El camino de la judicialización para postergar la solución
Del discurso de la Presidenta y de la conferencia del ministro Axel Kicillof de ayer surgieron algunos puntos claros sobre la estrategia que piensa seguir el Gobierno. Si algo quedó en claro es que el Gobierno no piensa cumplir con la sentencia del juez Thomas Griesa y que, por lo que dijo ayer Kicillof, tampoco está dispuesto a ofrecerle a los fondos buitre más que el equivalente a lo que le dieron a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010. En su versión de ayer, el ministro dejó entrever que cualquier pago a los fondos buitre no excedería ese límite de los canjes anteriores ni aún después de enero de 2015, cuando ya haya pasado la amenaza a los efectos de la RUFO. Esa cláusula mantiene atemorizados a Cristina Kirchner y al ministro ante la posibilidad de que, por un incumplimiento, se desate una ola de juicios de bonistas para cobrar el 100% de lo adeudado. Kicillof, el funcionario más encumbrado por la Presidenta – ¿ será el candidato?, ¿ qué pensarán Scioli, Randazzo y Urribarri?–, delineó ayer con claridad la estrategia oficial, que será el camino de la judicialización en el intento de postergar las solu- ciones e ir ganando tiempo. La vía judicial que, desde lo político puede resultarle interesante al ministro, simultáneamente puede resultarle demasiado costosa al país en términos económicos.
Si algo quedó claro es que el Gobierno no piensa cumplir con la sentencia de Griesa
Judicializar implica postergar soluciones y, por tanto, agregar incertidumbre a la toma de decisiones de todos los días. Esa incertidumbre proyecta un escenario aún más complejo, en un contexto de conf licto finan- ciero externo, con el ministro enfrentado al presidente del Banco Central ( desde hace tiempo Kicillof quiere sacar a Juan Carlos Fábrega) y con un nivel de reservas que si bien no son escasas, tampoco f lorecen. El Gobierno no quiere hablar de default bajo el argumento de que ya pagó US$ 539 millones y con ese escudo proyecta una estrategia defensiva cuyos costos comenzarán a verse en las próximas semanas. El Gobierno dice que no cumplir una sentencia de pago de la Justicia de los EE.UU. no tiene costos. Y que los bonistas no cobren, no se llama default. Pero esas ideas pueden resultar mucho más costosas que pagar y cuanto más se demore una solución, más aún.