La izquierda marchó contra la criminalización de la protesta
“Son señales a las patronales de que pueden despedir a discreción”, dijeron sus líderes.
Con fuertes críticas al Gobierno, y para denunciar la “represión” de los conflictos laborales y la “criminalización de la protesta social”, miles de militantes de partidos de izquierda, de organizaciones sociales y de derechos humanos marcharon ayer a la Plaza de Mayo. En un documento consensuado, las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia cuestionaron la “militarización de los conflictos obreros” –alusión a la intervención de la Gendarmería en las protestas que realizaron los trabajadores de la autopartista Lear y la empresa Emfe–. Y aseguraron que “son señales del Gobierno a las patronales de que pueden despedir a discreción”.
Al frente de las columnas, que concentraron en 9 de Julio y Avenida de Mayo, se ubicaron para dirigirse hacia la Plaza los dirigentes Vilma Ripoll, el diputado porteño Alejandro Bodart y Gustavo Giménez ( MST); el diputado nacional Nicolás del Caño (PTS); el diputado nacional Néstor Pitrola, el legislador porteño Marcelo Ramal y Ga- briel Solano (Partido Obrero); la ex diputada nacional Patricia Walsh; y Carlos Chile ( CTA- Capital), entre otros. Hubo Madres de Plaza de Mayo, delegados de las empresas en conflicto Lear y Emfe, y bande- ras de la CCC, el PTP, el MAS, la Coordinadora contra la Represión Policial ( Correpi) y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos ( Ceprodh).
En la Plaza, una larga bandera expuso la consigna convocante: “Basta de represión. No a la criminalización de la protesta”. Desde el escenario improvisado en el trailer de un camión atravesado delante de la Pirámide de Mayo, se leyó el documento, que incluyó un rosario de críticas y denuncias al Gobierno, extensivas a “las patotas de ( Ricardo) Pignanelli” ( el secretario general de Smata) y al rol del secretario de Seguridad, Sergio Berni, en la “represión” de los conflictos.
“La escalada represiva del Gobierno contra las luchas coincide con un momento en que arrecian las suspensiones y despidos”, advirtió Ramal, del PO. “No queremos ningún canje de una amnistía para los procesados, por una ley antipiquetes, que es lo que están tramando en el Congreso”, dijo el diputado Pitrola a Clarín. Con cálculos de que hay “5.000 luchadores” procesados, se apuntó a la diputada kirchnerista Diana Conti de impulsar supuestamente el “canje” para sacar una ley que limite las protestas.
El diputado Bodart aseguró que “en el final de la era K se ha impuesto la mano dura, y con Berni como abanderado. Es la verdadera cara de este Gobierno, que hacía una bandera de los derechos humanos”, agregó. Vilma Ripoll también se sumó a cuestionar que “Cristina debe dar respuestas sociales sin represión” y exigió que “se retiren del Congreso todos los proyectos antipiquetes”.
Las organizaciones (la mayoría de las cuales protestará esta tarde frente a la Embajada de Israel) sentaron en otro documento su “repudio hacia la brutal agresión genocida que está sufriendo el pueblo de Gaza”. Afirmaron que no es una guerra sino “una matanza” hacia los palestinos que lleva “más de 700 muertos, y uno de cada 4 es un niño”.