Antimafia: sabemos bien qué hacer
La violencia y la economía criminal son un decisivo obstáculo para el desarrollo humano integral de nuestra América Latina
En México, acaba de constituirse la Red Alas (www.red-alas.net) dirigida a contrarrestar las violaciones a los derechos humanos, la delincuencia organizada, la corrupción, la impunidad, la violencia y la economía criminal, ya que éstas son un decisivo obstáculo para el desarrollo humano integral de nuestra América Latina.
El común denominador de los países que participaron se podría sintetizar en: debilidad institucional presente y cuyos vacíos se manifiestan a través de sistemas judiciales colapsados, impunidad ante la corrupción gubernamental en todos los niveles, alta corrupción privada, sistemas de control patrimonial fallidos y escasos o nulos sistemas de prevención social de los delitos.
El prestigio de Libera, que hoy agrupa a más de 1600 organizaciones en Italia, fue construido a partir de su lucha contra las mafias promoviendo la cultura de la legalidad y la justicia, luego del proceso conocido como “mani pulite”, encabezado por el fiscal Antonio di Pietro en 1992, que descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a grupos políticos y a grupos empresariales, costando la vida de jueces y magistrados.
Hoy la delincuencia organizada es un fenómeno transnacional. La proliferación de las mafias, como sistemas complejos que tienen que ser abordados en forma multidimensional, ya no es secreto para nadie. Edgardo Buscaglia, el mayor experto de América Latina sobre seguridad, observa que para que un Estado pueda sostener índices de disminución en la delincuencia organizada hay “4 RUEDAS” que deben “hacerse rodar” en modo conjunto y sistemático. Aplicar sólo una es el peor error porque da tiempo a la criminalidad organizada para su diversificación y fortalecimiento.
Las “RUEDAS” comprenden: 1) procedimientos para instituir una eficaz coordinación institucional entre los órganos de inteligencia, secretaría de hacienda, policías, fiscalías y jueces, orientada al desmantelamiento patrimonial de las empresas criminales y empresas legalmente constituidas ligadas a organizaciones delictivas. 2) Combate y prevención de la corrupción política al más alto nivel, limitando al mínimo la “inmunidad de los funcionarios”. Delitos involucrados: tráfico de influencias, conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, encubrimiento, instrumentalización u obstaculización de la justicia, financiamiento ilegal de campañas y precampañas electorales. 3) Red nacional de “prevención social” con participación de la sociedad civil organizada en factores de riesgo como pobreza, salud, educación, mercado laboral, violencia social. 4) Programas de capacitación concebidos para todos los niveles de seguridad estatal. Se incluye protección de testigos así como seguir “la ruta del dinero” para la recuperación de activos saqueados por funcionarios corruptos. Sabemos qué hacer: sin voluntad política no habrá solución.