesgos que implica el traslado de las
muestras genéticas almacenadas en el Banco que permitieron, hasta hoy, encontrar a 109 hijos de desaparecidos durante la ultima dictadura militar.
Las abogadas de algunas de las organizaciones, Viviana Alanis y Gabriela Figueroa, explicaron por qué fueron a la Justicia para impedir que se concrete el traslado y alertaron sobre el “fantasma” de que esas muestras sean utilizadas como base para la creación de un instituto de Genómica Humana. Ese fin, advirtieron las abogadas, no fue el que persiguieron quienes prestaron sus muestras genéticas en busca de su identidad.
A su turno, la abuela Chicha Mariani advirtió: “El hecho de que se mueva el banco hace que yo no pueda estar segura de que no pasó nada durante ese traslado. ¿Y si falta algo de todo lo que se ha atesorado en el Banco? ¿Quién me asegura a mí que después voy a poder hacer análisis para encontrar a mi nieta y que esté todo bien?”.
Tanto la senadora Norma Morandini como las referentes de los organismos de Derechos Humanos presentes allí insistieron en el carácter regresivo de la ley que plantea el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos, la 26.548 aprobada en 2009 y reglamentada este año.
La regresividad de la ley se da en tanto la nueva norma restringe el trabajo del BNDG sólo al análisis de casos vinculados a delitos de lesa humanidad.
Como adelantó esta semana Clarín, la Justicia suspendió el traspaso del histórico Banco desde el hospital Durand hasta una sede que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología por un pedido de organizaciones de derechos humanos no alineadas con el Gobierno.
Las organizaciones plantearon la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley aprobada por la mayoría K y sus aliados en el Congreso, que limita la competencia del BNDG solo para intervenir en los casos anteriores al 10 de diciembre de 1983, cuando retornó la democracia. Los demandantes consideran que la norma vulnera el derecho a la identidad de los casos posteriores a esa fecha.