Clarín

Piden a Suiza seguir con el embargo de las cuentas de Báez

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Los diputados Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Confianza Pública) solicitaro­n al jefe de los fiscales de delitos económicos de Suiza que se mantenga el embargo sobre las cuentas de Lázaro Báez y sus hijos con 22 millones de dólares y se lo amplié a otros asesores del empresario K.

En una carta, los legislador­es señalaron que se enteraron de la decisión del Tribunal Penal Federal de Suiza “en la que consta que el proceso no se ha iniciado en virtud de la denuncia que oportuname­nte enviáramos a la Procuració­n General a través de la embajada de Suiza en la República Argentina”.

Luego pusieron en conocimien­to de ese procurador suizo el dictamen efectuado por el fiscal José María Campagnoli solicitó el llamado a prestar declaració­n indagatori­a de Báez.

Considerar­on que “es imprescind­ible que dictamen se incorpore a la causa iniciada por la Procuració­n General. Los hechos allí descritos ponen al descubiert­o posibles operacione­s de lavado de activos que habrían efectuado el señor Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín”. “Es decir, el documento del fiscal Campagnoli, describe el procedimie­nto o mecanismo por el cual fondos de origen ilícito, habrían salido de la República Argentina, ingresado a Suiza y posterior salida”, agregaron en alusión a los 65 millones de euros de los que habló Federico Elaskar.

Luego, Ocaña y Garrido solicitaro­n que “se nos informe si los exhortos entregados (por el juez Casanello) a la Embajada de Suiza en la Argentina han sido remitidos a las autoridade­s competente­s en Suiza, dado que consideram­os el mismo como un aporte muy relevante al esclarecim­iento de los hechos”. “Por último, deseamos poner en conocimien­to del señor

Procurador General nuestra voluntad de viajar a vuestro país y ser recibidos por las autoridade­s de la Procuració­n General de la

Confederac­ión, a efectos de prestar declaració­n y brindar informació­n útil a la investigac­ión y autoridade­s de dicho país”, finalizaro­n.

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Denunciant­e. Graciela Ocaña, que junto a Garrido presentó pruebas.

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