Unido contra el Gobierno, el empresariado va a la Justicia
En la lista de argentinos con dinero en Suiza se habría encontrado al viceministro de Economía Alvarez Agis.
El pedido de inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento del Grupo de los 6 es la primera acción institucional de los empresarios crítica al poder kirchnerista.
El lunes, el movimiento empresario hará la primera acción política conjunta contra el gobierno de Cristina: el Grupo de los 6 se presentará en la Justicia y pedirá que se declare inconstitucional la Ley de Abastecimiento. El documento ya fue firmado por los titulares de las seis entidades y la decisión incluye otra medida: tam
bién harán un amparo, para evitar que la legislación se aplique mientras la Justicia trata la cuestión de fondo.
Juan Carlos Cassagne –el abogado elegido – pasó el escrito por las manos de Héctor Méndez, Jorge Brito, Carlos de la Vega, Luis Etchevehere, Gustavo, Weiss, y Adelmo Gabbi. Ellos presiden las cámaras empresarias que integran el G-6.
Cassagne fue hermético y discreto. En la UIA y en ADEBA detectaron que hubo espionaje – de la ex Side o del Grupo Milani– para frenar la firma de la sonora presentación judicial.
La decisión implica un fuerte fracaso para el Gobierno, que operó para impedir la acción conjunta del movimiento empresario.
Axel Kicillof hizo ofertas tentadoras a Méndez y Weiss. Pero sus gestiones
secretas fracasaron, y también chocaron contra una pared las amenazas de Augusto Costa y Jorge Capitanich.
La presión solo logró demorar el trámite. Eduardo Eurnekian buscó sin suerte apartar a la Cámara de Comercio y romper el bloque del G-6.
La AEA de Jaime Campos jugó un rol decidido para unir las partes y resolvió el último escollo: solucionó la cuestión de los costos judiciales.
Así, la acción conjunta se convierte en un hecho político contra el Gobierno. Se trata del primer gesto institucional de rebeldía política en una década, por parte de los hombres de negocios.
La decisión refleja la pérdida de poder de Cristina, y también que los aprietes y presiones del Gobierno perdieron efectividad en el mundo de los negocios. Para los ejecutivos, el contenido de la legislación es inaceptable, porque autoriza a la Casa Rosada a decidir sobre cuestiones estratégicas de las decisiones privados.
Julián Alvarez y Axel Kicillof fueron los autores y para eso copiaron partes del “Plan de Desarrollo Endógeno Bolivariano”, de Hugo Chávez. En Venezuela ese programa terminó de la peor manera: alta inflación, desabaste-
cimiento de bienes de consumo popular –como papel higiénico– y una brecha cambiaria del 1.000%.
La acción política del Grupo de los 6 ocurre en un momento clave. La presentación se hará un día antes de que comiencen las Jornadas Industriales de la UIA, donde concurrirán Cristina y más de un millar de empresarios.
Ayer, el Foro de Convergencia Empresaria hizo un fuerte llamado a recuperar la “institucionalidad”, al considerar que la Casa Rosada no la respeta. El martes hubo una exitosa convocatoria de la Cámara de la Construcción, donde obtuvieron una definición del Gobierno para que el ajuste no pare la obra pública.
En esas reuniones de las centrales empresarias trascendió una información sensible: a último momento, Ricardo Etchegaray habría sacado a un importante funcionario de la lista de argentinos con cuentas ocultas en Suiza difundida ayer.
Según fuentes de la AFIP, en la confección de la lista de los 4.000 argentinos que tenían dinero en Suiza a través del HSBC, figuraba una cuenta vinculada al viceministro de Economía. Emanuel Alvarez Agis habría estado en la nómina y su inclusión inicial fue dispuesta por funcionarios que desconocían que el economista era la mano derecha de Kicillof. El ministro de Economía consideró que esa acción de la AFIP forma parte de la lucha de poder que tiene con Ricardo Etchegaray. También Kicillof abonó esa teoría conspirativa, porque el embate de la AFIP es contra un banco con el que él tiene excelentes vínculos, a través de su titular, Gabriel Martino.
Martino tiene un acceso fluido a Kicillof y en varias oportunidades le propuso colocar un bono en dólares en el exterior.
Pero hubo una intervención del máximo nivel y de último momento que evitó lo peor para el segundo de Kicillof. El propio Etchegaray habría tenido que actuar para que Alvarez Agis no formara parte de la denuncia de ayer. Trató de cumplir la orden mandada desde la Quinta de Olivos. La misma que evita que algunas cuevas vinculadas a La Cámpora sean inspeccionadas.
La Cámpora tiene sus privilegios. Aerolíneas Argentinas, bajo la conducción de Mariano Recalde, es un verdadero barril sin fondo. Un nuevo informe de la Auditoría General de la Nación confirma que las cosas siguen sin mejorar: las pér
didas se profundizan y hubo un nuevo salvataje del Tesoro. El rojo en 2012 fue de 2.407 millones de pesos y el aporte de la Casa Rosada para disimular la mala administración alcanzó a 4.119 millones. Los datos del 2013 son peores: la pérdida de ese año ascendió a 591 millones de dólares (unos 3.800 millones de pesos). Así surge de los datos oficiales de la Auditoría General de la Nación, que confirman los anticipos de Clarín. El trabajo se llama “Auditoria sobre Estados Contables 2012 Aerolíneas- Austral”.
Necesitada de tapar semejante desmanejo, Cristina tuvo que girar fondos a Aerolíneas Argentinas por la friolera de 20.342 millones de pesos. Fue en los últimos seis años, y en la reciente ampliación del Presupuesto aprobó otra ayuda de 900 millones.
Para disimular el descalabro de la gestión y emprolijar los balances, Kicillof elaboró un nuevo “relato contable”.
Esa millonaria ayuda de la Tesorería aparecerá a partir de ahora en otra categoría: como aportes de capital del Gobierno a Aerolíneas.
Enrique Vanoli viaja con esta información a Chile. Ahí participará de una reunión del FMI, que liderará Christine Lagarde.