El Gobierno quiere compartir con las provincias los costos políticos
Por temor a que el paro se prolongue, Capitanich pidió que los gobernadores discutan aumentos “razonables”.
Al cumplirse las primeras 24 horas del paro docente, en la Casa Rosada tratan de apurar un arreglo para evitar pagar todos los costos políticos de una negociación que también involucra a las provincias. “Se quiere evitar una espiral de conflictividad y tener que revisar la oferta”, indicó una fuente oficial.
La propuesta salarial que fue calificada de “insuficiente” por los gremios docentes, complica la paritaria que es la única que tiene incidencia en las provincias. “No se puede ir más allá de lo ofrecido, porque las economías provinciales no pueden resistirlo”, indicó a Clarín un funcionario cercano a la negociación paritaria.
Ayer el jefe de Gabinete -Jorge Capitanich- argumentó que se hizo un “esfuerzo extraordinario” al fijar la oferta salarial, “y discutimos en el marco de lo que establece la ley. Hemos agotado los procesos de propuestas vía formal o informal para llegar a un acuerdo”, señaló.
La discusión con los cinco gremios docentes, sobre el salario básico “afecta al 2% de los docentes de ocho jurisdicciones”, explicó Capitanich. Esto deja afuera de la discusión a 16 provincias.
Pese a la conciliación obligatoria ya dictada, el Gobierno ratificó su voluntad de diálogo. “No se puede extender mucho más la discusión salarial, es la más difícil pero el conflicto no puede prolongarse”, remarcó un integrante del equipo de Gobierno, frente a las amenazas de algunos gremialistas de seguir con los paros la semana próxima.
En Balcarce 50 no niegan la preocupación y esperan que se retomen las vías institucionales de diálogo y negociación. “Está complicada la situación, pero ya no hay mucho más margen para reformular la oferta salarial y aún quedan el resto de las negociaciones paritarias”, señaló una fuente de Gobierno.
Dentro del Gabinete algunos consideran que la oferta del 31% que concluye en junio de 2015, “es muy alejada en el tiempo” y que debería evaluarse un porcentaje menor pero en dos tramos y que la suma fija de $ 3.000 termine de abonarse este año.
Las autoridades nacionales no sacan de la mira la situación financiera de los distritos. Al menos 17 provincias plantearon que un aumento del 25% es el techo al que pueden aspirar sin colocar en riesgo el delicado equilibrio fiscal con el cuentan.
Incluso, 18 jurisdicciones el 31 de marzo se sentarán con el Estado Nacional para obtener una nueva una prórroga trimestral sobre las deudas que mantienen con Nación. Por ello Capitanich volvió a remarcar que el Gobierno no es el empleador. Y que la capacidad de pago, recae sobre las provincias a las cuales ya les solicitó que “sean responsables” y discutan “propuestas razonables”.
En este escenario de conf licto, el Gobierno calibra el impacto que podrían sufrir en caso de dar un 31% en dos tramos este año. “Económicamente no sería posible, pero de hacerlo eso puede generar que en el sector privado se manejen porcentajes similares o superiores y que eso se traslade después a los precios, nadie quiere un espiral inflacionario”, indicó una fuente oficial.