Con un nuevo proyecto, el Gobierno busca más poder para controlar precios
Crearán también un observatorio Modificará la Ley de Abastecimiento, con penas de $ 10 millones.
El paquete de proyectos vinculado a los consumidores que anunció el jueves el Gobierno, entre los que figura la modificación de la Ley de Abastecimiento, apunta a darle más poder a la Secretaría de Comercio para controlar y sancionar a las empresas en su política de fijación de precios. Es la norma a la que apeló Guillermo Moreno en más de una ocasión.
Sucede que la vigencia de la Ley de Abastecimiento ( 20.680) de 1974 estaba en discusión después de que un decreto de la gestión menemista ( 2284/ 91) la modificó argumentando que sólo podía aplicarse si el Congreso dictaminaba “la emergencia de abastecimiento”. Sin embargo, se trata de una ley que, según los técnicos, se adapta mejor a la resolución del tema “precios” que la de Defensa del Consumidor, a través de la cual se venían aplicando multas por incumplimientos de empresas. Por ejemplo, ahora, en el nuevo texto de la ley en su articulo 5º prevé multas desde $ 500 a $ 10 millones. “Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en la infracción”, agrega.
“Hasta ahora, por estos cuestionamientos que tenía la ley de Abastecimiento, se venían aplicando las multas previstas en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor que tenían un tope de $ 5 millones”, explicó Fernando Blanco Muiño, de la Union de Consumidores de Argentina (UCA).
El jueves, Cristina Kirchner aludió a estos cambios: “Hemos decidido suprimir de la vieja ley de Abastecimiento la cárcel, porque hoy vale más el bolsillo que la cárcel”. Y agregó que se está “dando mayor empoderamiento para el Estado”, al explicar la reglamentación del artículo 42 de la Constitución nacional. Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich confirmó que – entre las iniciativas que se enviarán al Parlamento– se prevé “una modificación de varios aspectos de la ley con exclusión de penas privativas de libertad y tipificación penal” y “se impulsan mecanismos de sanciones pecuniarias severas por incumplimiento”. En tanto, también se incluye “un sistema de observatorio de precios para observar el desenvolvimiento de la cadena de valor”, apuntó.
Según los datos que maneja el Gobierno, el 61% de las denuncias de los consumidores van dirigidas a empresas grandes. Los principales rubros son telefonía celular, automotores, televisión por cable, telefonía fija y bancos y la mayor parte de los reclamos son por “prestación defectuosa e incorrecta liquidación de dinero”.