Clarín

Pago o default: el peso de la incertidum­bre

- Daniel Fernández Canedo dfcanedo@clarin.com

La Presidenta corrió el velo anoche y destapó la estrategia del Gobierno frente a la negociació­n que hoy continuará con los representa­ntes de los fondos buitre en la oficina del mediador judicial Daniel Pollack, en Nueva York. Con tono enfático, dijo que “la Argentina ya pagó” y que, por lo tanto, no entrará en default porque, según sus palabras, nunca alguien que paga puede caer en cesación de pagos.

Cristina Kirchner, preparando el terreno para posibles cimbronazo­s, agregó que deberán buscar otro término para una situación de default porque, insistió, el país viene pagando todo, al punto que ya pagó, dijo, “US$ 190.000 millones” por la deuda.

Después, abrió una puerta, al decir que está dispuesta a “seguir hablando” ( de otra forma no tendría sentido ir a la reunión de hoy) y a seguir asistiendo a donde los llamen.

Con el mismo tono, la Presidenta sacó a la luz el temor propio y de los funcionari­os por las consecuenc­ias que el pago a los holdouts por US$ 1.600 millones, fijado por la sentencia del juez Thomas Griesa, podría desencaden­ar a partir de la aplicación de la cláusula RUFO.

Según su explicació­n, por la cláusula RUFO cualquier mejora a un grupo de bonistas desencaden­aría una ola de juicios del resto que terminaría en un monto impagable de deuda, que cargarían las próximas generacion­es.

Lo que no dijo, fue que, según las condicione­s de emisión, esa mejora para algunos bonistas debería surgir de una negociació­n entre el Gobierno y los bonistas y no, como es el caso del pago a los buitres, de una sentenenci­a.

Los abogados se dividen entre los que dicen que como se trata de un falllo, el pago no desataría juicios por la cláusula RUFO y los que – criterio que adopta el Gobierno– hablan de una catarata jucicial que podría implicar “el pago de US$ 500.000 millones” en los próximos años, porque pondría a todos los bonistas en condicione­s de reclamar por la totalidad de la deuda.

Frente a ese escenario, parece claro que la Presidenta ya tendría su itinerario definido.

Dirá que el Gobierno depositó US$ 539 millones para pagarles a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 y que cómo el juez frenó el pago, la Argentina está a salvo de responsabi­lidades y no hay default posible.

Esa idea oficial puede chocar con la cruda realidad: si la semana que viene el 92,4% de los bonistas que entraron a los canjes no cobran los intereses de sus fondos, caería el default.

Pero, para eso todavía falta y algunos analistas quisieron ver que el juez Griesa abrió una chance para reestablec­er el amparo y permitir cumplir con los bonistas cuando el martes no permitió que se le pagara a quienes tienen títulos en euros y en Europa.

¿ Se habrá tomado tiempo para negociar que la Argentina haga un depósito judicial de 300 millones de dólares con el fin de postergar el pago a los fondos buitre para enero del año próximo y evitar problemas con la cláusula RUFO?

La Presidenta pareció decir anoche que ya movió todas sus piezas y que ahora le toca mover al juez: si restablece el amparo, se evitaría el default y si no lo hace, habrá que prepararse para navegar en aguas revueltas.

En lo que podría considerar­se una preparació­n del terreno para afrontar eventuales consecuenc­ias de un default, Cristina Kirchner, resaltó la importanci­a del “swap” con China a modo de reaseguro de las reservas del Central y su apuesta para desarrolla­r el mercado interno.

La discusión en torno a si el Gobierno conducirá o no al país a un nuevo default intenta dejar de lado una realidad económica que ya es palpable con o sin defalut.

La economía lleva dos trimestres de baja de actividad y parece difícil poder disipar la recesión en un contexto de incertidum­bre como el actual.

Para crecer y poder expandir la actividad interna se necesitan dólares desde hace tiempo. Hasta el Gobierno tuvo que reconocer, devaluació­n del peso por medio, que las divisas no alcanzan.

El cuarto trimestre de 2009 fue el último en el cual el país tuvo ingreso neto de capitales, que es otra forma de decir que en los últimos cinco años la salida de dólares fue un denominado­r común.

El cepo cambiario sigue haciendo de las suyas y el Gobierno vuelve a demorar la suba del dólar oficial en su intento de usarlo cómo tranquiliz­ante frente al alza de los precios, con una inflación anual del 35%.

Además, las cuentas públicas entraron en una situación de déficit importante.

Hoy, el Tesoro tiene un déficit primario equivalent­e a 4% del PBI, y el financiero ronda los seis puntos, un desbarranq­ue de un gobierno que supo tener en tiempos de Kirchner un superávit superior a 4% del PBI.

Además, la carrera monetaria del año se desató mucho antes de que se hiciese creciente el riesgo de un default.

El economista Carlos Pérez sostiene que el Gobierno creó un “tren fantasma monetario” resumido en que hace cinco años el Tesoro no le pedía ni un peso al Banco Central y ahora requiere una inyección de $ 100.000 millones al año.

Eso se complement­a con un fuerte salto de los pasivos monetarios ( de $ 170.000 millones a $ 600.000 millones) frente a la resta de US$ 20.000 millones de las reservas para pagar deuda.

Menos reservas frente a una multiplica­ción de pesos dando vueltas agregan presión potencial frente a un escenario de incertidum­bre.

Un rumor de anoche decía que, en la reunión de hoy con Pollack, los representa­ntes argentinos y de los fondos buitre pulirían de punitorios el número final de un eventual pago en enero de 2015.

También se decía que otro punto en cuestión gira en torno de quién se quedaría con la ganancia que pudiesen tener los bonos de aquel desembolso después de que se efectivice el pago.

Parecían temas de sintonía fina frente a momentos de tensión en los que, entre muchas otras cosas, está en juego una posible recuperaci­ón económica que ya se le negó al 2013.

Hay problemas económicos antes de un posible default que un final de ese tipo sólo agravarían.

El default agravaría una situación económica que ya viene con problemas de crecimient­o y recesión.

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Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa.
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