Sin debate
Le dio dictamen apenas comenzó a tratarse en comisión. Fue Alak, pero esquivó las preguntas. El jueves ya sería ley.
Si como dijo la Presidenta, el nuevo Código Procesal Penal iba a ser ampliamente debatido, alguien se olvidó de avisarle al ministro: fue hasta Diputados, donde un plenario de comisiones iba a hablar del tema, pero se retiró sin responder una sola pregunta.
El escenario de confrontación volvió a quedar de manifiesto en Diputados con la reforma del Código Procesal Penal. Los opositores rechazaron en duros términos el tratamiento del proyecto en comisión, por haberse limitado a una sola reunión, y al contenido de la iniciativa, al argumentar que resultará funcional al Gobierno. El kirchnerismo hizo oídos sordos: luego de una discusión reglamentaria que tenía ganada de antemano por su mayoría, y de una breve exposición del ministro de Justicia, Julio Alak, que se retiró sin responder preguntas, firmó el dictamen y dejó todo listo para sancionar la reforma el próximo jueves.
El plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto arrastraba una polémica por la decisión de Julián Domínguez, titular de la Cámara, de designar como cabecera a Justicia –presidida por la kirchnerista Graciela Giannettasio– en lugar de Legislación Penal, cuya titular, la macrista Patricia Bullrich, pretendía extender los tiempos del debate. En la reunión, a los reclamos de Bullrich se sumaron el massista Oscar Martínez y el radical Mario Negri. “Venimos a impugnar este plena- rio, es una grosería institucional”, arremetió Negri. Los oficialistas Alfredo Dato y Mario País replicaron que se trató de una “cuestión de interpretación”.
Luego ingresó Alak con Juan Martín Mena, subsecretario de Política Criminal, y Domínguez. Se esperaba al secretario Julián Alvarez, uno de los redactores de la reforma, pero estaba en el Consejo de la Magistratura para pedir el juicio político del juez federal Claudio Bonadio ( ver pág. 4). Alak evitó las preguntas y eventuales derivaciones sobre la investigación de Hotesur, la empresa que administra Alto Calafate, propiedad de Cristina Kirchner. Tras poco más de media hora se retiró, y Giannettasio argumentó que lo había citado el Senado, pero allí no hubo ninguna reunión de comisión con su presencia y sólo trascendió que pasó a saludar a legisladores del oficialismo. “Es una deuda de la República. Si hay un Código que viene siendo denunciado como ineficaz es el de procedimiento penal”, dijo Alak.
Mientras los kirchneristas se aprestaban a firmar el dictamen, los opositores cuestionaron el poder que dará a los fiscales, la creación de más de 1.500 cargos para ocuparlos con funcionarios afines, la falta de una nueva ley del Ministerio Público y el riesgo del cierre de causas por corrupción, entre otros aspectos.
“Es un intento de colonización de los cargos judiciales, todo lo demás es cosmético”, aseguró Bullrich. Margarita Stolbizer, del GEN, reclamó una reforma del Ministerio Público. “Se profundiza la ausencia absoluta de control y transparencia”, planteó. El radical Manuel Garrido cuestionó el artículo sobre los extranjeros, al que consideró como “una pena de destierro para los que hayan cometido un delito menor”. Néstor Pitrola, del PO, lo consideró “xenófobo” y lo atribuyó al secretario de Seguridad, Sergio Berni. Aunque parte de los opositores se mostraron de acuerdo con el paso del sistema inquisitorio al acusatorio (con audiencias públicas, oralidad y agilización de los plazos en casos de flagrancia, entre otros puntos), al final, sólo el kirchnerista salteño Pablo Kosiner defendió la iniciativa.