Además, discriminador
Por haber llamado “paisano” a Schoklender
Procesado por golpear a un ruralista y por tomar una comisaría, el dirigente amigo de Irán acumula papelones: ahora lo citó la Justicia en una causa por discriminación.
El dirigente piquetero Luis D’Elía deberá presentarse ante la Justicia a prestar declaración indagatoria en una causa que se le sigue por presunta violación de la ley antidiscriminatoria. Así lo resolvió el juez federal Luis Rodríguez, según informaron ayer fuentes judiciales.
D’Elía está acusado de haber tenido una actitud discriminatoria hacia los implicados en el caso Schoklender al calificarlos a “todos” de “paisanos”.
“Vos mirás la lista de estos muchachos y son todos paisanos, encabezados por ellos dos, hijos de un hombre traficante de armas vinculado a la dictadura”, había dicho D’Elía en su programa radial hace tres años en obvia referencia a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. Ambos fueron condenados en la década del 80 por el homicidio de sus padres.
Las palabras de D’Elía fueron dichas en pleno escándalo de la Fun- dación Madres de Plaza de Mayo y en el marco de la estrategia kirchnerista de culparlos a ellos por los desmanejos de la entidad con fondos públicos y dejar a salvo de ello a la titular de la organización, Hebe de Bonafini.
D’Elía ya declaró por estas mismas declaraciones ante el fiscal en lo Penal y Contravencional de la justicia porteña Martín Lapadú, pero la causa pasó luego a la Justicia federal por la incompetencia
declarada por la jueza porteña Cristina Lara.
Ante la Justicia porteña, D’Elía había negado haber tenido una actitud discriminatoria al sostener que la utilización del término “pai
sanos” no era una actitud peyorativa sino algo “cariñoso y afectivo”.
“Las bestias del aparato sionista de ultraderecha podrán demonizarme pero nunca una palabra tan bella como paisano”, recordó ayer la agencia DyN que había dicho D’Elía aquel día a través de un comunicado.
El juez Rodríguez advirtió que si D’Elía no acude a la cita el jueves 7 de agosto podrá hacer uso de la fuerza pública para hacerlo comparecer con la Policía. El delito está castigado con una pena que va de un mes a tres años de cárcel.