“No me animo ni a alzar a mi nietita”, dice una mujer

La jueza a cargo del Tribunal Civil y Comercial N° 10, Patricia Barbado, negó una medida cautelar que pedía que una empresa de medicina prepaga se haga cargo de la remoción de los implantes mamarios defectuosos marca PIP, que le estallaron en el cuerpo a una mujer de 57 años. La magistrada consideró que la intervención “no es urgente” y que la demora en la remoción de los implantes “no constituye peligro para la paciente”. Es la primera vez que la Justicia niega una operación para sacar prótesis que ya estallaron. Graciela González se colocó los implantes mamarios en 2008, y al enterarse que estaban adulterados pidió a su prepaga. Luego le estallaron. En la prepaga, Medicus, dijeron a

Clarín que “los peritos judiciales determinaron que hay alteraciones en las prótesis pero concluyeron que no hay riesgo de vida”. Para poder sacarse las siliconas truchas de su cuerpo, la mujer no tiene más salida que pagar 60 mil pesos que cuesta la operación, incluido el reemplazo de las prótesis. En diálogo con Clarín, González, que atraviesa un deterioro anímico por esta causa, contó que siente molestias y dolores en las axilas y los brazos. “Es más, no me animo a hacer fuerza ni a alzar a mi nietita de dos años por el temor a que el gel industrial se extienda aún más. Es desesperante: en los hospitales públicos me dicen que no me pueden operar porque mi caso está en instancia judicial y yo no tengo recursos”.