La guerra de las carpetas
Con candidez y complicidad, todos los gobiernos de la democracia, desde 1983, han creído manejar la SIDE. Y nunca hubo una sola SIDE: poder dentro del poder, animal de aguas abisales, la Side (desde ahora en minúscula, como sustantivo) se ha multiplicado según las circunstancias. Hubo una side formal, ubicada en la calle 25 de Mayo, dedicada a comprar a periodistas, filmar a políticos propios en camas ajenas y escuchar teléfonos; y “sides” circunstanciales con una amplia gama de negocios conexos. En cualquier caso, nunca una side que obedeciera órdenes o intereses del Estado. La llamada, en una época, Secretaría de Información y Encuestas, ha servido para todo: investigar narcotráfico, participar de él, bancar prostíbulos, armar sociedades con agentes extranjeros, etc. No existe dirigente político alguno que, puesto en el sillón correcto, no haya pedido su carpeta: a cualquiera lo carcome saber qué conoce el Estado de uno. La información, entendida como extorsión, y así se la entiende, es valor efectivo. Cada político, entonces, trató de hacer de la side su side, y a todos lo convencieron de que era posible: era posible el bolso sin control de seiscientos millones de dólares de Anzorreguy, y era posible que el agente Allevato repartiera la correspondencia en Tribunales. También era posible encubrir la AMIA y otros atentados, y en muchos casos protagonizarlos, aunque ¿qué diferencia hay entre protagonizar y encubrir si se conoce el resultado? La década robada no sólo cambió el modus operandi de la coima cash por el del aporte societario: también modificó el apriete a los jueces, ese eximio ejemplo de cómo manejar la pelota parada y en qué momento poner las causas en movimiento.
Pero esta historia –la del comienzo de la batalla de las carpetas– comenzó con una frase casual:
–¿ Vos pensás que la mujer de cualquier millonario, me preguntó un amigo, sabe en qué directorios y con qué cuentas el tipo esconde la guita? –No, no creo que sepa. –Bueno, es lo que le está pasando a la doctora. Hablábamos de Hotesur, la empresa presidencial, y de Nevada, y de las 123 empresas en el discovery impulsado por los fondos buitre, y del desconcierto del Gobierno frente a la trascendencia del hecho en la opinión pública (según dio a conocer esta semana la consultora Management & Fit, el 70% del público tiene conocimiento del caso, y el 61% considera que se trata de un hecho de corrupción). Hotesur no tiene testaferros, tiene sólo tres nombres: Cristina, Máximo y Florencia. ¿Estará el pequeño Máximo en las listas de las 123 empresas o en otras vinculadas, todas con terminal en Seychelles?
–¿Pensás que la mujer de un millonario…, insistió mi amigo.
Atribulada ante los cambios, la prensa mencionó al pasar algo a lo que ya se había acostumbrado: esto es parte de la batalla de los jueces, es el contraataque oficial. Esta idea vuelve todo mucho más grave: la Presidenta quiere ponerle correa corta a la Justicia, como la tuvo gran parte de la década, remitiéndonos al triste ejemplo de Rívolo, Rafecas y Righi.
–“No hay nada más funcional a la derecha que tener una SIDE apretando a la Justicia”, me dijo Alberto Fernández esta semana en la radio. Y cuando lo consultamos sobre si él y Néstor habían manejado a la SIDE, Alberto balbuceó el nombre de Acevedo: vale la pena recordar su triste final, Acevedo renunció y volvió a dar clases en una universidad de la cordillera, donde hizo un curioso voto de silencio.
“CFK no confiaba en Larcher y no manejaba la caja ni los archivos”, confía a Clarín una fuente que habrá tenido mesa en el Florida Garden. “Con estos cambios lo que buscan es látigo para los jueces y caja, fondos reservados para ellos. Quieren neutralizar a la SI, se vienen los carpetazos y este es un mensaje para la Justicia”.
CFK se sintió desguarnecida cuando quiso responder lo de Hotesur: los chicos de La Campora sólo le acercaron un recorte sobre la participación accionaria mínima que el juez tiene en una estación de servicio, papel sacado de la Inspección General de Justicia. A la vez, le preocupaba el fantasma de Stiuso operando sobre otros jueces, su hija trabajando para la jueza Chuchi Servini con la causa “Fútbol para Todos”, y el acercamiento de los empresarios Spolsky y Matías Garfunkel a Scioli (uno de los accionistas ocultos del Grupo 23 es Darío Richarte, como ya informamos en PPT).
Hay quienes ven a esta como una guerra, también, entre estudios jurídicos: aunque el jefe de los espías será Oscar Parrilli –que ya hizo modificaciones de fondo en el quinto piso y ordenó poner nuevos aires acondicionados– el número dos, que manejará el organismo, es Juan Martín Mena, que responde a Wado de Pedro y Julián Alvarez. Mena colaboró en los textos del nuevo Código Penal con Jacobo Grossman, socio jurídico y sentimental de Zaffaroni, con lo que todo devendría en una guerra de estudios: Richarte-Fernández-Stiuso vs. Zaffaroni- Grossman- Julián Alvarez-De Pedro. Acá no se trata de cobrar un fee, sino de cobrar favor con favor: por ejemplo, Javier Fernández cobró parte de sus servicios con el nombramiento de su compadre, Luis Rodríguez, al frente de un juzgado federal en Comodoro Py: y a nadie le importó que fuera denunciado por coleccionar memorabilia nazi, o que se copiara en la prueba para postularse al cargo.
Como buena batalla, esta también será militar: Cristina comenzó a delegar poder en César Milani. Poder y recursos, hoy es él quien controla la inteligencia, y en la SI (Secretaría de Información) le responde el eterno rival de Stiuso, Fernando Pocino. La Jefatura II de Inteligencia que maneja Milani tendrá en 2015 el 67% de los 836,9 millones del área. Tienen –con obra social- 1.850 agentes: ¿alcanzarán para tapar a la familia y a la ruta del dinero?