El 40% de hombres fingió alguna vez un orgasmo
El hábito de cobrar de más para vender cigarrillos y recargar celulares o la SUBE se expande a todo el país. Los montos se duplicaron en el último año. Un relevamiento registró que hay abusos en más de 40 mil comercios.
Lo dice una encuesta en una red mundial. Las mujeres llegan a 73%.
Antes de tomar el colectivo, Mario pasa por el kiosco a cargar $ 40 en su tarjeta SUBE. Debería costarle sólo eso, $ 40, pero le piden $ 42. Apurado, paga. Luego le cobran $ 17,75 unos cigarrillos que por ley deberían valer $ 15,50. Apurado por el vicio, paga. Al otro día, va a otro comercio a sumar $ 50 de crédito a su celular: le sale $ 51. Y una vez más, resignado, paga el precio “blue”. Porque ya no le quedan locales cercanos que aún respeten los valores oficiales; y si existen, las colas son demasiado largas.
El caso, registrado en el Conurbano Norte, ilustra el daño al bolsillo que millones de argentinos padecen a diario por el cobro de recargos en productos y servicios que, según las normas, no deberían tenerlos. Hace un año, Clarín había informado que esta modalidad, iniciada en pocos locales, crecía en un “efecto dominó”. Hoy empresas afectadas y entidades de usuarios coinciden en que los extras terminaron por “generalizarse”. Y que, sin control, se expandieron por gran parte del país.
“Hace un año el sobreprecio era de $ 1 para cargar la SUBE. Pero
varios comercios ya piden $ 2. El problema se agudiza en zonas con pocos puntos de recarga, y en el Conurbano”, indicó Fernando Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores de Argentina.
En una recorrida por el microcentro y los alrededores de estaciones como Constitución, Once y Retiro, el gobierno porteño detectó en mayo que más de 126 locales estaban aplicando recargos. Clarín pudo comprobar esta semana que las irregularidades continúan.
“Hoy es el principal inconveniente en kioscos. Vecinos nos comentan que les cobran de más, especialmente en el Gran Buenos Aires y en la zona sur de Capital. Pero en general no lo denuncian porque, si al kiosco le quitan la máquina, se quedan sin donde recargar”, explicó Carolina Suárez, del Centro de Educación al Consumidor.
El principal argumento de los kiosqueros es que, sin ese cobro adicional, la operación les deja una ganancia mínima (ver “Es una
miseria...”). Por eso, lo que otros hacen es prestar el servicio sólo a quien compre algo, forzando así a realizar consumos imprevistos.
Otro problema en expansión es el que afecta a los fumadores porque una creciente cantidad de comercios dejó de respetar los precios oficiales de los cigarrillos. Pasaron a regirse por un listado con
valores 13% a 16% más altos.
La práctica, rechazada por las tabacaleras, surgió hace tres años en Mar del Plata. Desde entonces no paró de crecer. Tanto que hoy la “rebelión” ya involucra a cerca de 40 mil puntos de venta de todo el país, según un relevamiento del sector al que accedió este diario.
En el Gran Buenos Aires y en La Plata, estiman que el 85% de los
negocios cobra adicionales. En La Rioja son el 95%. En Neuquén, Río Negro, Chaco y Catamarca, más del 60%. También se detecta, en menor medida, en Santa Fe, San Luis, Formosa y Jujuy. Y en Capital la práctica no es masiva, pero se ve en kioscos de distintos barrios.
La llamada “lista kiosquera” determina extras ilegales que van de $ 1,75 a $ 2,50 en paquetes de 20. Así, las cajas de Marlboro y Lucky Strike aparecen a $ 17,75 en vez de $ 15,50. Los Parliament saltan de $ 16,50 a un precio “blue” de $ 19. Los Downhill, de $ 17 a $ 19,50.
Aunque algunos locales van todavía más lejos. “Vimos que en ciertas zonas del Conurbano están cobrando hasta $ 3 más por paque
te. Algunos ponen un precio de día y otro de noche. El descontrol es total”, lamentó Sandra González, presidenta de Adecua.
Una recorrida de Clarín por distintos barrios porteños mostró que los adicionales también se han generalizado en las cargas virtuales de celulares. “Sale $ 2”, advierten ya algunos comerciantes, aunque el cobro más común es de $ 1.
Frente a esta realidad, a fines del año pasado, la Legislatura Porteña aprobó una ley (la 4.801) que declaró como práctica comercial abusiva el cobrar adicionales o exigir una compra para hacer recargas. La norma ordena, a su vez, que los comercios exhiban un cartel avisando esto. Pero el cumplimiento todavía resulta escaso.
“Acá en la zona todos los kioscos cobramos por cargar la SUBE. La gente no se queja. Es más, directamente te pregunta: ‘¿Es un peso o dos?’”, comentó el dueño de un kiosco de una transitada esquina del oeste porteño. Y se excusó: “Como siempre, la termina pagando el más débil. Pero si no cobramos de más, no nos deja casi nada”.