Más complicado
Vital en la lucha contra la dictadura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre fue refugio contra autoritarismos. Y ahora deberá ver en la causa contra el general kirchnerista por la desaparición del conscripto Ledo, que estaba a su cargo.
El Estado argentino fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la inacción de la Justicia ante el jefe del Ejército, César Milani, en la causa de la desaparición del ex soldado Alberto Agapito Ledo.
Así lo anunciaron ayer, su madre Marcela Brizuela de Ledo y su hermana Graciela Ledo, ambas de las Madres de Plaza de Mayo de La Rioja, acompañadas por José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
También estuvieron las abogadas de la familia Ledo Viviana y Maria Elisa Reynoso y Adriana Mercado Luna.
Graciela Ledo explicó a Clarín que “esta denuncia es por violación a los Derechos a la Vida, a la Justicia y a la Verdad, especialmente por la inacción fiscal en la causa de la desaparición de mi hermano”, ocurrida en el monte tucumano en junio de 1976, cuando era asistente del entonces subteniente César Milani.
Ledo recordó que “la causa tuvo más o menos movimiento hasta agosto del 2013, cuando fue procesado el capitán Esteban Sanguinetti, jefe del escuadron donde estaban Alberto y Milani”. “Desde entonces no ha pasado nada, –agregó– a pesar de que nuestras abogadas solicitaron en tres oportunidades a la Fiscalía deTucumán que por lo menos se lo llame a indagatoria a Milani, con suficientes y extensos argumentos”.
El principal argumento es que Milani “firmó el acta falsa de la presunta deserción de mi hermano de las filas del Ejército y siendo su superior, debió haber sabido qué ocurrió verdaderamente con Alberto”.
También recordó que “esta es la segunda denuncia que hacemos ante la CIDH, pues la primera la hizo mi madre ante los miembros de la Comisión cuando vinieron a la Argentina en plena dictadura en 1978, abriéndose la causa 3518/78 y entonces, el gobierno militar respondió con el acta falsa de deserción firmada por Milani”.
Desde que se procesó a Sanguinetti –quien está cumpliendo arresto domiciliario por cuestiones de salud en Tucumán– “la causa entró prácticamente en parálisis. Ya habíamos presentado testigos que confirmaron que mi hermano era asistente personal de Milani y que éste concurría a lugares en Tucumán donde se torturaba y desaparecía gente” dijo Ledo.
“Inclusive –agregó– el propio Ejército, en aquel entonces informó que Milani cumplía operaciones antiterroristas en Tucumán o sea que no se dedicaba a reparar o construir escuelas como sostuvo después”.
Para Graciela, “la última acción de la defensa (que le pone gratis el Estado a Milani) de acusar a nuestra abogadas de hostigar a sus testigos, es con la clara intención de sacarlas de la causa y así paralizarla definitivamente”.