El búmeran de la emergencia como recurso de poder

El litigio con los holdouts es solamente un capítulo más, aunque no menor, de una saga iniciada con el default de fines de 2001.

El default de la deuda soberana puede ser, en ciertas circunstancias, una medida razonable. En ocasiones, resulta ineludible. Frecuentemente es la consecuencia de una situación de crisis y, en tanto respuesta a ella, es una medida de emergencia. Jamás debería ser es una ocasión para el festejo, como extrañamente ocurrió a finales de 2001.

Aquel festejo llama todavía hoy la atención sobre un fenómeno no necesariamente novedoso ni original -la emergencia económica, de un modo u otro y con variaciones en la frecuencia de su aparición, parece endémica al capitalismo moderno- pero cuya persistencia vernácula convoca al asombro: nos hemos enamorado de la idea de emergencia, tanto de su retórica desbordada como de la omnipotencia legislativa que parece implicar. “Con la emergencia todo se puede”, podría ser el eslogan.

Cuando termine 2015 habremos tenido 14 años de emergencia económica permanente, a pesar de haber crecido varios años “a tasas chinas”. Habremos tenido también largos años de medidas y retórica de emergencia en torno a los tenedores de aquellos bonos defaulteados, incluyendo leyes “cerrojo” para incentivar el ingreso de bonistas a los canjes de deuda y amenazas de no cumplir decisiones judiciales desfavorables.

El litigio con los holdouts es solamente un capítulo más, aunque no menor, de la saga de la emergencia iniciada al comienzo del siglo.

A pesar de cambios de matices, el Gobierno mantiene una línea retórica consistente, de emergencia, dura. Aunque quizás en estos momentos ello obedezca, en parte, a una estrategia para limitar eventuales responsabilidades frente a bo- nistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, bajo la llamada cláusula “RUFO”, vale la pena ref lexionar sobre los efectos negativos potenciales de aquel enamoramiento de la emergencia.

Hace algunos meses, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló contra el país cuando éste buscaba la revisión de un laudo arbitral que le había sido desfavorable. Allí, la Corte consideró que las medidas de emergencia tomadas, que incluían la exclusión de los procesos de renegociación de contratos de servicios públicos a quienes hubieran entablado acciones judiciales, habían cercenado el acceso a la justicia de los reclamantes.

En el caso de los holdouts, los tribunales inferiores refutaron el argumento argentino según el cual fallar a favor de los fondos implicaba obstaculizar seriamente otros procesos de reestructuración de deuda soberana al ceñir fuertemente su decisión a los hechos del caso, señalando que se trataba de un deudor recalcitrante que había dictado “leyes cerrojo” y declarado públicamente que no cumpliría una decisión desfavorable. La Corte Suprema no revisó esas decisiones.

Como se advierte, no siempre “con la emergencia todo se puede”. En ocasiones, ésta retorna como un búmeran y golpea al enceguecido enamorado.