Lugano: le piden a la Ciudad un plan para urbanizar el predio tomado
Así buscan destrabar el conflicto. Ayer, otra jueza volvió a ordenar el desalojo, pero debe autorizarlo la Cámara.
La toma del predio de Villa Lugano podría destrabarse mañana. La jueza contencioso administrativa Elena Liberatori le ordenó al Gobierno porteño que presente los planes de saneamiento y urbanización del terreno tomado y la villa 20. Paralelamente, la oposición intentará avanzar en un proyecto para crear una mesa de diálogo y así evitar que la Justicia vuelva a ordenar el desalojo.
La situación es compleja. Liberatori maneja el expediente por el saneamiento y la urbanización, pendientes desde 2005. En este sentido, le ordenó al Gobierno que mañana presente el plan pa- ra eliminar la contaminación del suelo, y que una semana después lleve el proyecto para construir las viviendas para la gente de la villa 20. Además, exigió que se crucen los datos para determinar quiénes serán los beneficiarios.
El tema es que la gente no deja la toma porque no cree que la Ciudad vaya a cumplir. Ante eso, los fiscales a cargo de la causa por la usurpación pidieron por tercera vez el desalojo. La jueza Gabriela López Iñiguez accedió, pero con dos particularidades: por un lado, que el operativo recién se haga una vez que la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional de la Ciudad también lo autorice; en segundo lugar, en su fallo establece que el desalojo lo realice la Policía Metropolitana; no menciona a la Federal ni a Gendarmería.
La solución podría llegar por una salida política. “Junto con toda la oposición vamos a presentar un proyecto de ley para que se forme una mesa de diálogo que incluya al Ejecutivo, la Legislatura, los habitantes de la villa más la Iglesia y otras organizaciones sociales. La idea es recuperar la confianza y darle a la Justicia una señal para que no insista con el desalojo”, explicó Alejandro Bodart, legislador del MST que viene siguiendo las negociaciones.
Mientras tanto, la toma crece, y cada vez se ven más casillas precarias. “Nadie del Gobierno porteño vino a ver qué pasa. Necesitamos agua, comida y baños químicos, no mandan nada, tuvimos que armar un comedor para los chicos. Acá ya hay como 3.000 personas”, aseguró Marcelo, uno de los voceros de la gente que ocupa el predio.
Paralelamente, el fiscal Carlos Rolero sigue adelante con la investigación sobre cómo se realizó la toma, y la hipótesis principal es que fue organizada por una banda de punteros. En cinco allanamientos realizados el domingo encontraron documentación que acreditaría que tres clanes habrían organizado la toma para dividirse los lotes y venderlos en $ 8.000 a $ 20.000 cada uno. Esas mafias responderían, según los fiscales, a Marcelo Chancalay, Manuel Ríos y la familia Giménez.
En la investigación se determinó que Marcelo Chancalay, que es empleado de la Ciudad, también es socio gerente de la firma MACH SRL., que se dedica a la obra pública, y que realizó contrataciones por más de $ 500.000 con el Estado a través de la Fundación Sueños Compartidos, que dirigen las Madres de Plaza de Mayo.