El reclamo excede los límites de una provincia
Cinco muertes jóvenes a balazos, ocurridas en hechos distintos en menos de un día en una ciudad mediana del interior como Santa Fe –hasta no hace mucho relativamente tranquila– son como para que se enciendan todas las alarmas. Si a ello se agrega la muerte de un adolescente herido hace 15 días y de un anciano de 86 años ferozmente acuchillado el fin de semana en un intento de robo, se termina de entender la enérgica reacción del arzobispo local y presidente del Episcopado nacional, José María Arancedo.
Arancedo –un hombre moderado y dialoguista, de buena llegada a la Casa Rosada– no sólo mostró su lógica indignación, sino su estupor ante la falta de una adecuada respuesta a la problemática de la delincuencia por parte de las autoridades provinciales.
En verdad, la preocupación del obispo por lo ocurrido en su ciudad y el modo deficiente en que el Estado está encarando la
“Los jóvenes ‘nini’ están a merced de trabajos de baja calidad”, dijo Lozano.
cuestión podría extenderse sin caer en la exageración a toda la provincia – con Rosario como el principal exponente ( con mucho aditamento vinculado al narcotráfico)– y a todo el país.
En rigor, hace tiempo que la Iglesia viene advirtiendo sobre el problema de la delincuencia y, sobre todo, acerca del avance del narcotráfico. Pero recién en noviembre, cuando difundió una severa declaración sobre este último asunto, el Gobierno nacional y la dirigencia en general acusó recibo. Además, los obispos también vienen señalando el caldo de cultivo que significan alrededor de un millón de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Días atrás, el titular de la Pastoral Social, el obispo Jorge Lozano, lo dijo con todas las letras: “los ‘ni-ni’ están a merced de trabajos de baja calidad o presa de mano de obra para bandas de narcotráfico”.
Del diagnóstico trazado sobre esos jóvenes por Arancedo –habló, entre otras cosas, de falta de sentido de la vida y de ejemplos- y Lozano –se refirió a la ausencia de esperanza de inclusión social- se desprende que la respuesta va más allá de una modificación de la legislación penal. El reciente plan Progresar –una ayuda económica a los jóvenes que vuelven a la escuelaparece tardío para la coyuntura. Como tardía fue la admisión del Gobierno del avance del narcotráfico. E inquietante que la presidenta no haya hablado de la inseguridad en su reciente discurso ante el Congreso.