El juez pidió la declaración de los Kirchner a la AFIP
El juez que investiga el caso Hotesur mandó ayer una delegación de la Policía Metropolitana a retirar las presentaciones de bienes y ganancias a ese organismo. Y también las de Báez.
Bonadio ya tiene las presentaciones de bienes y ganancias de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia. Y también las de Lázaro Báez. Investiga la relación entre Hotesur y el empresario kirchnerista. Apunta a un posible lavado de dinero.
La causa “Hotesur” pasó a ser el caso “Kirchner-Báez”. El juez Claudio Bonadio demostró que su investigación no se detendrá en los incumplimientos administrativos de uno de los hoteles de la familia presidencial: ayer pidió a la AFIP las declaraciones juradas impositivas de la presidenta Cristina Kirchner; de Néstor, su esposo fallecido; la de los hijos de ambos, Máximo y Florencia; y también la de Lázaro Báez, y la de su hijo Martín, entre otros nombres que integran del entramado de negocios que se generaron entre todos ellos durante los últimos años.
Es la primera vez en los años de poder K que la Justicia requiere la información fiscal de los Kirchner, y de sus principales socios comerciales.
Ayer a la mañana una delegación de la Policía Metropolitana, que depende del Gobierno porteño y no del Gobierno nacional, se presentó en la AFIP para llevarse esas declaraciones fiscales.
Mientras tanto, el Gobierno reforzó su ataque contra Bonadio al denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura (Ver página 4).
Báez, y sobre todo su hijo Martín, están siendo investigado por lavado de dinero en causas judiciales de Suiza, Uruguay, los Estados Unidos y Argentina.
Los Báez administraron hasta fines del año pasado a Hotesur, la empresa con la que los Kirchner manejan el hotel Alto Calafate. El empresario fue acusado de alquilar cientos de habitaciones que des- pués nadie ocupó, en una acción habitual para quienes buscan lavar dinero originado en delitos.
El pedido de Bonadio ante la AFIP, adelantado por Infobae, es elocuente: los Kirchner y los Báez serán investigados en forma conjunta. En los negocios, ambas familias conformaron un grupo que se retroalimentó siempre gracias a multimillonarios fondos públicos.
El juez Bonadio empezó a investigar a Hotesur por una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN), debido a que la compañía registró ante el Estado un domicilio falso; y también adeuda sus últimos balances contables, entre otras muchsa irregularidades que aun incumple (Ver página 5).
La hipótesis de la Justicia es que
la falta de transparencia en Hotesur podría esconder en realidad delitos financieros complejos, vinculados a la corrupción.
El magistrado no solo solicitó documentación fiscal de los Báez, sino que también agregó a su lista de sospechosos a otro de los socios de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, supuestramente el presidente de Hotesur. El magistrado también buscó en la AFIP los datos fiscales de personas que figuran como integrantes de esa empresa hotelera, como Patricio Pereyra Aranda; la sobrina presindencial, Romina Mercado, hija de la ministra Alicia Kirchner; y de dos personas claves vinculadas a Báez.
Uno de ellos se desempeñó como gerente suyo en la empresa Valle Mitre, la que administró el Hotel Alto Calafate, hasta que a fines del 2013 debió dejar esa compañía.
Y el otro es el contador Leandro
Albornoz.
Se trata de nombre desconocido para la opinión pública: paradoja o no, hizo trabajos cruciales para los dos últimos presidentes de la Argentina, que confiaron en él algunos de sus máximos secretos.
Albornoz es el escribano de la familia Kirchner. Y de los Báez. O al revés. Es lo mismo.